Centrales sindicales, movimientos sociales y organismos de derechos humanos de Argentina denunciaron el martes ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el nuevo protocolo de seguridad contra las protestas callejeras diseñado por el gobierno del ultraderechista Javier Milei.
El denominado "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación", presentado por el ministerio de Seguridad dos días después de anunciarse un plan de fuertes ajustes económicos, habilita a las fuerzas federales para desalojar o dispersar manifestantes que impidan el tránsito de personas o medios de transporte, en forma parcial o total, en rutas nacionales y otras vías de circulación bajo jurisdicción federal.
En su punto más controvertido, establece que los agentes podrán intervenir sin que medie orden judicial “toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal”.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, diversas organizaciones políticas y sociales, entre los 1.700 firmantes, impulsaron una acción conjunta ante Naciones Unidas y CIDH para que intercedan ante el Estado argentino y deje sin efecto el protocolo.
"La mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos", según un comunicado emitido el martes por los denunciantes.
En una carta enviada a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y otra dirigida a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, les solicitaron que “manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta”.
El nuevo plan de seguridad contra las protestas callejeras se dio a conocer la misma semana en la que el gobierno de Milei anunció un plan de ajuste ortodoxo para bajar el déficit fiscal que, entre otros puntos, incluye la devaluación del peso argentino más del 50%, el despido de empleados públicos, la reducción de subsidios al transporte y la energía y la suspensión de la obra pública, que tendrán un fuerte impacto social.
Como complemento al protocolo para las protestas, el gobierno advirtió que se retirará la ayuda social a quienes interrumpan vías de circulación durante las manifestaciones.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aclaró que el derecho a manifestarse está garantizado siempre y cuando no implique el corte de calles.
En los últimos años, en coincidencia con el deterioro de indicadores sociales por una galopante inflación, las protestas fueron moneda corriente, sobre todo, en el centro Buenos Aires. Más allá de la convocatoria, el método predilecto es el corte de calles que generan caos vehicular y el enojo de los capitalinos.
Un 65% de argentinos está de acuerdo con prohibir los piquetes, según una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires realizada el 11 y 12 de diciembre, que abarca más de 4.200 personas encuestadas y tiene un margen de error de 1,5%.
El control de la calle se pondrá a prueba este miércoles cuando organizaciones de desocupados se movilicen desde el Congreso a la histórica Plaza de Mayo contra el plan de ajuste de Milei y en coincidencia con un nuevo aniversario del estallido social de 2001 que dejó decenas de muertos por la represión policial.
