La administración del Estado cordobés, a cargo de Martín Llaryora, atraviesa dificultades reales y objetivas: el aporte a la Caja de Jubilaciones es cero y, si bien está la promesa de normalizar el flujo, no hay ninguna certeza sobre la fecha. Anses debiera asumir la mitad del rojo previsional local, que equivale a casi el 30% de los gastos corrientes. No difiere demasiado de lo que le pasaba a Juan Schiaretti, quien recibió sin actualización 1.070 millones de pesos por mes durante sus últimos cuatro años de gestión y terminó llevando el reclamo a la Corte Suprema de Justicia, sin que el Tribunal dé hasta ahora señales de querer resolverlo.
La inseguridad sigue siendo preocupación extrema para la ciudadanía de Córdoba, que endilga prácticamente responsabilidad plena a lo que la Policía de Córdoba hace o deja de hacer. No aparecen en el radar el Ministerio Público Fiscal, que es el que debe llevar adelante la persecución penal del delito, ni los jueces con ADN zaffaroniano, que abundan en la Justicia local. Es más, el propio Llaryora instruyó “sintonía plena” con Patricia Bullrich en este tema, en un intento por amalgamarse con quien es hoy una de las funcionarias de mejor imagen en el equipo de Javier Milei.
Es probable que Córdoba saque provecho de la poca obra pública que quede en pie en manos de la Nación o al menos logre acelerar los trámites de transferencia: en la secretaría nacional está el cordobés Luis Giovine, extitular de la Empresa Provincial de Energía (Epec), de estrecha relación con Fabián López, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos. Las buenas nuevas tendrán más que ver con las mañas en la gestión que con el tamaño de los fondos a invertir.
Licuadora cordobesa
Lo que aparecía como una dificultad gigantesca fue resuelto sin demasiados contratiempos: la Provincia destina el 70% de sus recursos al pago de salarios y jubilaciones, por lo que el ritmo de indexación de esa enorme masa de dinero es clave para la supervivencia de las arcas locales. En el primer trimestre de 2023, los salarios públicos de Córdoba ajustaron 31%, contra una inflación en el período del 51,3%.
Las jubilaciones pasan por la misma licuadora, además de la tijera del aporte solidario que afecta a 15 mil beneficiarios. Ni el trotskismo de la UEPC de Capital hizo mella: el “no hay plata” nacional fue hábilmente usado por la Provincia, casi sin pagar costo político: la licuadora y la motosierra parece que son de exclusivo uso de Milei, cuando la realidad demuestra que no es así.
La suspensión del fondo de transporte y el incentivo docente le dieron plafón al ajuste de Llaryora, aunque en los hechos esa tijera representa apenas el 10% de lo que el gobernador terminó licuando. También es cierto que la recaudación se cayó, pero a salarios trasladó sólo el 50% de inflación, cuando los ingresos retrocedieron 20%.
La gran diferencia de los tiempos de Llaryora con los de Schiaretti es que el electorado cordobés se dio vuelta cuando se habla en términos nacionales. “Los cordobeses le perdonan cualquier cosa”, suele decir en privado el gobernador en referencia a Milei. Como si, de repente, los “pituquitos de Recoleta” no causaran el mismo rechazo que cuando estaban Alberto y Cristina.
El Estado que hace falta
Llaryora optó por dejar de referirse a “la paz de los cementerios” y mutó a “la recesión difícil que nos toca atravesar”. Ya no habla de “discriminación a Córdoba” sino del “esfuerzo que estamos haciendo las provincias”. Al gobernador le resulta incomprensible que la gente quiera ajuste. En sus códigos peronistas, ese reclamo explícito resulta absurdo, por más que él, sin decirlo, ajuste tanto o más que Milei.
Quizá lo que no termine de comprender Llaryora, a diferencia de su antecesor Schiaretti, es que cambió el clima de época. El exmandatario es un auténtico peronista de derecha en lo económico, dispuesto a ceder gestión a terceros, convencido del motor que significa el capital privado. “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como haga falta”, ha repetido Schiaretti en cuanto estrado haya tenido al frente. Es un molde ideal para el espíritu cordobés, que alienta al extremo la primera parte de esa premisa.
El reciente apoyo de Llaryora a la “ley bases”, luego del enfrentamiento de enero pasado que le costó demasiado al cordobés en términos de apoyo popular, no es decodificado como genuino por parte del electorado local, sino obligado por las circunstancias. Es que, en el fondo, a Llaryora lo entusiasma más la segunda parte del apotegma de Schiaretti: “Tanto Estado como haga falta”. O como yo decida.
