Finalmente habría acuerdo entre Argentina y el FMI, lo cual era la opción más probable dado que ambas partes estaban en graves problemas: Para el FMI era un gran problema que su principal deudor no pague, y para el Gobiernono lograr un acuerdo con el FMI significaba un nuevo default (con el organismo primero y con deudores privados luego) y una muy probable nueva crisis económica. El acuerdo es una condición necesaria, aunque no suficiente, para evitar esa crisis.
El entendimiento es importante para que disminuya la incertidumbre sobre la marcha de la economía argentina, y para que existan más chances que el país no vuelva a caer en default cuando desde 2023 resulten más pesados los vencimientos de deuda con privados. Ello implica bajar paulatinamente el riesgo país, hasta que se pueda acceder nuevamente a los mercados financieros externos. El acuerdo es un logro importante, entre tantos otros que Argentina debería alcanzar para avanzar en el estrecho desfiladero que implican sus desafíos económicos a corto y largo plazo.
Está claro que el principal foco de discusión estuvo en el sendero de déficit fiscal que debe seguir el país. No sólo porque debe pasar en algún momento a contar con superávit fiscal, de modo que su deuda resulte sustentable en el tiempo, sino también porque en el FMI tienen claro que la indisciplina fiscal ha sido durante décadas uno de los principales problemas de Argentina, que la ha llevado repetidamente al endeudamiento y/o a la alta inflación.
El esfuerzo fiscal
La propuesta inicial de Guzmán de llegar al equilibrio fiscal en 2027 no era razonable para un país con esos antecedentes. Pero, además, seguramente en el FMI tenían claro que el ajuste fiscal debía ir más rápido en 2022 y 2023, de lo contrario quien acceda al gobierno en 2023 tendría pocas chances de revertir la situación. Desde la perspectiva del organismo, la actual administración debía hacer un esfuerzo fiscal, en lugar de dejar la tarea para la próxima administración.
El acuerdo implica incurrir en un déficit primario no mayor a 2,5% del PIB en 2022, lo que significa una reducción del desequilibrio equivalente a 1,6% del PIB en un año, si se parte que el déficit de 2021 fue de 4,1%, cuando se descuentan los ingresos extraordinarios del período (DEGs, Aporte Solidario Extraordinario y aporte extra de Derechos de Exportación). En principio, ese ajuste saldría de eliminar los “gastos Covid” incurridos en 2021 (0,7% del PIB), y de una reducción adicional en el gasto de 0,9% del PIB, que ocurriría mayormente en el gasto en subsidios económicos, típicamente los que abaratan las tarifas de energía. Si eso es así, debería haber nuevas subas de tarifas en el resto del año, además de las ya anunciadas.
Seguramente en el Gobierno están pensando en que esa rebaja de subsidios ocurra principalmente para usuarios de ingresos medios y altos, muchos de los cuales perderán por esa vía lo que ahorran en el impuesto a las Ganancias, luego de la reforma de 2021. Se trata de una decisión pensando en la distribución del ingreso, pero también, y quizá especialmente, en minimizar los costos políticos parar la coalición de gobierno.
Achicar la emisión
El acuerdo también supone reducir fuertemente la asistencia del BCRA al Tesoro, del 3,6% en 2021 a 1% en 2022, de modo que al reducir más dicha asistencia que lo que lo hará el déficit fiscal, supone un mayor acceso a los mercados locales de deuda, presionando al alza sobre las tasas de interés (y sobre el déficit cuasifiscal ).
El ajuste fiscal en ciernes, más las previsibles subas de las tasas de interés, disminuirán la expansión del gasto público y el consumo privado, ralentizando la recuperación económica, pero eso no será tan malo si ayuda a evitar una nueva gran crisis de la macro. Si las metas fiscales se cumplen, será además un buen aporte a la transición entre la actual y la próxima administración.
(El autor es economista del IERAL-Fundación Mediterránea)
