Al contrario de lo que se cree, la puesta en marcha de la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso rechazó el veto del presidente Javier Milei, afecta más las cuentas ajenas que las del fisco nacional, porque la enorme mayoría de la atención de la discapacidad está en manos de las obras sociales provinciales, sindicales y prepagas. Una parte menor está cubierta por programas que financia el Estado nacional.
Si no se judicializa la ley ni se demora por esa vía, lo primero que deberá suceder es una actualización de las prestaciones. Los atrasos, como pasa casi en todo el sistema de salud, son de larga data. En el 2023, las prestaciones subieron 93% con una inflación del 211%. En el 2024, aumentaron 99% y la inflación fue del 117%. Y en este 2025 no se movieron.
Una sesión con un psicólogo, fisiatra, kinesiólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, entre otros, se paga entre $ 10 mil y $ 12 mil. Como piso mínimo, dice Virginia Els, titular de Capredi, la cámara que agrupa a 60 prestadores en la provincia, debiera arrancar en $ 20 mil.
En las instituciones nucleadas en Capredi, se atienden casi 7.200 personas con discapacidad y trabajan 2.881 profesionales.
“Una cosa que hay que entender es que no es el Estado el que sostiene todo, las instituciones son privadas y no vivimos del Estado. El programa Incluir Salud es apenas el 15% del total. Son los que tienen la pensión, pero no tienen cobertura”, explica Els.
Y acá viene el quid de la cuestión, que pone en alerta a todos los que financian las prestaciones por discapacidad: obras sociales, prepagas y el mismo Apross. El Incluir Salud es el programa que financia la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); atiende a las personas que no tienen cobertura de la seguridad social. Es sobre las compras para este programa donde se sospecha de coimas.
Pero la enorme mayoría de las personas con discapacidad cuenta con cobertura; por ende, un nomenclador con valores más altos pondrá más sobre las cuerdas la delicada situación que atraviesa el sector, que hace años que advierte que, tal como la ley de discapacidad está concebida, implica un riesgo de quiebre para los financiadores.
“El Gobierno nacional está equivocado con la ley, porque, mirada técnicamente, la ley no tiene costo fiscal; eso lo tienen que pagar las obras sociales y las prepagas”, dice Jorge Colina, titular del centro de investigaciones Idesa.
“Como las obras sociales y las prepagas se quejaban de los costos de la discapacidad, el Ejecutivo lo fue licuando contra inflación y hoy está 50% por debajo de los valores reales de 2017, cuando salió el nomenclador”, detalla. El costo fiscal es casi cero.
“Es decir, el Gobierno luchó por una causa que no era de ellos –el equilibrio fiscal– y encima la perdió con altísimo costo político”, agrega.
Cómo es el sistema
Repasemos. ¿Cómo se financia hoy la discapacidad? Se calcula que el 16% de los argentinos tiene hoy algún tipo de discapacidad, según censo y cálculos de la Organización Mundial de la Salud.
Eso arrojaría alrededor de siete millones de personas. Sin embargo, sólo hay dos millones que cuentan con el certificado único de discapacidad (CUD) y hay, en tanto, 1,2 millones que al menos hasta hace algunos meses cobraban una pensión no contributiva por invalidez (PNC). Puede que una persona tenga CUD y también pensión, que tenga una de las dos o que no tenga nada.
El CUD contempla ciertos beneficios, como subsidios a la luz y al gas, peaje y transporte de larga distancia bonificado. Las juntas médicas de cada provincia, siguiendo criterios de Nación, son las que otorga los CUD. La pensión por invalidez se extiende a las personas que tienen 66% o más de incapacidad laboral y, además, están en situación de vulnerabilidad. La pensión equivale al 70% de una jubilación mínima: hoy, $ 224.194, más el bono de $ 70 mil. Las daba la propia Andis y en este segmento está el debate sobre la laxitud a la hora de entregarlas.
Puede que haya CUD y pensiones mal otorgadas y también es muy posible que exista un subregistro y que en el universo total de personas con discapacidad haya muchos que necesitan tramitar uno o ambos beneficios y no lo han hecho. En Córdoba, se calcula que hay 200 mil personas con discapacidad: 82 mil tienen CUD, de las cuales 50 mil están en el programa Incluir Salud. El resto tiene cobertura social y hay una parte sin cobertura que va a los hospitales públicos provinciales.
La emergencia, en tanto, reactiva la posibilidad de pedir una pensión no contributiva: se calcula que hay entre 400 mil y 900 mil pedidos cajoneados por el mismo Ejecutivo.
Además, están las suspensiones hechas en la gestión del polémico extitular Diego Spagnuolo, en muchos casos sin comprobar que la pensión estuviera efectivamente mal dada. “Se hizo a la manchancha y hay mucha oscuridad sobre los recursos gastados en las auditorías y en el correo”, dice Els. En Córdoba, hay unas cuatro mil pensiones suspendidas. Si el Ejecutivo las repone o reactiva la entrega, implicaría un costo fiscal directo.
Costos a las obras sociales
Pero el problema que aparecerá ahora no es sólo el fiscal. “Esto va a tener impacto sobre los tres subsectores, el público, el de la seguridad social y el de la medicina prepaga”, advierte Rubén Torres, uno de los especialistas en gestión de salud más reconocidos del país.
“Las prepagas lo van a resolver con aumento de cuota, en el sector público deberá aparecer el dinero, y las obras sociales, dado que el Fondo Solidario que se ocupa de esto está quebrado, aumentarán su déficit y esto provocará la disminución en la capacidad de atención de las obras sociales en general”, señala el titular del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud.
Hoy, tanto obras sociales como prepagas derivan 15% de los aportes y contribuciones de los trabajadores al Fondo Solidario de Redistribución. Con eso se deben financiar las prestaciones de discapacidad y los medicamentos de alto costo. Pero hoy, casi el 90% de ese fondo se consume en discapacidad y, de ese consumo, la mitad lo ocupa el servicio de transporte.
“El FSR está a punto de colapsar con la financiación licuada de la discapacidad. Ahora que actualizan, colapsa. Pero no es gasto público, es un fondo con aporte de los afiliados”, remarca Colina. “Hay que discutir en serio qué debe estar cubierto por el sistema de salud: es lógico que esté la rehabilitación motriz, pero el transporte y la maestra integradora no deberían estar en salud”, dice Juan Gras, titular de Aclisa, una de las cámaras que en Córdoba reúnen a clínicas y a sanatorios.
Transporte es uno de los rubros más difíciles de abordar para los financiadores, por las dificultades para el control y la rendición de cuentas.
Se han encontrado casos de transportistas que pretendían cobrar una cantidad de kilómetros que significaba que había llevado las 24 horas de un mes entero al paciente o el caso de un joven beneficiario que vivía en Villa Carlos Paz y que pedía un remise para ir a la Ciudad Universitaria, cuando estaba en condiciones de tomar el transporte público. Muchos reconocen ciertos abusos y por eso se ven tantos autos en la calle ploteados como “servicio de traslado para pacientes con tratamiento crónico”.
Todo el sistema en salud tiene honorarios atrasados: los médicos clínicos, los especialistas, los centros de diagnóstico. “¿Cuál es la razón para la urgente actualización?”, se preguntaba un especialista en la materia que pidió reserva de su nombre.
Hay una razón política y cómo la oposición se ha articulado sobre proyectos de causas nobles que apuntan al corazón del programa económico, que es el superávit fiscal. De hecho, los prestadores de discapacidad tuvieron un aumento del 93% con una inflación del 211% y entonces no se reclamó.
Pero también se señalan los intereses particulares de diputados como Eduardo Valdés, de Fuerza Patria, cuya familia es propietaria de uno de los prestadores más importantes de Buenos Aires en materia de discapacidad. Valdés integró el directorio de esa entidad.
En este marco, el que más dificultades tendrá será Apross, la obra social provincial, porque, si bien no está obligada a seguir los montos que fije el nomenclador nacional, sirven como una referencia.
“El Apross siempre pagó menos que Nación. Este año se equiparó al arancel nacional, pero no fue una actualización que nos dé un gran respiro”, dice Els, de Capredi.
Discapacidad le lleva al Apross el 10% de los recursos, un tercio a instituciones de discapacidad, otro tercio a prestadores individuales y el resto a transporte.
Pero las obras sociales provinciales no están articuladas con el sistema de salud y no reciben aportes del Fondo Solidario de Distribución, por lo que debe asumir el 100% de la cobertura.
La entidad provincial actualizó en abril los montos y, dicen, dejó claro que era a cuenta de lo que definiera la ley de emergencia.
