Hay que retrotraer el calendario casi tres décadas para encontrar un escenario con semejanzas al actual que ha planteado el gobernador Martín Llaryora en relación con dos áreas sensibles del Estado provincial: la salud y la educación.
Con algunas sutiles diferencias pero con una clara coincidencia conceptual, Llaryora desanda la senda que recorrió Ramón Bautista Mestre cuando debió hacer un fuerte ajuste en Córdoba entre 1995 y 1999. Aquel estuvo orientado a responsabilizar a su antecesor y correligionario Eduardo Angeloz; el actual está contextualizado en el clima de época nacional con la llegada de Javier Milei haciendo unos complejos equilibrios por no hacer cargo a los compañeros antecesores Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota.
Lo cierto es que Llaryora arrancó esa senda mestrista exponiendo públicamente ese abismo entre asistencia-productividad del sector público con el privado en el personal de Salud. Y seguirá con licencias-ausentismo de docentes, que llegan hasta tener un quinto suplente en un puesto. La Córdoba 2024 es muy parecida a la de 1997.
Pero no es menor esta manera de relacionarse con los antecesores del mismo espacio político.
Llaryora hace complejos equilibrios entre esa cuestión de la pertenencia a un proyecto que gobierna Córdoba desde hace 25 años y el comienzo de lo que define como nueva etapa.
Entraron todos
Al respecto, es interesante repasar el organigrama de su gestión que comenzó a subirse esta semana en la web de la Provincia.
El primer elemento que surge es que no se refleja el ajuste Milei y hay una enorme superposición de reparticiones con curiosas denominaciones y de difícil identificación de la tarea que les corresponde. Cuando todavía faltan carteras y agencias para comunicar sus estructuras, ya hay casi 250 puestos políticos. Conviven allí viejos socios fundadores del delasotismo, schiarettistas en distintas versiones, llaryoristas de todas las etapas, kirchneristas maquillados, tradicionales y nuevos dirigentes peronistas, radicales y macristas que son oficialistas salga como salga la elección, opositores conversos que parecen ser llaryoristas desde la juventud en San Francisco, empresarios y gremialistas y otros adherentes al partido cordobés.
No es fácil hablar de pasado en esa amplia cofradía. Algunos se animan. Como el recién llegado a la función pública ministro de Salud, Ricardo Piekenstainer, que dijo sin vueltas: “Yo soy ministro desde el 10 de diciembre. Si el ausentismo fue así antes, yo no lo había podido medir”.
La cruzada por optimizar la prestación y los recursos en un área clave va a seguir generando resistencia de todo tipo. El Gobierno ataca con números concretos.
Pero mientras muestra algunos números, oculta otros. Por caso, los de la Apross, esa caja cada vez más negra.
El Tribunal de Cuentas intimó a la obra social de la Provincia a que presentara los balances que la obra social adeuda desde hace dos años, además de una serie de requerimientos vinculados a erogaciones, a compras y a proveedores. El plazo venció el lunes pasado y no hubo ni la más mínima respuesta.
La oposición viene planteando en diferentes ámbitos las dudas respecto del funcionamiento del organismo y apunta a una cuestión medular en esta discusión por los servicios de Salud. Según los opositores, la Apross fue una pieza fundamental en el reacomodamiento que se dio con el cierre de clínicas chicas y medianas, en especial en el interior provincial, y en el fortalecimiento de los grandes centros de salud privados de la capital provincial.
El flamante ministro de Salud tiene otra visión. Sostiene que eso fue fruto de cuestiones macro de la economía y de la escala de las prestaciones. Claro está, el ministro Piekenstainer proviene de uno de los establecimientos grandes.
