El 44% de los trabajadores que hace aportes obligatorios a una obra social sindical se queda en la entidad asignada originalmente. El número, a criterio de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación es muy alto y debería en el corto plazo bajar a niveles casi testimoniales. Si eso ocurriera será porque resultó exitoso el proceso que imaginó su titular, Gabriel Oriolo y que presenta bajo dos premisas: más competencia y menos intermediación.
“Sólo el 56% de los aportes y contribuciones van a una obra social distinta a la del sector que trabaja el afiliado y un 44% se queda pese a que en muchos casos no le dan cobertura”, dice en diálogo con La Voz del Interior. Y cita el caso de Osprera, la que agrupa a 760 mil trabajadores rurales. “No les da cobertura, pero la gente no se va porque no sabe que se puede ir o porque el empleador se hace cargo”, subraya.
A partir del DNU 70 del Gobierno de Javier Milei, cualquier trabajador puede derivar su 3% de aporte obligatorio más el 6% del empleador a cualquier obra social sindical, de dirección o empresa de medicina prepaga, sin triangulación alguna. Oriolo indicó que hay 89 entidades inscriptas en el registro de financiadores, de los cuales alrededor de un tercio son prepagas. No hay cifras aun de cuántos trabajadores hicieron uso del traspaso en el 2024.
Hasta el decreto, una prepaga que quería tomar empleados en relación de dependencia, tenía que triangular: hacía convenio con una obra social sindical, esta entidad se quedaba con un porcentaje (del 3 al 8% del aporte) y la prestación corría por cuenta de la prepaga.
Las prepagas inicialmente se abalanzaron a los sectores de mejores salarios, aunque con el tiempo ofrecieron también la posibilidad de que el trabajador (o a veces su empleador) completen una diferencia para alcanzar un mejor plan.
Pero antes de derivar el 9% de aportes y contribuciones al sistema, hay un peaje: se llama Fondo Solidario de Redistribución, que maneja la Superintendencia y que por años se usó para disciplinar a gremios díscolos y premiar a los amigos. Ahí va el 15% de ese 9% del salario bruto, alrededor de 100 mil millones de pesos al mes. Esa plata se usa para pagar prestaciones de alto costo y de discapacidad. Las prepagas, hasta ahora, no accedían.
Al poder recibir de manera directa un afiliado con aporte obligatorio, accederá al reparto del famoso Fondo Solidario, lo que iguala la cancha para todas. “La gente tiene la libertad de elegir y a nosotros nos interesa que sepan que hacer el traspaso es fácil y que en la Superintendencia se pueden hacer los reclamos por falta de cobertura”, remarca Oriolo.
Achique forzoso
Lo que vendrá ahora será un proceso de depuración. En el sector aseguran que 10 mil afiliados es la masa crítica mínima como para garantizar prestaciones de cierta calidad y se calcula que un tercio de los financiadores desaparecerá o se fusionará con otros, de modo de aumentar la escala. Hay entidades con pocos afiliados y 15 empleados.
En el país hay 291 obras sociales sindicales habilitadas que tienen 15,5 millones de afiliados. En tanto, siete millones son afiliados de las 661 empresas de medicina privada existentes.
“Al desaparecer la comisión de la tercerización, la que ya no cobre eso o cambia de sistema o va a desaparecer”, dice el funcionario. Pero además, se eliminó casi en su totalidad el subsidio de Mitigación de Asimetrías (Suma), que se daba a las obras sociales con menos de cinco mil afiliados cuando esos afiliados tuvieran ingresos inferiores a la media. Hay unas 60 en esta condición, pero “entre 25 y 30 subsistían gracias a este sistema, que premiaba el no crecimiento”, remarca Oriolo. Muchas rechazaban afiliados para seguir cobrando el subsidio. Se calcula que desaparecerán.
Algo similar ocurre con las prepagas. De las 661, sólo 10 están inscriptas definitivamente con toda la documentación en regla.
“Hay 127 que nunca presentaron nada”, sostiene Oriolo. De ese grupo, 61 ya fue dado de baja y 66 están en proceso de notificación. De todos modos, quedan 534, lo que da un promedio teórico de 14 mil afiliados cada una. Pero se sabe que Osde, Swiss, Galeno, Omint y Sancor concentran el 70% de los afiliados, por lo que en realidad entre las 529 restantes se reparten en promedio 3.970 afiliados cada una. Una atomización bucrocrática e ineficiente.
“La apuesta es a que brinden cobertura y sean competitivas, estamos publicando planes y costos para que la gente pueda entrar y comparar”, describe el funcionario.
Hay varias cuestiones más que están en discusión, todas en simultáneo. Primero, es una redefinición del Plan Médico Obligatorio (PMO). “La idea es plantear una canasta de coberturas y que haya planes superadores”, sostiene Oriolo. Lo segundo a revisar son los gastos en discapacidad.
“Hoy tenemos fondos escasos para las prestaciones de alto costo y para el mecanismo de integración, que es la discapacidad. El 85% del Fondo de Solidaridad se destina a discapacidad y de eso, 15 mil millones de pesos van a transporte. “Cuando lo llevamos a los pacientes, vemos que la cantidad de kilómetros facturados equivale a 72 viajes a la luna”, dice. Hay una auditoría al respecto, con altas sospechas de fraude en el caso de 32 mil afiliados.
“El sistema que tenemos para pagar estas prestaciones para pagar fue concebido sólo para pagar, no controlar y actualizar los sistemas nos llevará tiempo. Pero en la medida en que nosotros detectemos que no hay control, se lo vamos a descontar a la obra social directamente sin afectar al prestador”, remarca.
“Como los costos de discapacidad están cubiertos por el Fondo, las obras sociales dejaron de controlar, total paga otro. Hemos detectado que ni siquiera tienen equipos interdisciplinarios para auditar lo que tiene el paciente. Pero además hay que evaluar las discapacidades: una persona sorda, que ha recibido un implante, no debería demandar el servicio de transporte.
El tercer problema acuciante para los financiadores está en los medicamentos: de representar el 20% de los gastos antes de la pandemia a orillar el 50% hoy.
Se trabaja en la creación de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías, que buscará sopesar los argumentos de los laboratorios a la hora de defender nuevos fármacos y a la vez, acompañe al sistema judicial, que en muchos casos da curso a tratamientos que son insostenibles.
“Queremos crear las condiciones para que compitan, que los beneficiarios pueden decidir con libertad a dónde quieren derivar sus aportes y que cada aporte llegue a la prestación, sin intermediarios ni triangulaciones”, subraya.
