El Gobierno sufrió un golpe al corazón de su “plan motosierra”. Mientras se desarrollaba una importante manifestación contra el ajuste implementado por Javier Milei en distintas áreas, la oposición aprobó en la Cámara de Diputados una recomposición de las jubilaciones, un aumento del bono y, sorpresivamente, la restitución de la moratoria previsional. Un “combo” de impacto social que choca con el programa de déficit cero del presidente.
Los proyectos deberán completar su derrotero en el Senado y están destinados al veto, según confirmó este miércoles el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. De ser así, la oposición necesitará reunir dos tercios de los votos para ratificar las leyes, una misión cuesta arriba si se tiene en cuenta el antecedente negativo de 2024 con la movilidad jubilatoria.
El giro de los representantes del oficialismo cordobés fue importante para el quórum. Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres, que no habían estado la última vez, colaboraron ahora para el número, al igual que el democristiano Juan Brügge, mientras que Ignacio García Aresca, el más cercano al gobernador Martín Llaryora, se sentó una vez que el tablero marcó 129 diputados. Natalia De la Sota estuvo presente, como lo hace habitualmente en las embestidas contra Milei.
Por un lado, se aprobó con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones una recomposición del 7,2% para todos los haberes (menos los regímenes especiales) en concepto de lo perdido frente a la inflación de enero de 2024. Paralelamente, se avaló un aumento del bono de los $70.000 actuales (valor congelado desde marzo del año pasado) a $110.000. El monto será actualizado mensualmente por la movilidad jubilatoria.
En materia de ingresos también hay un capítulo para las provincias, ya que establece un régimen de automaticidad de las transferencias a cajas previsionales no transferidas que cumplieron con las auditorías. Por otra parte, queda fijada por ley la fórmula de movilidad vigente, que el Gobierno estableció por DNU.
¿Cómo se financiaría todo? A través de la reasignación de las ampliaciones de presupuesto de la SIDE (Secretaría de Inteligencia); sobrecargos y comisiones que el FMI ya no cobra a la Argentina; y eliminación de diversas exenciones y beneficios impositivos, entre otras fuentes.
El texto aprobado fue fruto de una unificación de propuestas de Unión por la Patria, por un lado, y Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, por otro. Todos esos bloques votaron a favor, además de la izquierda. La Libertad Avanza se opuso junto al sector del PRO más alineado a Milei. La UCR, liderada por el cordobés Rodrigo De Loredo, y la facción del PRO que responde a Mauricio Macri se abstuvieron, lo que abre una ventana de duda a la hora de resistir al veto. Al votar el articulado, el radicalismo acompañó la recomposición del 7,2%.
Sorpresa con la moratoria
La sorpresa llegó en la votación posterior: Unión por la Patria consiguió aprobar, con 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones, la restitución de la moratoria previsional que venció en marzo, por el término de dos años. El kirchnerismo estalló de euforia ante una victoria que no estaba en los cálculos, y que se logró gracias a las abstenciones de diputados de Encuentro Federal y de Democracia para Siempre.
Entre esas abstenciones estuvo la de la cordobesa Alejandra Torres, especialista en temas previsionales y ferviente detractora de la moratoria. La legisladora se abstuvo porque defendía su propio dictamen, pero no se llegó a votar.
El asombro se dio porque, durante toda la jornada, el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal) había negociado con otros bloques aprobar, en lugar de la reposición de la moratoria, una “Prestación Proporcional por Vejez” para atender la situación de las personas que cumplen la edad para jubilarse pero no los 30 años de aportes necesarios.
En su opción “intermedia”, Massot proponía un nuevo régimen para hombres de 65 años y mujeres de 60 años, que podrían acceder, como piso, a la Puam (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que equivale al 80% de la jubilación mínima, más un adicional por los años de aportes hechos durante la vida laboral.
En tanto, La Libertad Avanza y el sector “mileísta” del PRO querían dilatar la definición a través de una comisión especial que discutiera una reforma integral del sistema. Pero la otra facción del PRO, referenciada en Macri, defendió una prestación proporcional. Daiana Fernández Molero, una de las economistas de referencia del expresidente, advirtió que como el Ejecutivo no envía las bases de datos y no hay ley de Presupuesto, “le dan aire a la ‘comisión del déficit’ para que presenten más y más parches”.
Pese a las diferencias, ningún diputado del PRO aportó al quórum. Tampoco lo hizo la UCR, salvo tres excepciones, como el exvicepresidente Julio Cobos. La decisión del radicalismo fue la más difícil de justificar, puesto que tenían dictámenes propios, encabezaron el debate en comisión, e incluso el año pasado habían impulsado una recomposición de las jubilaciones. En el bloque argumentaron, entre otras cosas, que se negaban a “subirse a una movida kirchnerista”.
Igualmente, al momento del debate, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Koning, defendió la propuesta de prestación proporcional presentada por el radicalismo. “No podemos de nuevo proponer la moratoria, someternos a ese error. Desde la UCR nuestra propuesta es responsable, que busca integrar sin quebrar y proteger sin hipotecar”, aseguró la cordobesa.
En otro momento de la sesión, la kirchnerista Julia Strada salió al cruce de una diputada libertaria, Juliana Santillán, que quedó en el ojo de la tormenta porque en una entrevista televisiva le dijo a una médica del Hospital Garrahan que la Canasta Básica para cuatro personas es de $360.000, cuando el valor según el INDEC es de $1.110.063, es decir, más del triple de lo que dijo la oficialista.
“Me asusta la distancia que tienen algunos integrantes de esta Cámara de lo que le pasa a nuestro pueblo, la disociación que tienen en su cabeza respecto de lo que cuesta vivir en Argentina”, advirtió Strada, y agregó: “No se puede vivir con eso en el país. Un jubilado de la mínima a junio está en $304.000 y tienen el bono congelado en $70.000 hace un año”.
