Patricia y Soledad no se conocen. Las une la mayor desgracia que una persona puede atravesar: la pérdida de un hijo. Las muertes de estos fueron en circunstancias y razones totalmente diferentes, aunque con puntos de contacto.
Ambas, con pocas horas diferencias, dijeron lo mismo: que nada les devolverá a sus jóvenes hijos, pero siguen esperando una explicación, una respuesta, un gesto mínimo de empatía del poder, que parece haber tenido algo que ver en esos fallecimientos.
Las expresiones de la mamá de Valentino Blas Correas al cumplirse seis meses del asesinato de su hijo a manos de la Policía de Córdoba, y las de la madre del joven fallecido en Río Cuarto luego de haber sido atendido por el falso médico del COE, coinciden en el punto del silencio lacerante de las autoridades, que ni siquiera cumplieron con el elemental ritual de las condolencias.
Son dos ejemplos claros de algo que parece ser un dogma para el Gobierno provincial: el silencio como primera respuesta a los temas complejos.
El gobernador Juan Schiaretti sigue al pie de la letra el consejo de no pronunciarse sobre ninguna situación conflictiva hasta que el caso salga de la agenda pública.
En un año, el gobernador no concedió una sola entrevista periodística, no dio ninguna conferencia de prensa y tuvo un solo contacto breve con los periodistas, con un par de preguntas al pasar a la salida de un acto.
Pese al impacto y la repercusión del crimen de Blas a manos de efectivos policiales, Schiaretti hizo una única mención pública al tema, a casi tres meses del fusilamiento. Los demás funcionarios eligieron el camino de las frases de circunstancia.
Y las grandes incógnitas del caso –como ser las razones por las cuales estaba en actividad el policía que disparó pese a tener una causa elevada a juicio– siguen sin respuestas.
Hace una semana, al evocar los seis meses sin Blas, su madre Soledad Laciar lamentó que el gobernador siga "en la vorágine de lo suyo" y que el caso parezca no ser importante para él.
¿Tontos?
El miércoles, Patricia –madre de un joven de 29 años que falleció en noviembre en Río Cuarto mientras estaba siendo atendido por el falso médico del COE– usó palabras similares: “¿Hasta cuándo nos van a tomar a todos de tontos? Los responsables siguen ocupando cargos públicos; no hubo renuncias ni disculpas. No sé qué están esperando”.
El caso de Ignacio Martín ofrece otros ribetes de ese camino del silencio.
Todos los testimonios de sus pacientes en Río Cuarto coinciden en que llamaban al COE y desde ese organismo les enviaban el médico que no era tal. O sea, no era un simple voluntario que se había acercado a hisopar.
El Gobierno provincial se enteró el 21 de diciembre pasado de que tenía cumpliendo tareas de médico en el sistema de salud público a alguien que no había pisado siquiera una facultad de Medicina.
Lo separó y denunció, pero no dijo una sola palabra, pese a que se trataba de una información clave en términos de salud pública.
Recién el 27 de enero, cuando concejales de Río Cuarto hicieron públicas sus dudas respecto del accionar del “médico” que había llegado con la intervención del COE encabezada por Diego Almada, la Provincia dio a conocer a la población lo que se ocultaba hacía más de un mes.
Y se repitió la vieja táctica de intentar desviar o minimizar la situación. Que era un desequilibrado; que se acercó como voluntario; que nadie lo designó en ningún lado.
Hasta hubo (y hay) un intento de las principales figuras del oficialismo provincial de ponerse en víctimas en vez de responsables de la situación.
Es a través de declaraciones, posteos en redes y proyectos de ley que exigen a los colegios profesionales que tengan un registro digital de acceso público de sus matriculados.
El intento duró poco, ya que varias instituciones colegiadas recordaron que ese registro está disponible hace rato. Mientras tanto, las dudas son tan grandes como el silencio. Y ya se sabe que el silencio no siempre es salud.
