La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), denunció penalmente por evasión fiscal al senador bonaerense Sergio Raúl Vargas, representante de La Libertad Avanza (LLA).
Vargas es abogado, excapitán de corbeta y ex asesor legal en la ex-Afip, donde cumplió funciones en el área de coordinación técnica e internacional.
La denuncia penal contra el senador Sergio Vargas
La presentación fue realizada este jueves ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 11, a cargo de la jueza Verónica Straccia, bajo el expediente 249/2025, según informaron fuentes oficiales a Infobae.
De acuerdo con la denuncia de Arca (ex-Afip), Vargas no habría justificado incrementos patrimoniales detectados en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondientes al año fiscal 2022.
Las autoridades sostienen que el caso reviste especial gravedad debido a la doble condición del denunciado como legislador provincial y funcionario de Aduanas.
El escrito presentado ante la Justicia sostiene que “el contribuyente ha desplegado un ardid tendiente a disminuir los montos de los impuestos a ingresar al fisco y, de esa manera, evadir parcialmente el pago de aquellos”. Según el ente recaudador, Vargas “omitió declarar operaciones gravadas, disminuyendo de esa forma el débito fiscal y las ganancias obtenidas en el ejercicio”.
La presunta maniobra fue detectada tras una verificación que reveló inconsistencias entre los consumos registrados con tarjetas de crédito y débito y los montos informados en su declaración jurada original del Impuesto a las Ganancias correspondiente al año 2022.
Así, las autoridades acusaron a Vargas por evasión tributaria simple en relación con el Impuesto al IVA del ejercicio 2022, con una deuda de $ 2.337.224, y con Ganancias del mismo período, por un total de $ 3.895.374.
Vargas fue notificado de las supuestas irregularidades a mediados de enero pasado y presentó liquidaciones, resúmenes de pago y otra documentación requerida durante los primeros días de febrero. El organismo advirtió diferencias entre los montos declarados y los consumos registrados. De esa manera, se estableció un sistema de pago para regularizar los saldos.
“Cabe señalar que los referidos planes se encuentran en estado ‘vigentes’, no habiendo operado a la fecha el vencimiento de ninguna de sus cuotas. Asimismo, debe señalarse que la reglamentación por la que se solicitaron los acogimientos no prevé beneficios de extinción o suspensión de la acción penal por lo cual es que se formula la denuncia penal”, se agrega en la presentación judicial.
A partir de esa deuda tributaria, el organismo pidió a la Justicia que el senador sea convocado a indagatoria, que se eleven a juicio las actuaciones y que se condenen los hechos denunciados a la pena máxima del delito: seis años de prisión.
