Un nuevo escándalo vino a sumarse a la larga serie de episodios que han tenido como escenario en los últimos años el gremio de recolectores y barrenderos de Córdoba (Surrbac), que desde 1992 dirige con mano férrea Mauricio Saillén.
El más antiguo dirigente gremial del sindicato, integrante de la actual comisión directiva, presentó el miércoles 4 de agosto una denuncia penal en los tribunales de la ciudad de Córdoba, ante la fiscalía de Patricia García Ramírez, afirmando que lo hicieron firmar engañado un papel para poder colocar a uno de los hijos de Saillén en la línea sucesoria del gremio.
Engañado
Como Mauricio Saillén, lo mismo que su principal socio, Pascual Catrambone, se encuentran procesados por graves delitos de presunta corrupción por la Justicia federal, el gremio es dirigido en los hechos por sus hijos Juan Saillén y por el exlegislador provincial, Franco Saillén.
Aunque en los papeles figura como secretario general el prosecretario Luis Dalmacio Torres, son los hijos de Saillén sus reales intermediarios. Dirigen el sindicato y se encargan de las relaciones gremiales y políticas con la administración municipal de Martín Llaryora, negociando las paritarias y realizando modificaciones en la forma en que trabajan los miles de empleados del servicio de recolección de basura.
Ramón Sánchez, quien se desempeña en el Surrbac desde hace 23 años y es considerado el decano de los gremialistas del sindicato, denunció que fue engañado por los Saillén. Afirma que le habrían hecho firmar su renuncia al cargo de prosecretario general, entreverada en otra serie de documentos que tres personas le llevaron a su casa de barrio Comercial, el 23 de julio.
Días después, Juan Saillén comunicó a través de sus redes sociales que la comisión directiva, por estatuto, le encomendó, precisamente, “ocupar el cargo de prosecretario general de nuestra institución madre que es el Surrbac”.
Es decir, comunicó públicamente que pasaba a ser el segundo en la línea de sucesión del gremio, pese a que entonces sólo se desempeñaba como primer vocal.
Sánchez dice en su denuncia que jamás lo convocaron a esa reunión de comisión directiva, pese a ser la segunda autoridad del gremio, y que jamás quisieron mostrarle el acta de esa reunión, mucho menos una copia de la supuesta renuncia que había firmado.
Festejos por el “nombramiento”
Mientras Sánchez intentaba parar la maniobra, Juan Saillén seguía celebrando su nombramiento en las redes: “Agradezco la confianza y les aseguro que a diario redoblaré esfuerzos para estar a la altura de las circunstancias, trabajando incansablemente por y para todos y cada uno de ustedes, compañeros y sus familias”.
Como Mauricio Saillén y Catrambone muy probablemente tengan que enfrentar un juicio oral para responder a las acusaciones de lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación, en perjuicio de los propios afiliados de su gremio, están pensando en dejar a sus hijos a cargo del sindicato.
El mandato de Saillén se extiende hasta octubre de 2022, pero debido a los hechos que investiga la Justicia, fueron intervenidos el gremio, la obra social y la mutual, y es probable que su mandato se venza sin que pueda volver a asumir como secretario general. La actual intervención del sindicato a cargo del abogado Iván Bruno Vaccaro no tiene fecha de finalización.
En ese contexto se entiende esta supuesta maniobra, un tanto desesperada, para colocar a uno de sus hijos al frente de la línea sucesoria del gremio. Aunque para conseguir ser elegidos, Juan y Franco Saillén deberían antes conseguir librarse de la causa judicial, porque también ellos se encuentran en la lista de 17 personas del gremio procesadas. En sus casos, están procesados por lavado de dinero.
Los mensajes de Juan Saillén permanecieron en sus perfiles hasta el miércoles a la noche. Luego de la presentación de la denuncia penal, los borró.
Una “traición” de Saillén
A Sánchez, un afiliado de 71 años, no sólo lo engañaron para hacerle firmar la renuncia, sino que además le quitarían el importante sueldo que cobra por el cargo, que ahora pasaría a manos del veinteañero Juan Saillén.
Este viejo gremialista dijo que se trata una “traición al final de la vida activa” debido al “plan criminal liderado y organizado por el exsecretario general Mauricio Saillén”, con ayuda de sus hijos Juan y Franco, y también de Luis Dalmacio Torres y María José Nazrala, prosecretaria de la mujer en el gremio. Dijo Sánchez que todas estas personas “pretenden burlar las restricciones de la Justicia federal de impedir” que sigan aprovechándose de los dineros de los afiliados del Surrbac.
Su abogado, Claudio Bonetto, dijo a este medio que su cliente fue engañado, porque como se encuentra en grupo de riesgo por su edad, debido a la pandemia no estaba concurriendo al sindicato. “Hicieron algo bien planeado, para perjudicarlo, sabiendo que no era su voluntad renunciar. Está claro que las anteriores autoridades del gremio quieren volver a la conducción de cualquier manera, y si la Justicia no les pone límites, van a seguir trabajando así”.
Bonetto señaló que la actual intervención del gremio deberá decidir qué hace, porque en base a esta decisión de la comisión directiva, tendría que dejar de pagarle el sueldo a Sánchez y empezar a pagárselo al hijo de Saillén.
Sánchez, quien pidió constituirse en querellante particular, afirma que él también ha sido víctima del “plan delictivo” de Mauricio Saillén, que usa a otras personas del sindicato para violar las órdenes de la Justicia federal.
La firma del documento donde presuntamente figuraba su renuncia ocurrió en su domicilio particular, al que llegaron dos jóvenes del sindicato, que hicieron guardia varias horas frente a su puerta hasta que llegó otra mujer del gremio, quien le hizo firmar los papeles.
Mauricio Saillén había solicitado a la Justicia federal volver a la conducción del sindicato, y afirmó que se estaban violando sus derechos humanos. Pero el pedido fue rechazado por el juez Ricardo Bustos Fierro.
Saillén sigue en libertad pese a haber violado las condiciones que le impuso la Cámara Federal de Apelaciones, de no desarrollar actividad gremial, cuando el año pasado encabezó una asamblea masiva con afiliados en el Parque Sarmiento. El fiscal federal Enrique Senestrari decidió, contra el criterio del tribunal, que no era motivo suficiente para que volviera a la cárcel de Bouwer, donde había estado detenido.
Esta semana el gremio volvió a ser noticia por otro episodio de violencia, cuando uno de los guardaespaldas de Saillén, el luchador de kick boxing Matías Peralta, habría agredido a un barrendero en una dependencia de la Municipalidad de Córdoba. Hasta el momento no se conoce que la gestión de Martín Llaryora haya tomado alguna medida al respecto, si bien anunció que iniciaría una investigación administrativa.
