El bloque de diputados de Encuentro Federal, que lidera Miguel Pichetto y donde recala el oficialismo cordobés, presiona al Gobierno nacional con un dictamen propio del Presupuesto que utilizará como herramienta de negociación para conseguir mejoras en las partidas destinadas a jubilaciones, cajas previsionales y universidades, a través de recortes, reasignaciones y eliminación de exenciones por un 0,67% del PBI.
El texto está prácticamente listo y fue trabajado por los dos economistas del bloque, Nicolás Massot y Ricardo López Murphy. Aunque en la bancada hay predisposición para colaborar con el Gobierno y sostener el equilibrio fiscal, todos los planteos que le hicieron llegar al Ministerio de Economía fueron rechazados y, por eso, planean transformar esos pedidos en un dictamen alternativo que pondría en aprietos al oficialismo.
Los diputados sostienen que pueden generar un ahorro de $5.101.313 millones para engordar los fondos destinados a jubilados y universidades. “Balancear más equitativamente el costo del ajuste” es el espíritu de la propuesta del bloque de Pichetto, que con 16 integrantes de diferentes extracciones políticas es determinante para la votación en el recinto.
La propuesta del bloque, a la que accedió La Voz, modifica la nueva “regla fiscal” para que sea el Congreso, a través de su Oficina de Presupuesto (OPC), quien establezca el orden de prelación de los gastos que, de ser necesario, podría reducir el Poder Ejecutivo para alcanzar el equilibrio fiscal. Y en caso de que la recaudación sea mayor a la prevista, se dispone que el primer impuesto que el Gobierno deberá bajar son las retenciones al campo, un tema nodal para Córdoba.
El “pre dictamen”, donde también intervino el diputado cordobés Ignacio García Aresca, busca además garantizar, de una vez por todas, el cumplimiento de la deuda de la Nación con las cajas previsionales no transferidas. Proponen poner un plazo “hasta febrero o marzo” para que la Anses termine de realizar las auditorías en las provincias.
La idea es que, cumplidos los plazos, se automatice el envío de fondos, que fue suspendido desde enero por el gobierno de Javier Milei. Córdoba reclama unos $450.000 millones y ya tiene una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la falta de actualización de los envíos durante toda la gestión de Alberto Fernández.
Para los jubilados, proponen recomponer los haberes con el 8,1% que se perdió con el cambio de fórmula, e incorporar los bonos de hasta $70.000 (ya contemplados en el Presupuesto) para darles permanencia y movilidad. Los diputados de Encuentro Federal quieren reemplazar el DNU que fijó la actualización mensual por IPC (Índice de Precios al Consumidor) por una ley, para evitar la litigiosidad.
¿Cómo planean financiar todos esos cambios? Una de las propuestas es eliminar las exenciones en el IVA para directores de empresas, la construcción, y diarios y revistas; y del impuesto a las Ganancias para Sociedades de Garantía Recíproca. También, nacionalizar los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva, que se nutre con un porcentaje del IVA del régimen especial de Tierra del Fuego.
Asimismo, sugieren reasignar partidas de las secretarías General de la Presidencia (que encabeza Karina Milei) y de Inteligencia, que reciben incrementos “muy por arriba de la inflación”. Otra de las propuestas es utilizar los fondos resultantes de la eliminación de la asignación específica del 0,65% de la recaudación para la cuenta jerárquica de la Afip.
El bloque de Pichetto también quiere aumentar los fondos para universidades nacionales en un 17% “para garantizar la recomposición salarial de los docentes y no docentes y el normal funcionamiento de las casas de estudio”. De esta manera, el presupuesto asignado pasaría de $3,8 a $4,4 billones, acercándose un poco más a los $7,2 billones que piden los rectores.
Proponen solventarlo a través de la eliminación de los sobrecargos de intereses con el Fondo Monetario Internacional, estimados por la OPC en $435.000 millones para 2025; un recorte de $165.000 millones en el cupo fiscal del régimen de promoción de la economía del conocimiento; y la eliminación de la exención de IVA para espectáculos públicos.
Por otra parte, los legisladores buscan que los fondos recaudados por el impuesto a los Combustibles pasen a la masa coparticipable, para que las provincias ejecuten los gastos que crean convenientes en obras y subsidios con su 58% de la recaudación, sin afectar los recursos que le corresponden a la Nación (42%).
En otro orden, intentarán una modificación legal que permita al Poder Ejecutivo realizar operaciones de canje de deuda siempre que no aumente el valor presente. De lo contrario, si eso ocurre, el canje deberá ser autorizado por el Congreso.
El debate del Presupuesto en la comisión que preside el libertario José Luis Espert se interrumpió esta semana. El bloque oficialista tenía previsto realizar este miércoles un “importante anuncio” sobre el tema, pero la conferencia de prensa se suspendió a último momento, en medio del tembladeral político por la salida de la canciller Diana Mondino.
Por la comisión ya pasaron los secretarios Carlos Guberman (Hacienda), Pablo Quirno (Finanzas), Patricia Bullrich (Seguridad), Carlos Torrendell (Educación) y Daniel Scioli (Turismo), entre otros. A pesar del fuerte reclamo de la oposición, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue el gran ausente.
El plazo para dictaminar en sesiones ordinarias es hasta el 20 de noviembre, y el período finaliza el 30. Con ese horizonte, es probable que el Ejecutivo extienda las ordinarias o convoque a extraordinarias para completar el tratamiento del Presupuesto en el Senado. Allí el oficialismo prevé un debate “exprés” y por eso tanto el jefe del bloque, Ezequiel Atauche, como el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, se mantienen al tanto de las negociaciones en Diputados.
