No hay un solo sector productivo de Córdoba que no esté afectado al cabo de cuatro meses de la gestión libertaria. Hay 350 mil jubilados nacionales con haberes diezmados, 115 mil pasivos provinciales que saben que la Nación les cortó los envíos, caída generalizada de ingresos, miles de trabajadores suspendidos por el derrumbe de la actividad, subas estrepitosas de servicios públicos por la eliminación de subsidios, perjuicios para la Provincia y a los municipios por la baja de los envíos nacionales, y ningún referente político de peso que defienda las consignas de extrema derecha del Presidente. Igual, Milei tiene en Córdoba el mayor nivel de apoyo del país.
Ese respaldo ciudadano no se explica por la existencia de un trabajo político a favor de Milei. Pero tampoco hay críticas sustanciales del sistema político cordobés contra el libertario.
El Presidente puede decir cualquier cosa, hasta rozar la instigación al delito al tratar de héroes a los millonarios que fugan dólares para evadir, mientras en simultáneo planea restituir el pago de Ganancias a trabajadores de sueldos medios. En Córdoba nadie le responde: existe verdadero pavor de la dirigencia política y empresaria a las descalificaciones presidenciales, y más aún a la lapidación en redes sociales.
Tras el encarnizamiento presidencial contra Martín Llaryora luego del fracaso inicial de la “ley ómnibus”, el peronismo cordobés tiene prohibida la crítica a Milei.
La reaparición de Juan Schiaretti fue con discretos elogios al libertario, pese al perjuicio que genera para la Provincia el corte total de los recursos de Anses a la Caja de Jubilaciones. En el pasado, tanto José Manuel de la Sota como Schiaretti protagonizaron verdaderas revueltas políticas y judiciales por incumplimientos menos lesivos de los gobiernos kirchneristas. Hoy Natalia de la Sota representa la única vez disonante del monocorde dejar hacer a Milei.
Con la sola excepción de los partidos de izquierda y las organizaciones de derechos humanos, tampoco hay críticas contundentes desde otros sectores políticos tradicionales. Es obvia la exhibición de cercanía con Milei que hace Luis Juez, un acercamiento gestual que hasta ahora no se traduce en respaldo partidario, en especial porque el senador carece de estructura territorial y porque mantiene dentro de la Legislatura provincial una sociedad con el radicalismo, que es víctima permanente de la ira presidencial. El contorsionismo discursivo de Rodrigo de Loredo no logra ocultar el ruido que Milei y sus insultos constantes a Martín Lousteau generan en la UCR.
La primera universidad
Todo ese complejo equilibrio de la política cordobesa para mantenerse neutral ante el avance de Milei está en serio riesgo por el conflicto universitario.
Se trata de una reacción que no es liderada por la política sino por la tradición: la histórica identificación de los cordobeses con esa Universidad Nacional que hace 411 años fue pionera en Sudamérica y que es origen de casi todo lo que todavía genera orgullo en esta provincia. Se espera una marcha importante el martes, aun cuando el horario establecido por el Rectorado que conduce John Boretto (las 11 de la mañana) parece destinado a desalentar la participación.
El nivel de desprecio y desconocimiento con el que el Presidente se refiere a las universidades nacionales, al reconocido sistema nacional de investigaciones científicas y a todo lo vinculado a la educación pública es propio de un gobierno como el de Milei, sin Ministerio de Educación.
Además de promocionar el desfinanciamiento de la educación superior y de eliminar el Fondo de Incentivo Docente, la medida más importante en lo que va de la actual gestión es el subsidio de las cuotas de la educación privada. La ciudadanía cordobesa celebró casi todas las provocaciones libertarias, pero es muy probable que con el conflicto universitario el Gobierno está ante un primer límite. Milei parece haberlo comprendido el jueves, cuando la Nación difundió un acuerdo con el Consejo Interuniversitario, que no era tal.
Hay 200 mil alumnos en las universidades nacionales que funcionan en el territorio cordobés y casi el mismo número de familias que ven peligrar el año lectivo. Lo peor de todo es que la inmensa mayoría de los implicados espera del Gobierno cambios sustanciales en pos de la eficiencia y la calidad de ese sistema universitario que requiere gestión, innovación y transparencia, pero que la motosierra libertaria tan solo pretende desfinanciar.
A poco más de un mes del “pacto de mayo”, Córdoba se vuelve cada vez más relevante para Milei y es muy probable que lo que ocurra en la UNC también lo sea. Claro que no es ese el único conflicto que altera a la ciudadanía de Córdoba e impacta en la política.
La situación del transporte público es grave tanto para los usuarios de la ciudad de Córdoba que dependían de la fallida empresa Ersa como para todos los usuarios de colectivos interurbanos, que padecerán tres jornadas de paro la semana próxima. El Panal no aportará recursos para aumentar los sueldos a los choferes, y los usuarios ya pagan casi 200% más que en diciembre. El sistema está al borde del colapso y nadie parece preocupado por evitarlo.
Llaryora y el intendente Daniel Passerini están más interesados en el diseño del futuro sistema metropolitano. La Capital tendrá 100 colectivos nuevos en el trascurso de las próximas semanas –cuando Coniferal asumirá los corredores 4 y 7–, pero el Gran Córdoba padecerá meses hasta que se implemente el nuevo esquema, que incluye una mega inversión en colectivos a gas. En el medio, será muy complicada la vida de los miles de usuarios interurbanos, porque todo indica que habrá un proceso de fuerte achicamiento de la estructura, y el plantel de choferes: es lo que empieza a vislumbrarse detrás del profundo conflicto gremial de Aoita.
Claro que, como el futuro de la Universidad, el transporte no es algo que desvele a la política mientras la ciudadanía no salga a reclamar. De más está decir que a la firma del “pacto de mayo” nadie llegará en colectivo.
