Mientras la atención nacional se concentraba en el operativo de vacunación contra el coronavirus, la discusión por la ley de legalización del aborto y la nueva fórmula de cálculo para las jubilaciones, un tema que supo ser escandaloso sigue su tránsito sin alcanzar los titulares principales.
Se acaba de conocer que la Cámara Federal de Casación Penal dio su aval para que la investigación sobre las coimas que habría pagado en Argentina la constructora brasileña Odebrecht avance hacia el juicio oral.
Este caso, al igual que el expediente de los Cuadernos del chofer Oscar Centeno, muestra la convivencia que mantienen en Argentina los funcionarios corruptos del Estado con empresarios corruptos del rubro de la obra pública, todos habitantes de un mismo modus vivendi donde la coima es el idioma común, el aceite que facilita los negocios particulares con dineros del Estado.
Dos lados del mostrador
En la investigación que debería ir a juicio en 2021, están acusados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho conocidos personajes vinculados a las administraciones presidenciales de Cristina Fernández, como el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, el taxista convertido en intermediario Roberto Baratta, el revoleador de bolsos y exsecretario de Obras Públicas José López, y el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez.
Del otro lado del mostrador se encuentran procesados empresarios como el cordobés Aldo Roggio, quien en la causa de los Cuadernos, que también aguarda por su juicio, confesó haber pagado coimas al también cordobés Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte de la Nación.
Junto a Roggio también están imputados por los mismos delitos el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, y Osvaldo Tito Biagini, del grupo Cartellone.
Se trata de episodios ocurridos entre 2007 y 2014, durante los dos gobiernos que encabezó Cristina Fernández de Kirchner, y que involucran el pago de coimas y de sobreprecios cuando tuvo lugar la construcción de dos plantas de tratamiento –de agua potable y de líquidos cloacales– para la empresa estatal Aysa.
Están bajo la lupa las adjudicaciones de obra pública para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui, llamada Planta del Bicentenario.
El camino hacia el juicio oral quedó allanado porque la sala de la Cámara de Casación rechazó los recursos de queja y unos recursos extraordinarios que habían sido presentados por los defensores de los involucrados.
Las empresas involucradas en estas licitaciones fueron una unión transitoria integrada por Odebrecht, Benito Roggio e Hijos, Supercemento Saic y José Cartellone Construcciones Civiles, y otra unión transitoria de la que formaron parte Construcciones Camargo Correa y Esuco.
Avances y olvido
De esta manera, sigue avanzando un caso que se ganó cientos de titulares hace varios años y que después, como pasa con muchos otros temas vinculados a hechos de corrupción, se fue olvidando, fue quedando tapado debajo de otras numerosas denuncias por casos de corrupción.
Eso es precisamente lo que ocurrió con el capítulo cordobés de las coimas de Odebrecht, ya que en esta provincia el Poder Judicial nunca desplegó una estrategia investigativa para tratar de saber si fue cierto, como aseguró uno de los doleiros brasileños investigados en el caso Lava Jato, que las constructoras brasileñas pagaron 36 millones de dólares en coimas a personas vinculadas a la construcción de los gasoductos troncales de la provincia de Córdoba.
El caso pasó por el muy desprestigiado fuero Anticorrupción del Poder Judicial cordobés, que no mostró voluntad investigativa frente a este caso que sí continúa avanzando hacia una sentencia en la Justicia de Buenos Aires.
La presentación de tres legisladores cordobeses sobre el posible circuito del dinero de la coima acabó siendo desestimada judicialmente.
La empresa Odebrecht, famosa ya por haber organizado un esquema internacional de corrupción, coimeando a presidentes, legisladores y funcionarios de varios continentes para quedarse con los contratos de obras públicas multimillonarias, en Córdoba fue contratista elogiada por el gobernador Juan Schiaretti.
La constructora brasileña terminó de manera muy controvertida en 2018, en conflicto con numerosos proveedores, las obras de unos gasoductos que la Provincia le permitió continuar pese a que ya había explotado el escándalo internacional.
