La oposición pedirá sesión para el próximo martes en la Cámara de Diputados con el fin de aprobar la reforma a la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una iniciativa de alto impacto institucional que recorta el poder de Javier Milei y de futuros presidentes. Además, buscaría rechazar ese mismo día otro de los DNU polémicos de la gestión libertaria, el 846/24, que habilita las operaciones de canje de deuda sin autorización del Congreso.
En una jornada prácticamente sin actividad parlamentaria y con varios legisladores en Estados Unidos, adonde viajaron como veedores de la elección en la que se impuso Donald Trump, diputados de Encuentro Federal, de Unión por la Patria, de la Coalición Cívica y de Democracia para Siempre (el nuevo bloque de radicales disidentes) hicieron los últimos “poroteos” y se aprestaban a presentar el pedido formal ante el presidente de la cámara, Martín Menem.
Los legisladores trabajan para reunir las 129 voluntades que se necesitan tanto para abrir la sesión como para aprobar la nueva ley de DNU, que, según la Constitución Nacional, requiere mayoría absoluta. Los cálculos que circulan en los despachos arrojan entre 131 y 132 votos. No cuentan con La Libertad Avanza, con el PRO, con la mayoría de la UCR de Rodrigo de Loredo ni con el bloque Innovación Federal, anclado en gobernadores.
Hay un alto grado de expectativa por la postura final que adopte el PRO, un bloque que en el pasado promovió reformas a esa ley (impulsada por Cristina Kirchner) y ahora considera que no es momento de avanzar. También deberá definir posición la UCR de De Loredo, que tiene un dictamen propio con la única firma de Karina Banfi. Los bloques promotores de la sesión aspiran a acarrear a un puñado de radicales.
La jugada opositora preocupa al Gobierno, que califica esta iniciativa como un “golpe de Estado”. De hecho, Milei ya anunció que vetará la ley si es sancionada. El oficialismo tenía intenciones de convocar a otra sesión la semana próxima con temas de mayor consenso, como la “ficha limpia” contra la corrupción, pero la oposición quiere anticiparse y volver a marcarle la cancha al Presidente antes de fin de año.
Ahora, los bloques tienen por delante la tarea de unificar criterios para terminar de asegurarse el número. El dictamen de mayoría tiene la venia de Encuentro Federal y de Unión por la Patria, pero tuvo disidencias de Democracia para Siempre, mientras que la Coalición Cívica presentó un despacho propio.
La discusión pasa por dos ejes. En primer lugar, el dictamen mayoritario establece que, para que un DNU quede firme, el Congreso debe ratificarlo dentro de 90 días o, de lo contrario, perdería vigencia. Actualmente, si el Congreso no trata un DNU, sigue vigente. Pero mientras que algunos diputados consideran que el plazo es demasiado corto (algunos proyectos disponían 120 días), otros no quieren poner ningún plazo, como el caso de Juan Manuel López (Coalición Cívica).
En segundo término, el dictamen pone para los DNU la misma regla que una ley: que deban ser ratificados por dos cámaras, y rechazados por una sola. Con la ley vigente ocurre al revés, razón por la cual sólo se rechazó un DNU en la historia, el que incrementó los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia. Algunos diputados, como la radical Carla Carrizo, se resisten a que el rechazo sea unicameral. Será otro tema por resolver.
Como sea, en Encuentro Federal, el bloque que destrabó el debate, creen que la reforma es necesaria a nivel institucional, con la mira puesta en las inversiones y en la seguridad jurídica. “Ni Cristina hizo lo que está haciendo Milei con los DNU”, advirtió un diputado de la bancada de Miguel Pichetto, preocupado por el decreto sobre canje de deuda, que buscaría rechazar en la misma sesión.
Ese DNU habilitó al Ejecutivo a canjear títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados y sin pasar por el Congreso Nacional. Con la ley vigente (la 26.122), para que ese decreto quede nulo, será necesario que también se oponga el Senado.
El oficialismo, por su parte, apunta a cerrar el año con la sanción del Presupuesto 2025, aunque la parsimonia en las negociaciones y la idea de no llamar a sesiones extraordinarias, planteada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, alimentan las especulaciones de quienes creen que el Gobierno no ve necesidad de sancionar el plan de recursos y gastos, y que no tendría problemas en prorrogar el vigente.
El debate en comisión iba a reanudarse este jueves con la presencia del secretario de Salud, Mario Lugones, pero la reunión se canceló. De esta manera, se cumplirán dos semanas sin discusión pública ni avances concretos en las negociaciones privadas. Hay tiempo hasta el 20 de noviembre para firmar dictamen, a menos que Milei prorrogue las sesiones ordinarias o, a contramano de lo afirmado por Francos, llame a extraordinarias.
