La Sala de Feria de la Cámara del Trabajo resolvió en las últimas horas el amparo presentado por la CGT contra el DNU 70/2023 y determinó que el capítulo laboral es inconstitucional.
Al “modificar” la sentencia de primera instancia, que solo había dispuesto aceptar “parcialmente” la acción de amparo promovida por la CGT, la Sala de Feria de la Cámara declaró la “invalidez constitucional” del Título IV de la norma presidencial.
La CGT apeló la decisión de primera instancia porque solo había dispuesto la invalidez de seis de los 45 artículos de ese capítulo -73, 79, 86, 87, 88 y 97-, lo que obtuvo respuesta favorable en segunda instancia.
El tribunal sostuvo que ese Título del DNU es “contrario al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”.
Los argumentos de los jueces
Al resolver, los camaristas Mario Fera, Manuel Diez Selva y Héctor Guisado advirtieron que “las circunstancias suscitadas con posterioridad a la publicación del decreto indican que, a su respecto, el proceso de intervención de los poderes políticos no habría avanzado con la premura que requería, de acuerdo con la situación que parecía indicar el contexto social, político y económico existente a la asunción del actual gobierno”.
“El texto del artículo 99, inciso 3, segundo párrafo, de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad”, expusieron los camaristas.
El Estado Nacional, que también había apelado el fallo de primera instancia, indicó que “no se encuentra en discusión que la ‘necesidad y urgencia’ constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable”.
Pero para el tribunal de segunda instancia “no se avizora que las que se alegan constituyan razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el PEN pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria”.
Destacó que como “la vulnerabilidad es una circunstancia que afecta a la persona que trabaja en relación de dependencia dada su desigualdad negocial, y que se hallan en juego derechos de naturaleza alimentaria, se encuentran configuradas las circunstancias objetivas como para considerar que los temas introducidos -por su calidad estructural y su cantidad- en el Título IV del decreto en cuestión resultan de imprescindible debate específico y decisión por el Poder Legislativo”.
