Quienes tienen trato diario con él coinciden en dos características del gobernador Martín Llaryora: optimismo y una obsesión por resolver los problemas que pueden afectar a su gestión.
Esos dos perfiles de su carácter están a prueba en sendos desafíos que afronta el gobernador: los reclamos de un sector del campo, liderados por la Sociedad Rural de Río Cuarto –y fogoneados por la oposición–, y la paritaria docente, una discusión que fuentes oficiales y del gremio pronostican “áspera” y “prolongada”.
Ambos son capítulos que se están escribiendo, en la novela de la pulseada con el Gobierno provincial.
Hay un dato que marca que en el oficialismo existe el convencimiento de que no habrá consecuencias “preocupantes” para la gestión llaryorista, al menos por el reclamo de una porción de los productores agropecuarios por el aumento del impuesto Inmobiliario Rural: el gobernador analizó hasta último momento si iniciaba, como estaba prevista, la gira oficial por países árabes o la postergaba unos días.
Finalmente viajó el miércoles pasado. Una señal de que, al menos para Llaryora, no está en riesgo su plan de gestión “todo bajo control”, una definición que suele repetir como un mantra uno de los ministros a los que más escucha el gobernador.
No obstante, algunos sectores del campo sostendrán el reclamo para que el aumento del Inmobiliario Rural vaya en línea con la inflación del año pasado, que fue del 117,8% a nivel nacional.
La Sociedad Rural de Río Cuarto y el denominado “Arco del Norte Agropecuario Provincial” se quejan por la suba del tributo y el impacto que tiene para el campo.
La estrategia del Gobierno provincial es acusar a esos dos sectores campesinos de ser “opositores”.
La presencia del diputado nacional Rodrigo de Loredo en la asamblea de la Sociedad Rural de Río Cuarto, y el liderazgo que el diputado radical Luis Picat –hoy muy cercano a los libertarios– tiene en las organizaciones ruralistas del norte cordobés, le sirven al oficialismo para “politizar” una discusión que debería ser concreta: ¿es correcto el aumento cargado en los cedulones del Inmobiliario Rural?
El oficialismo puso en marcha una estrategia para contener las protestas de estos sectores del campo. La Voz ya informó que el Gobierno se recostará en los intendentes, que en su enorme mayoría necesitan de la asistencia financiera de la Provincia.
Entre los llaryoristas, también sobrevuela una certeza que les frunce el ceño: creen que los productores agropecuarios no le reclaman al presidente Javier Milei por la eliminación de las retenciones con la misma vehemencia con la que se quejan por la suba del impuesto provincial.
El radicalismo y el juecismo insistirán el mes próximo en la Legislatura, con el intento de retrotraer el aumento de impuestos. Es poco probable que tengan éxito.
El PJ ya tendría los votos para rechazar el intento opositor de dos legisladores que no son del bloque oficialista, pero que generalmente votan a favor del Gobierno.
Esa votación seguramente alimentará las sospechas sobre una supuesta compra de votos por parte del oficialismo, que De Loredo denunció sin eufemismos a través de sus redes sociales.
El problema es que hay un par de dirigentes de su partido que están alcanzados por esa grave sospecha.
Docentes, a la carga
Por otro lado, el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, se volvió a ver las caras este viernes con los dirigentes de la cúpula del gremio docente (UEPC).
La paritaria docente es una cuestión que preocupa más en el Centro Cívico que los reclamos por la suba de impuestos. El gremio tiene la presión de las bases docentes, en las que el descontento por los salarios que perciben es muy mayoritario.
La UEPC planteó en la primera reunión que el salario docente provincial perdió el año pasado el 12% de su poder adquisitivo. Quiere recuperarlo, aunque en etapas.
También reclaman el bono de $ 100 mil que el resto de los estatales percibieron en enero, como acordaron en la pasada paritaria.
De otro lado del mostrador, los funcionarios llaryoristas ofrecerán aumentos en línea con la inflación y pondrán en la mesa de discusión dos temas que para los docentes parecen derechos adquiridos: el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que la Nación eliminó pero la Provincia viene pagando, y el boleto educativo que beneficia a docentes y a sus hijos en edad escolar y universitaria.
Será una pulseada fuerte, que el mes próximo incluirá a los restantes gremios estatales. Los sindicalistas saben que, el año pasado, la mayor parte del ajuste de Llaryora pasó por salarios públicos y por las jubilaciones provinciales.
Hay números incontrastables, que los gremios tienen muy presentes. En el último mes de la gestión de Juan Schiaretti, los salarios y las jubilaciones se llevaron el 52% de los egresos de la Provincia. Ese número hoy está en el 42%.
Imitando a Milei, la motosierra de Llaryora podó el 10% de los ingresos de los estatales.
El debate por el aumento de impuestos y por la discusión paritaria es un campo con espinas que debe atravesar la gestión de Llaryora. Esas espinas generan más heridas en el arranque de un año electoral.
