La comunidad de la discapacidad en Argentina alzó su voz este jueves en un paro nacional y movilizaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de los trabajadores y trabajadoras del sector.
El epicentro de la protesta fue la puerta del Congreso de la Nación, donde se congregaron desde las 11 de la mañana para presionar por el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya posible discusión en la Cámara de Diputados se perfila para el 4 de junio.
Protesta en Córdoba en la Plaza San Martín
En Córdoba, la convocatoria fue en el centro de la ciudad (Plaza San Martín), y en localidades del interior.
La medida de fuerza, enmarcada en una semana de lucha que ya comenzó en varias provincias, es una respuesta directa a lo que los organizadores califican como “crueldades más aberrantes” del gobierno de Javier Milei.
Los reclamos apuntan al recorte de pensiones que afecta a miles de personas vulnerables, dejándolas sin obra social y, por ende, sin prestaciones médicas esenciales. A esto se suma la extrema precarización laboral que sufren quienes brindan servicios en el ámbito de la discapacidad.
Córdoba no es ajena a esta situación, ya que tampoco Apross está al día con el pago a los prestadores, con algunos retrasos.
Una situación límite para prestadores y familias
Prestadores de servicios, transportistas, centros de día y hogares de todo el país denuncian una situación insostenible. El principal reclamo es la actualización de los montos de sus prestaciones, que no se modifican desde 2024, a pesar de la inflación galopante.
“El último aumento fue hace seis meses y fue de un 0,5 por ciento”, explicó Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires (Ataecadis), graficando la crítica situación del sector.
Un ejemplo contundente: “Hoy el litro de nafta está $ 1.550 y nos están pagando $ 500 el kilómetro recorrido. En diciembre de 2023, el litro de combustible estaba $ 320 y nos pagaban 280, estamos muy abajo”.
Además del retraso en la actualización del nomenclador nacional, los prestadores sufren demoras en los pagos de entre 60 y 120 días, lo que se traduce en una significativa pérdida del poder adquisitivo.
La incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones para 2025 también genera una gran preocupación, con la exigencia a las obras sociales de garantizar las coberturas planificadas para evitar que miles de personas con discapacidad queden sin atención.
La situación es aún más dramática en hogares y centros de día, donde la falta de actualización de aranceles impide cubrir sueldos y adquirir insumos básicos para las actividades diarias y la alimentación de las personas que asisten.
María Eugenia Gómez, licenciada en psicopedagogía, resumió la angustia del sector: “Estamos en una encrucijada, porque más allá de los honorarios, nosotros respondemos a una ética profesional. No queremos ser funcionales a este sistema que termina vulnerando un montón de derechos de las personas con discapacidad”.
La Ley de Emergencia, una luz de esperanza
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsado por el diputado nacional Daniel Arroyo, se debatirá este jueves mayo en la Cámara de Diputados.
Su objetivo es declarar la Emergencia Nacional ante el recorte de más de 200 mil pensiones no contributivas y el desfinanciamiento sostenido del sector.
La iniciativa busca establecer un presupuesto que permita actualizar las retribuciones para prestadores (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares) y dignificar la remuneración de los trabajadores con discapacidad empleados en talleres protegidos, quienes actualmente cobran 28 mil pesos mensuales, un monto inalterado desde febrero de 2023.
Además, el proyecto exige mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, un punto crítico considerando que en los últimos 14 meses solo se otorgaron 586 de las 500 mil solicitudes presentadas.
Las familias de niños con discapacidad son las más afectadas por esta crisis, viendo cómo sus hijos quedan “a la deriva”, sin terapias, acompañamiento ni respuestas.
La sesión en Diputados, pedida por la oposición, está prevista para las 11 horas. E
n caso de obtener media sanción, el proyecto avanzará hacia el Senado, con la esperanza de que brinde un respiro a un sector que se encuentra en una situación de “desesperación” y “abandono”.
