El debate viene de larga data y sigue sin tener respuestas contundentes porque los marcos legales dejan interpretaciones abiertas. ¿De quién son las bancas? ¿De la gente, de los partidos, del legislador?
El llamado “caso Arduh” reactualizó la cuestión a partir de la decisión del legislador provincial Orlando Arduh de desoír la instrucción de su partido de no apoyar la legalización de los juegos online y retirar el proyecto del que era autor.
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La única sanción hasta acá es partidaria. La UCR de Córdoba suspendió la afiliación de Arduh pero eso no afecta a su banca como legislador.
Tanto en el Congreso nacional como en las legislaturas provinciales se da la discusión de las pertenencias de las bancas con los casos de transfuguismo, es decir parlamentarios que llegan a un escaño por un partido y se pasan a otro que fue rival electoral.
Los casos de Arduh o del frepasista Jorge Bodega y su aprobación a las privatizaciones de José Manuel de la Sota en 2000 son diferentes porque los partidos que los llevaron en sus listas tienen una postura definida ante un tema y ellos adoptan una diametralmente opuesta.
Del pueblo
Mario Midón, profesor de Derecho Constitucional, analiza una serie de cuestiones vinculadas a la pertenencia de las bancas en el ordenamiento argentino y concluye que al no estar precisado en la legislación, la conclusión es que los escaños son del pueblo, lo cual torna un tanto difusa la cuestión.
La ley puede determinar que “la banca es del pueblo que eligió al representante, que su dueño es el elegido o que pertenece al partido que nominó al candidato”.
El académico considera que el artículo 38 de la Constitución Nacional que le dio a los partidos el monopolio de los candidaturas no alcanza para concluir que las bancas son de las fuerzas políticas.
Midón recuerda intervenciones de constitucionalistas como Antonio María Hernández, Raúl Alfonsín y Horacio Rosatti, que “coincidieron en que el hecho de utilizar la expresión competencia para la postulación de candidatos no impide que, por vía reglamentaria, pueda existir la posibilidad eventual de presentar candidaturas independientes”.
Explica que como atribuciones de los legisladores, como la inmunidad de opinión, le corresponden a ellos y no a la agrupación que los postuló.
“La decisiva intervención del ciudadano en la definición de las candidaturas constituye un elemento que avala el concepto de representación política, según el cual el representante lo es de todo el pueblo y no del partido”, indica el constitucionalista.
Midón también pone el foco que siempre estos debates son en el ámbito parlamentario y nunca en el Ejecutivo, como que ningún partido reclama como propio el ejercicio unipersonal que tiene ese poder.
Y llega a esta conclusión: “Que esto sea conveniente o inconveniente, bueno o malo, prudente o desatinado es harina de otro costal. Es el régimen político vigente en la República Argentina”.
Del legislador
Luis Genoud, integrante de la Suprema Corte de Justicia Buenos Aires, sostiene que la cuestión es discutible pero que al final la banca pertenece a quién la ocupa.
Y explica: “Los dueños de las bancas son los partidos o alianzas, que presentan los candidatos a ocuparlas. Luego, hasta el día de la elección, son del pueblo, que selecciona quiénes las ocuparán. Y al final, pasan a ser un derecho público de carácter subjetivo de los candidatos que resultaron electos legisladores”.
De los partidos
Alberto Castells, doctor en Derecho Constitucional, interpreta que las bancas pertenecen a los partidos.
Sostiene que “la jurisprudencia parlamentaria y la doctrina de los juristas derivó en tres entidades que no pocos académicos y políticos de nuestros días no alcanzan a sospechar y menos a comprender”.
Y enumera: “La primera: nadie puede ser elegido si no figura en la lista oficializada de un partido, siendo inexistente o resultando inválidas las candidaturas independientes por fuera del sistema de partidos. La Corte Suprema de Justicia lo ha dicho. La segunda: no hay bancas personales; éstas son del partido de pertenencia por ser el que representa al pueblo que ha votado al candidato electo. La jurisprudencia y práctica parlamentaria ilustran al respecto. La tercera: el mecanismo de designación de candidatos y su inclusión en las listas sábana compromete al representante elegido con la corporación partidaria y no con los electores que lo votaron”.
“Las leyes electorales y el estatuto de los partidos políticos lo confirman”, indica Castells.
