Mientras el Gobierno busca avanzar con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones dentro de la “ley bases”, diputados de todo el arco opositor, entre los que se encuentran cinco cordobeses, se unieron para impulsar su propio Rigi con el objetivo de fomentar las inversiones agroindustriales en todo el país a través de importantes beneficios fiscales.
La iniciativa desafía al gobierno de Javier Milei, quien amenazó con vetar cualquier ley que rompa el equilibrio fiscal. A pesar del aviso del presidente, el proyecto tiene posibilidades de avanzar en el Congreso, ya que fue firmado por legisladores de la UCR, Hacemos Coalición Federal, el PRO y Unión por la Patria, que por esta vez dejaron de lado sus diferencias políticas.
Entre los impulsores figuran los cordobeses Carlos Gutiérrez, de Hacemos Coalición Federal; el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo; y sus correligionarios Luis Picat, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning.
El proyecto fue presentado en un acto en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja y participaron el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el entrerriano Atilio Benedetti (UCR); el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto; y los cordobeses Gutiérrez y Carrizo. Benedetti se comprometió a activar el debate apenas el proyecto reciba giro a comisiones.
La iniciativa crea un “Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial” (RIDA) que durará tres años, prorrogables por otros dos por el Poder Ejecutivo. Durante ese lapso, una amplia gama de actividades gozará de la estabilidad de una serie de beneficios, como la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la reducción del plazo para la devolución del saldo técnico a favor del IVA por inversiones en bienes de uso.
El amplio listado de actividades que podrán acceder al régimen va desde cultivos como arroz, trigo, maíz, soja, cereales, girasol, tabaco, algodón, cítricos, vid, legumbres, caña de azúcar y yerba mate hasta cría de ganado, pesca, plantación de bosques, fabricación de aceites, grasas y harinas, elaboración de fiambres y embutidos, y servicios de maquinaria agrícola, cosecha mecánica, fumigación y procesamiento de semillas, entre muchos otros.
Los beneficiarios deberán acreditar un incremento en el volumen de ventas, de producción o de exportaciones físicas, en la cantidad de personal ocupado o en las inversiones realizadas (cualquiera de estos indicadores).
El objetivo del régimen es “promover el incremento de la inversión y el empleo, el impulso de la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales; procurar el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado; y potenciar la producción de alimentos listos para consumir, productos agroforestales, tecnologías y servicios para el agro”.
“Hoy está toda la atención concentrada en el famoso RIGI y en las inversiones en todo lo que sea Vaca Muerta, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es qué pasa con la ‘vaca viva’”, apuntó Gutiérrez durante la presentación del proyecto.
El legislador del oficialismo cordobés sostuvo que “todos sabemos que en las grandes inversiones que necesitamos en el sector minero, para ver los resultados, mínimamente tienen que pasar dos, tres o más años. En cambio, la ‘vaca viva’ es algo que está funcionando y tiene un nivel de competitividad muy importante”.
Gutiérrez aclaró que no renunciarán al reclamo de rebaja de retenciones, pero explicó que, aunque “entienden las necesidades” fiscales del Gobierno, “eso no significa que el sector no merezca incentivos”. Además, destacó que “la virtud que tiene este proyecto es la transversalidad” y que “no hay especulación ideológica ni partidaria”.
“Esto viene a demostrar que esta nueva configuración del Congreso da una ventana de oportunidad para que este y otros proyectos, como el de biocombustibles, puedan ser tratados en las comisiones con una muy buena posibilidad de éxito”, subrayó.
Por su parte, Carrizo resaltó que “el proyecto es el resultado de una mirada, de un paradigma que venimos sosteniendo desde hace tiempo y que remarcamos desde el inicio de este gobierno: no solo hay que sostener, sino que hay que impulsar y promover al sector agroindustrial”.
“El proyecto resume esta idea a través de incentivos para la inversión y mejoramiento de la capacidad productiva y la cadena de valor de lo que produce el sector. Aborda no solo beneficios fiscales e impositivos, sino también la promoción para la actividad sustentable”, indicó la cordobesa.
Al igual que Gutiérrez, destacó la transversalidad política y afirmó que “la idea es avanzar con una señal clara, un acompañamiento estatal hacia un sector clave en la generación de ingresos, trabajo y mejoramiento en la cadena de valor de lo que hacemos y exportamos. Esto mira al interior y responde a la necesidad de tener estabilidad en un contexto de continua imprevisibilidad”.
Por su parte, Brouwer de Koning señaló que “a este país le falta un plan productivo para salir adelante, que esté focalizado en las producciones que están a lo largo y a lo ancho del país”, y llamó a “lograr una Argentina que sea económicamente viable pero sobre todo que genere un desarrollo integral”.
“Coincidimos en que tiene que haber equilibrio fiscal, en que hay que gastar menos de lo que tiene el Estado, pero también esa realidad tiene que venir acompañada con un plan de desarrollo que potencie todos los sectores productivos que tenemos en el país, que haya un desarrollo federal”, dijo.
Otros de los diputados que adhirieron son Roberto Mirabella (Unión por la Patria), Sofía Brambilla y Martín Ardohain por el PRO; Pablo Cervi, Danya Tavela y Pedro Galimberti por la UCR; y Francisco Morchio por Hacemos Coalición Federal.
