Tras un debate cargado de tensión que estuvo al borde del fracaso, La Libertad Avanza y el PRO lograron alzarse con el dictamen de mayoría para privatizar Aerolíneas Argentinas, pero aún no consiguen asegurarse los votos en el recinto: dependerá de la voluntad del Gobierno nacional para negociar con los bloques “federales”, anclados en gobernadores, y el radicalismo disidente.
El de este martes fue apenas un primer paso. Los libertarios, el PRO, la UCR de Rodrigo De Loredo, Paula Oliveto (Coalición Cívica), el MID y una sanjuanina del gobernador Marcelo Orrego juntaron 35 firmas de las 80 totales y avanzaron con un dictamen que solo declara a Aerolíneas como “sujeta a privatización” y autoriza al Poder Ejecutivo a establecer el marco legal e instrumentar el proceso según se dispuso en la Ley Bases.
Hubo tres dictámenes de minoría: uno de Unión por la Patria por el rechazo; otro de Encuentro Federal, los radicales de Democracia para Siempre y el “lilito” Maximiliano Ferraro que establece una privatización parcial, con mayoría accionaria estatal; y otro del Frente de Izquierda que, al igual que el kirchnerismo, se opone a la iniciativa.
Se encendieron dos señales de preocupación para el oficialismo. Una, la sorpresiva división de la Coalición Cívica. Otra, el “silencio” de Innovación Federal, que no firmó ningún dictamen. Es un bloque con mandato de tres gobernadores (el rionegrino Alberto Weretilneck, el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua) que había colaborado con el Gobierno para sostener los vetos.
La incertidumbre marcó el pulso de la jornada: mientras avanzaban las exposiciones de trabajadores aeronáuticos y especialistas, los bloques hacían cuentas y se multiplicaban las conversaciones entre diputados. En el bloque de Miguel Pichetto y el radicalismo díscolo se especuló con la posibilidad de no firmar ningún despacho y dejar al oficialismo sin la mitad más uno necesaria para dictaminar, aunque finalmente desistieron de esa jugada.
A diferencia del dictamen mayoritario, que delega en el Ejecutivo el plan de acción, el de Encuentro Federal y Democracia para Siempre establece un esquema mixto, pero con mayoría accionaria estatal, replicando el modelo de YPF.
“Sujetamos nuestro voto a que el Estado no pierda el control. La misión de la compañía, que forma parte de sus estatutos, no es ser rentable o darle dividendos al Estado, sino conectar a la Argentina y transportar a sus ciudadanos”, argumentó Nicolás Massot, uno de los firmantes de Encuentro Federal junto con el cordobés Ignacio García Aresca y el socialista Esteban Paulón. A ellos se sumaron los radicales Jorge Rizzotti (Jujuy) y Mariela Coletta (CABA), y Ferraro de la CC.
Según ese dictamen alternativo, se podrá únicamente “incorporar la participación de capital privado, debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”, y “conceder la administración o gerenciamiento por un plazo determinado”.
Otro aspecto relevante es que se requiere “expresa autorización del Congreso” para “vender o liquidar totalmente los activos de la compañía”; “decidir el cierre de operación de la compañía” e “implementar cualquier medida que implique resignar el control de la compañía y/o la participación mayoritaria en el capital social”.
“Con esta propuesta, el Ejecutivo tiene un instrumento concreto y práctico para explorar soluciones y buscar en socios privados aquellos que puedan mejorar la gobernanza, darle mayor estabilidad a la compañía y hacerle frente al plan de inversiones que necesita para seguir siendo lo que hasta ahora fue”, fundamentó Massot.
Debate caliente
En un debate donde no faltaron los cruces, el diputado Hernán Lombardi (PRO), autor de uno de los proyectos privatizadores que tomó el Gobierno, aclaró que “no se está discutiendo soberanía, sino un medio de transporte” y la posibilidad de “volar mejor, más barato, más conectados, y que mayor cantidad de ciudadanos vuelen”.
Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, rechazó la privatización en cualquiera de sus formas. “Están los que quieren rifarla completa y los que quieren rifarla un poquito, pero los lobbistas son los mismos: los que jugaban con (Mauricio) Macri y (Guillermo) Dietrich, o con (Isela) Costantini y la pareja de Costantini”. “Quieren la disolución nacional y la desintegración territorial”, remató.
El exministro de Transporte massista Diego Giuliano advirtió que se trata de una “privatización a ciegas, sin ningún tipo de plan ni proyecto”, y que “más que cielos abiertos, plantean cielos privados”. El exfuncionario agregó que “Aerolíneas ha convivido con otras empresas low cost que han crecido exponencialmente”.
Además de la cuestión de fondo, Giuliano hizo un planteo de forma: según el legislador de Unión por la Patria, la ley ya no se puede volver a tratar en 2024 porque la Constitución establece, en su artículo 81, que “ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.
Desde el PRO, Silvana Giudici desestimó ese argumento. “En la Ley Bases no llegó ese artículo al recinto (del Senado). Por lo tanto, no puede considerarse que haya sido rechazado”, sostuvo. En la Cámara alta, la empresa fue quitada del listado de privatizaciones antes de que el proyecto se votara en general.
Giudici lamentó además que Aerolíneas “nos costó muchísimos recursos a los argentinos, miles de dólares anuales para sostener su operación, pero lo más grave fue la deuda que emitió (Sergio) Massa en 2023, cuando tomó fondos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) para subsidiar esta fiesta inolvidable de ñoquis y un servicio deficiente que cada día deja a la Argentina mucho más desconectada”.
La respuesta llegó desde los trabajadores aeronáuticos, que fueron al plenario a rechazar la iniciativa del Gobierno. “Espero que la adjetivación de ñoqui no haya sido respecto a los empleados que nos encontramos presentes o que comparten conmigo todos los días que vamos a trabajar. Yo no he visto nunca un ñoqui. Si hay ñoquis, yo no los conozco, no los vi nunca”, retrucó el piloto de Aerolíneas Gabriel Plá.
Además, el comandante consideró que la decisión del Gobierno de declarar al transporte aéreo como “servicio esencial” fue “hecha para cercenar el derecho a un reclamo justo salarial”, y amplió: “Lo único que queremos es generar condiciones de trabajo argentino, con aviones argentinos, con pilotos argentinos y mantenimiento argentino”.
La exsindicalista aeronáutica, exdiputada y exembajadora Alicia Castro también cargó contra la privatización. “Aducen que Aerolíneas da pérdidas cuantiosas y es falso, porque el rédito de las empresas aéreas se mide en términos de impacto positivo, global, en la contribución en el PBI en materia de divisas, de impuestos que ingresan por turismo, pasajes y exportaciones. En 2022, por cada peso que puso el Estado en Aerolíneas, recaudó dos, y en 2023 el Estado puso cero pesos y recaudó 80.000 millones de pesos”, precisó.
Pablo Ceriani, expresidente de Aerolíneas, también se expresó en contra. “Aerolíneas manejada por el Estado funcionó bastante mejor que manejada por el sector privado”, consideró. También aclaró que “no está sobredimensionada” y señaló que “no se la puede comparar con las low cost”.
