La modificación sobre las condiciones de los deudores de créditos UVA que en principio parecía una iniciativa en el sentido correcto, comienza a transformarse en un punto gris que amenaza con convertirse en un lastre tal como lo fue la Ley de Alquileres.
Asimismo, los tiempos políticos y la campaña electoral siembran dudas sobre su tratamiento en el Senado Nacional para que efectivamente se convierta en ley.
Informes privados y de bancos que se conocieron luego de la aprobación de los cambios por parte de la Cámara de Diputados remarcan las consecuencias que traerá la modificación, principalmente en el impacto sobre el otorgamiento de nuevos créditos hipotecarios.
“En un contexto de inflación crónica la única manera de generar condiciones para que existan créditos a largo plazo es que se contemple la indexación de las cuotas. Cambiar con una ley los términos de los contratos privados resulta políticamente atractivo para congraciarse con los actuales deudores. Pero perjudica a los que no tienen vivienda ya que con este tipo de medidas tendrán menos posibilidades de acceder a un crédito hipotecario”, sostuvo un trabajo de Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
El instituto argumentó su posición en los siguientes datos del INDEC surgidos de los últimos censos de población: en 1991 el 68% de las viviendas eran habitadas por sus propietarios; ese porcentaje subió a 75% en 2021 y se redujo a 66% en el conteo de 2022.
“Estos datos muestran que entre 1991 y el 2001, cuando la Argentina transitó un periodo de estabilidad de precios que permitió expandir los créditos hipotecarios, el porcentaje de familias que accedió a la vivienda propia aumentó significativamente”, afirmó IDESA.
En el Senado, tanto la fecha de tratamiento del proyecto como los votos con los que contaría son un interrogante. El proyecto aprobado en Diputados la semana pasada todavía ni siquiera tiene giro a comisiones, y la sola presión que pueda ejercer el diputado Julio Cobos (UCR-Mendoza), autor del proyecto, no será suficiente porque hay otros factores en juego.
Es que la Cámara alta, que ya venía con escasa actividad, quedó definitivamente paralizada esta semana luego de que la oposición dejara sin quórum la sesión en la que iban a tratarse pliegos judiciales, entre los que se encontraba el de la jueza Ana María Figueroa para la Cámara de Casación Penal.
En el mes de febrero, el Frente de Todos perdió el quórum propio por la partida de cuatro senadores, quedando con 31 frente a los 33 de Juntos por el Cambio. Es por eso que para aprobar cualquier proyecto necesita no solo de tres habituales aliados, sino también del bloque de peronistas disidentes Unidad Federal, que fue responsable (en parte) del fracaso de la última sesión.
A las diferencias políticas se suman el receso invernal de las próximas dos semanas y la campaña electoral hacia las PASO, con lo cual el proyecto sobre los créditos UVA tiene un camino más que complicado por delante.
Por su parte, los bancos sumaron su rechazo a la iniciativa, entre otros motivos, para defender su posición, dado que el Fondo Compensador que se creará para financiar la reducción de las cuotas los afecta en forma directa.
“Más allá de las buenas intenciones, los efectos serán los contrarios a los buscados como ya sucedió con la denominada Ley de Alquileres”, señalaron en un comunicado conjunto los bancos nacionales y los extranjeros en el país nucleados en ADEBA y ABA.
Sumando presión al debate público las entidades señalaron que “será muy difícil atraer los recursos necesarios para desarrollo del crédito hipotecario para la vivienda, en la medida que sea factible que el Congreso modifique los contratos pactados entre particulares. Esta cuestión deben tenerla en cuenta tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición”.
En esta línea, cabe recordar que el crédito hipotecario al sector privado pasó de US$17.094 millones en marzo de 2001 a US$1.557 millones en junio de 2023 al tipo de cambio oficial, y a US$947 millones al tipo de cambio paralelo, es decir, tuvo una caída del 89,1% medido en dólares al tipo de cambio oficial y de un 94,5% medido al tipo de cambio paralelo, según indicó un informe de la Fundación Libertad y Progreso elaborado a partir de los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
IDESA fue contundente con su conclusión: “es muy ilustrativo que este proyecto de ley, que ahora está en el Senado, fue promovido y aprobado tanto por legisladores del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. Esto alerta de que el primer paso para salir de la decadencia es hacer explícito y cuestionar estos consensos equivocados para implementar mejores políticas públicas”.
