La inflación en lo que va del año llega al 37%. Esto ocurre a pesar de un avance muy por debajo de esa tasa del dólar oficial y con la gran mayoría de los precios regulados controlados, especialmente en el Amba.
Esta ecuación no es nueva, suele ocurrir en la Argentina en todos los años electorales, cuando los gobiernos tratan de fijar anclas inflacionarias para evitar una suba de precios que pueda perjudicar sus posibilidades electorales.
Ese freno produce un desfase entre inflación (más específicamente inflación núcleo) y los precios de las tarifas de agua, luz y gas, algo que, de acuerdo con las experiencias previas, implica desinversión en los servicios. A la vez, tiende a acomodarse bruscamente luego con un fuerte impacto en las variables de la macroeconomía y en su previsibilidad.
En este 2021, luego de un 2020 atravesado por la pandemia, el escenario es aún más complejo y la diferencia es mucho más amplia que la que se produjo, por ejemplo, en 2013 y en 2015.
Un informe del Ieral, el brazo encargado de las investigaciones económicas en la Fundación Mediterránea, describe este fenómeno y expone algunos números.
Diferencias potenciadas
El estudio, firmado por Jorge Vasconcelos, vicepresidente de la entidad, dice que a septiembre de 2021 y en el acumulado de doce meses, el promedio simple de la suba de los servicios de electricidad, gas y agua ha sido de 6,6%, 46,4 puntos porcentuales por debajo de la inflación núcleo del mismo periodo, que fue de 53,1%.
Los datos corresponden a la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), distrito donde los servicios prácticamente no se han movido en todos estos meses, a diferencia de lo ocurrido en el interior. En Córdoba, por ejemplo, la luz subió 21,6% y el agua, más del 64% en lo que va de 2021.
“Esta divergencia [entre core inflation y tarifas en Caba] se potencia por el hecho de que en 2020 también hubo una tendencia similar, cuando entre la núcleo y el promedio simple de los rubros mencionados la brecha acumulada fue de 33,1 puntos porcentuales”, describe el estudio.
Y agrega: “Lamentablemente, en la Argentina ya se ha ‘naturalizado’ que, en años electorales, tipo de cambio y tarifas pasen a ser usados como ‘anclas’, pese a todos los costos que conlleva ‘el día después’, el momento en que los atrasos incurridos necesitan ser corregidos”.
Para Vasconcelos, lo que está ocurriendo en 2021 “no difiere de otros años electorales del pasado inmediato y mediato”, pero se trata de un fenómeno “corregido y agravado” respecto de experiencias anteriores.
Por un lado, dice que tiene que ver que “el virtual congelamiento de tarifas está ocurriendo por segundo año consecutivo, a diferencia de –por ejemplo– 2015, que había sido precedido por ajustes importantes en 2014″.
Por otra parte, la brecha es mayor ahora “porque el actual congelamiento ocurre en el contexto de una inflación del orden del 50% anual, en un andarivel prácticamente del doble de la trayectoria de la inflación durante la vigencia del ‘cepo original’, fenómeno que acelera la velocidad a la que se deterioran los equilibrios macro”.
Para el Ieral, el desfase entre la marcha de la inflación y la de las tarifas “no es gratuito para la economía”. Y enumera los problemas potenciales:
- Alienta una demanda por encima de lo que ocurriría con precios que cubran los costos.
- Deprime las inversiones en los sectores afectados.
- Potencia el déficit fiscal por la contrapartida de subsidios (sólo por el rubro energía, los subsidios alcanzarían este año el equivalente a 10 mil millones de dólares –no se contabiliza transportes–, cuando en 2019 habían sumado 4,7 mil millones).
- Deteriora las expectativas de inflación por las inevitables correcciones que habrán de darse tarde o temprano.
