Diputados de la provincia de Córdoba sin distinción política trabajan para avanzar con una ley de condonación de las deudas que mantienen seis municipios y una cooperativa ante el Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) por casi 50 millones de dólares, debido a que quedaron afuera de la pesificación.
Los municipios que afrontan esas deudas son Cosquín, Río Tercero, Huinca Renancó, Monte Maíz, San Basilio y Villa General Belgrano, y se suma la Cooperativa de Agua Potable de Villa Nueva. Al mes de marzo, la deuda acumulada era de 49.942.857,54 dólares.
El tema fue abordado en una reunión que tuvo lugar este lunes en el Ministerio de Finanzas de Córdoba, con la participación de legisladores de diferentes bloques.
Este martes, el jefe de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, y su par de la UCR Mario Negri retomaron el reclamo en la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión de Diputados, donde el oficialismo se comprometió a abrir el debate en comisiones.
Gutiérrez busca consensos para avanzar con un proyecto que presentó en diciembre pasado junto a sus pares Ignacio García Aresca y Natalia De la Sota.
La iniciativa faculta al Ministerio de Obras Públicas, a través de Enohsa, a condonar las deudas contraídas por las provincias y municipios, en el marco de los programas convenidos con esa entidad, para financiar obras hídricas y de saneamiento.
Esa facultad sería conferida por 180 días y sería aplicable a todas las deudas contraídas entre 1998 y 2019, “vencidas o por vencer, incluyendo los intereses y demás cargas que deban afrontar las provincias y municipios”, y “no procederá para el caso de las cuotas que ya hubiesen sido canceladas”.
“Muchos municipios están al borde de la judicialización por el descuento de los créditos obtenidos en el marco de la convertibilidad vía organismos de crédito internacionales al Enohsa para obras de saneamiento, en dos modalidades: directo el municipio o con garantía de la provincia”, explicó Gutiérrez a La Voz.
La deuda total garantizada por la provincia es de 13.287.216,74 dólares, mientras que la deuda en la que la provincia actúa como agente de retención de la coparticipación es de 35.363.177,70 dólares.
El legislador schiarettista señaló que “esas deudas son, increíblemente, las únicas que no fueron pesificadas después de la salida de la convertibilidad”, y “las sucesivas gestiones del Enohsa no han sido capaces de resolverla”.
“Los municipios enfrentan deudas en dólares impagables, que además tienen una base de insustentabilidad legal y jurídica, porque no se le puede exigir a los intendentes que contrajeron esas deudas algo que no se le exigió a todos los otros que sí entraron en la pesificación”, consideró Gutiérrez.
Además, afirmó que “aún si se condonaran solo los intereses y se mantuviera la deuda en moneda extranjera, igual sería impagable para los municipios”.
En el mismo sentido, Negri indicó a La Voz que se trata de “la espada de Damocles que cae sobre municipios de todo el país que tenían convenios con el Enohsa por créditos internacionales del BID vinculados a agua y cloacas”.
Negri recordó que acompañó las gestiones, incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, “procurando que le dejen de descontar a los municipios”.
“Hay que encontrar una solución definitiva a este tema que quedó colgado en el país. Pasan los intendentes y la deuda sigue. Lo que venimos haciendo desde hace 12, 13 años, lo saben todos los intendentes que están en esta situación. Vamos a contribuir en todo lo que podamos”, garantizó.
También se pronunció a favor de resolver el tema la diputada Gabriela Brouwer de Koning, representante de Río Tercero, uno de los municipios más afectados, con una deuda acumulada de 22.971.335,96 dólares.
“Hemos recogido el reclamo de Intendentes y presidentes comunales en nuestras recorridas. Córdoba es la más afectada por esta problemática, y en especial la Municipalidad de Río Tercero. Estamos buscando una solución justa y definitiva”, dijo Brouwer a La Voz.
La diputada del bloque Evolución Radical, que encabeza Rodrigo De Loredo, aseguró que “la excesiva onerosidad sobreviniente, a causa de la devaluación, multiplicó las deudas contraídas por municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos que confiaron en el Estado Nacional para obtener financiamiento y ejecutar obras de servicios básicos para la población”.
“Ese mismo Estado Nacional, que ya pagó dicha deuda, no puede seguir detrayendo los recursos a los municipios para hacerse del cobro de la misma en dólares, dejándolos en una situación de vulnerabilidad, de imposibilidad de cumplimiento y limitando sus actos de gestión”, concluyó.
