El diputado nacional democristiano Juan Brügge presentó un proyecto de ley para regular el empleo de la inteligencia artificial (IA) de manera ética y transparente, respetando los derechos humanos, la privacidad, la seguridad y la equidad.
El legislador cordobés, integrante del bloque Hacemos Coalición Federal, afirmó que la iniciativa busca posicionar a la Argentina como un referente en Latinoamérica en el uso ético y responsable de la IA, para así contribuir al bienestar de sus ciudadanos y al progreso de la sociedad en su conjunto.
El diputado cordobés Juan Brügge plantea regular la IA
El texto presentado en el Congreso menciona conceptos de la Unesco en el sentido de que “la inteligencia artificial no debería ser una zona sin ley, pues su influencia puede impactar directamente en las vidas de las personas”, y agrega que hay avances regulatorios en la Unión Europea, Gran Bretaña y Estados Unidos, y en Latinoamérica existen proyectos o normas ya sancionadas en Perú, México y Chile.
La iniciativa fomenta la colaboración entre el sector público, privado y académico, lo que incluye la realización de investigaciones y proyectos piloto.
Brügge afirma que se basó en la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos, promover la innovación y la competitividad, fomentar la colaboración internacional en la regulación de la IA y establecer un marco legal para el desarrollo, la introducción al mercado y utilización de la IA.
El legislador agradecil la colaboración de docentes y especialistas de la catedra de Derecho a la Privacidad y Protección de Datos Personales, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en especial el abogado Manuel Godoy Luque, y la Asociación Civil Abogados 4.0, que preside la abogada Mónica Campero Fernández.
Entre los riesgos inaceptables y que se prohíben según el proyecto, se mencionan los que pueden amenazar los derechos humanos, como la manipulación cognitiva conductual de personas o grupos vulnerables; los sistemas de puntuación social o clasificación de personas según su comportamiento, estatus o características si ello les causa un daño, les da un tratamiento desfavorable o les deniega un derecho, y los sistemas de identificación biométrica en tiempo real, los que sólo autoriza de manera excepcional.
La norma propuesta designa como autoridad de aplicación al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y crea un Consejo Asesor en IA en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, compuesto por expertos en ética, tecnología, derechos humanos, privacidad y otros campos relevantes del sector público, privado, académico y organizaciones de la sociedad civil.
