En cuestión de horas, dos señales potentes confirmaron que la campaña electoral está lanzada en Córdoba.
Faltan menos de 90 días para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En una semana cierra la inscripción de alianzas y 10 días después se conocerán los candidatos. Dos bengalas de aviso flamearon el fin de semana: Javier Milei anunció una baja en las retenciones que recauda el Estado nacional y Martín Llaryora comunicó un aumento en las jubilaciones que paga la Provincia.
Son dos medidas de impacto electoral, demandadas por sectores sociales relevantes, aunque de un alcance acotado. La baja de retenciones anunciada por Milei no es la eliminación a la que dice aspirar el Presidente. Y la suba de jubilaciones instrumentada por Llaryora tampoco es de la magnitud que el Ejecutivo provincial desearía.
En ambos casos, la mesura se justifica en la restricción de recursos a la que obliga la situación económica imperante. También son medidas que, aunque puedan ser tipificadas como de “economía electoral”, son legítimas. Gobernar es asignar recursos, siempre que las decisiones sean fiscalmente responsables y las asignaciones sean sostenibles en el tiempo necesario.
En este caso, Milei y Llaryora eligieron orientaciones opuestas para decidir. El Presidente fue por un camino de orientación productiva: la reducción parcial de la presión fiscal para inducir la reactivación económica. El gobernador fue por una idea de justicia distributiva: reparar (también parcialmente) los efectos del ajuste en la franja más vulnerable del sector pasivo.
En esa diferencia, también puede distinguirse una percepción diferenciada del pacto electoral en juego para octubre.
Para Milei, el contrato que firmó con los votantes tiene una cláusula rígida: bajar la inflación. Cree que está cumpliendo esa promesa innegociable para el electorado y que ganará en las urnas por ese motivo.
Llaryora, como otros referentes del espacio opositor a Milei, considera que los votantes valoran la baja de la inflación siempre que implique una mejora real en sus ingresos.
Milei apuesta a la valoración positiva de la estabilidad macroeconómica; Llaryora apunta al balance que cada familia hace de esa estabilidad en su economía familiar. De allí que Milei anuncie una baja en las retenciones para dinamizar la producción y Llaryora lanza un beneficio en jubilaciones para activar el consumo.
El pacto demandado por el elector se satisface, según Milei, con el efecto dinamizador de la inflación en baja. Para la mirada de Llaryora, ese efecto sólo se completa con empleo sostenido y con mejora del salario real.
Incógnita
Esto conduce a la incógnita central de la economía electoral de cara a octubre. Los sociólogos suelen decir que la gente no vota por lo que tiene, sino por lo que le falta.
¿El electorado ya considera un logro conseguido la inflación en baja y prepara su voto en octubre pensando en una mejora más sustancial del ingreso, en una economía de consumo dinámico que todavía no llegó?
¿O los votantes aun creen que es conveniente ser cauteloso y cuidar el proceso de estabilización resignando sus aspiraciones de corto plazo porque la inflación en baja no es un objetivo definitivamente conseguido?
En otros términos: ¿el éxito de la política antiinflacionaria es algo ya obtenido o es algo que todavía no se consiguió? ¿Pesará más en el voto la pulsión de las expectativas de recomposición del ingreso a futuro o influirá más el temor a que un relajamiento del ajuste económico vuelva a poner al país ante el abismo inflacionario donde lo dejó la última gestión peronista?
Por esta duda irresuelta, cuya respuesta sólo aparecerá en el escrutinio de octubre, tanto Milei como Llaryora anuncian sus decisiones con el cuidado de no aparecer como actores de un sabotaje a la responsabilidad fiscal con la cual se avanzó hasta el momento para inducir la inflación a la baja.
Milei no eliminó por completo las retenciones porque sabe que no está en condiciones de desfinanciar el funcionamiento del Estado nacional por la vía de una resignación de los ingresos.
Llaryora anunció un aumento en las jubilaciones mínimas explicando que lo hace porque cuenta con los recursos necesarios para hacerlo: los fondos que la Provincia obtuvo litigando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tampoco las acciones de los liderazgos en fricción son un dechado de coherencias absolutas.
Milei explica responsablemente que no puede bajar las retenciones a cero, pero es el mismo que prometía dolarizar la economía por completo con un pase de magia.
Llaryora se esmera en aclarar que el aumento de las jubilaciones provinciales está calzado con recursos existentes. Pero sus diputados nacionales presionan por una reforma de las jubilaciones nacionales con un saldo deficitario que admite la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El ancla fiscal es clave para mantener la inflación en baja. Si los precios se disparan nuevamente, el aumento a jubilados anunciado por la Provincia se escaparía como el agua entre los dedos.
