El proyecto de ley agroindustrial comenzó a ser debatido en la Cámara de Diputados y tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace aprovecharon la oportunidad para reclamar una rebaja de las retenciones, pero desde el Frente de Todos dejaron entrever que no incluirán cambios en esta iniciativa.
La discusión arrancó este miércoles en las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria, dos semanas después de la presentación del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien había pedido avanzar con el proyecto elaborado en el marco del Consejo Agroindustrial.
El texto establece beneficios impositivos en todos los eslabones de la cadena de valor para fomentar las inversiones y las exportaciones, así como mejorar la competitividad y generar puestos de trabajo. Es un plan proyectado hasta 2025, con posibilidad de prórroga por cinco años.
El proyecto dividió a la Mesa de Enlace. El respaldo más contundente se escuchó desde CONINAGRO, la entidad que agrupa al sector cooperativo agrario, en la voz de Carlos Iannizzotto. Desde CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), Jorge Chemes mostró un entusiasmo más mesurado.
Por su parte, Nicolás Pino, de la Sociedad Rural, tomó distancia y aclaró que esa institución “no participó de la elaboración del proyecto en ninguna de las instancias”. Por la Federación Agraria estaba convocado Carlos Achetoni, pero no asistió.
A pesar de las diferencias, las tres entidades de la Mesa de Enlace que estuvieron presentes se abroquelaron en el reclamo para avanzar en una rebaja de retenciones.
“Tenemos que trabajar sobre ese tema, hay otros esquemas impositivos que pueden ser más benignos”, sostuvo Iannizzottto. “Nos debemos la discusión de una reforma tributaria integral en los tiempos que sean necesarios, donde impuestos como Ingresos Brutos o los derechos de exportación sean tenidos en cuenta”, aportó Elbio Laucirica, también de CONINAGRO.
En tanto, Chemes advirtió que “los productores primarios necesitamos una reducción de la carga impositiva a través de la eliminación de los derechos de exportación”. “Si bien estaba comprendido en el proyecto, lamentablemente en el camino no lo hemos visto plasmado, y es algo sumamente necesario”, planteó.
Desde la Sociedad Rural, Pino alertó que el proyecto “aborda temas aislados y no contempla las verdaderas reformas estructurales” que necesita el campo, entre las que mencionó la disminución de retenciones. “Nuestra interpretación es que hoy no son legales, por eso iniciamos un juicio en Córdoba”, recordó.
La oposición recogió el guante. Tanto el economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) como el schiarettista Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) avisaron que, sin cambios en los derechos de exportación, esta ley funcionará como un “parche”.
“Las retenciones son un pésimo impuesto”, enfatizó López Murphy, que además sostuvo que hay que trabajar en eliminar los cupos “en todo tipo de operaciones”, unificar la política cambiaria, extender los alivios fiscales a todo el sector productivo y emprender una “limpieza general” de “impuestos disparatados”.
Gutiérrez, por su parte, recordó que los primeros borradores del proyecto que luego se envió al Congreso contemplaban el tema de las retenciones.
“Preocupa que el tema de los derechos de exportación no está contemplado y tiene igual impacto en la distorsión del aspecto productivo que el tipo de cambio. Hay que incorporar en esta discusión los derechos de exportación para que el parche sea menos parche”, afirmó.
Y agregó: “Cada cordobés pone 8.179 dólares per cápita en materia de retenciones. Aun así, y a pesar del esfuerzo de nuestro gobierno provincial, tenemos huecos en materia de infraestructura, un elemento fundamental en materia de competitividad. Hay que empezar a corregir estas y otras distorsiones”.
Al cierre del debate, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, fue tajante: “No le pidamos todo a una sola ley, porque es probable que no lleguemos a cumplir todos los objetivos en un solo paso”. En la misma línea, Marcelo Casaretto, titular de la Comisión de Industria, pidió: “Avancemos sobre la ley que tenemos sin agregar tantas cosas que nos compliquen o dilaten la aprobación”.
Ley agroindustrial: el proyecto
En nombre del Gobierno nacional, participó del plenario de comisiones el secretario de Agricultura, Matías Lestani, quien destacó la “experiencia conjunta de más de 61 instituciones que participaron tratando de generar los consensos con el Estado para llegar a una ley”.
“Para el Ministerio es una condición sine qua non trabajar en el fomento de las exportaciones. Este es el ejemplo de una política de Estado. Justamente el sector más pujante de la economía argentina no tiene una política de Estado, y este es el primer peldaño”, resaltó el funcionario.
El proyecto prevé la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada del IVA, dos de los beneficios que se aprobaron en Diputados para la industria automotriz. También se establece un bono de crédito fiscal computable de Ganancias por las compras incrementales en fertilizantes, semillas, bioinsumos y genética y sanidad animal, entre otros incentivos.
Alfredo Paseyro, gerente general de ASA (Asociación Semilleros Argentinos) y representante del Consejo Agroindustrial, destacó que el impacto directo de esta ley sobre la cadena agroindustrial en 2026 sería un aumento de 4.300 millones de dólares en inversión; de 7.300 millones en exportaciones; y de 270.000 nuevos puestos de trabajo.
Por su parte, el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, apuntó que la ley fomentará “la industrialización, ver de qué forma podemos crecer en exportaciones con valor agregado” y “la generación de divisas, que va a ayudar a estabilizar la macroeconomía”. También indicó que “la industrialización debe darse en el interior, lo que implica crear fuentes de trabajo”.
Antonio Aracre, CEO de Syngenta, consideró que “el sector contribuye muchísimo fiscalmente. Las retenciones en algunos cultivos son más de un tercio, y eso compromete la rentabilidad del productor en forma significativa”.
“En ese sentido, cualquier incentivo para la compra de tecnología donde el productor pueda tener algún tipo de recupero en otros impuestos que amortigüen este gravamen a las exportaciones es muy importante”, opinó.
