Un productor agropecuario rosarino denunció penalmente a dos integrantes de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a su presidente, a quienes sindica de ser los presuntos responsables de los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en el marco de un litigio multimillonario en contra de una influyente familia de Córdoba.
De acuerdo con la interpretación que el productor Luis González hace de los hechos, la Sala Civil habría modificado adrede la jurisprudencia, perjudicándolo en una cifra varias veces millonaria, pese a que su postura en el pleito había sido considerada legítima en fallos anteriores, tanto en primera instancia como en dos apelaciones.
Los denunciados son los vocales María Marta Cáceres de Bollati y Domingo Sesin –miembros de la Sala Civil– y el presidente del cuerpo, Luis Angulo, quien firmó el fallo pese a no haber integrado esa sala. González, con el patrocinio de los abogados Carlos Trebucq y Esteban Albarenque, los acusa de “dictar una resolución contraria a derecho, a los hechos y a la propia jurisprudencia del TSJ sin proporcionar fundamentos lógicos ni legales, con la intención de beneficiar a una de las partes”.
El caso se enmarca en un turbulento y enredado proceso con varios juicios en simultáneo. En él, Luis González reclama a la sociedad TVF SA, que integran la actual concejala de la ciudad de Córdoba Verónica Garade Panetta y su hermano Francisco, el pago de una supuesta deuda contraída en una operación de compraventa de un campo de seis mil hectáreas en Santiago del Estero y en la cancelación de varias cuotas de un supuesto préstamo “mutuo” que se habría pactado durante la misma operación, en dólares y otorgado por González, cuyo destino habría sido montar un feedlot.
La denuncia penal contra los tres integrantes del TSJ sostiene que los altos magistrados habrían beneficiado de manera arbitraria a la familia Garade Panetta al revertir cinco fallos –uno de primera instancia y cuatro en apelaciones– que les habían sido adversos en tribunales inferiores, donde se tramitó el juicio ejecutivo por el cobro de pagarés (impagos, según la demanda rechazada por el TSJ) por un monto global de 1,1 millón de dólares.
Antes de la intervención de la Sala Civil, la jueza de primera instancia Eugenia Murillo y los vocales de las cámaras de apelaciones sexta y séptima en lo Civil y Comercial habían rechazado la “perención” (extinción) del reclamo de pago por parte del vendedor del campo y prestamista, el productor agropecuario González.
Vale decir que la perención reclamada por los Garade Panetta, titulares de TVF S.A., se basó en que González no habría activado el expediente por el término de un año.
En el medio, TVF SA contraatacó con denuncias de “redargución de falsedad” respecto de la autenticidad de escrituras propias de una operación inmobiliaria y prestamista de estas características, en la que se incluyen hipotecas y pagarés millonarios.
Los vocales de la Sala Civil fueron consultados por este medio, pero a través de la oficina de prensa del TSJ se dijo que optaban por no hacer declaraciones.
La denuncia
De acuerdo con el relato del denunciante, en 2011 vendió a la empresa TVF SA un campo de seis mil hectáreas en la provincia de Santiago del Estero, y en el mismo acto otorgó a la empresa un préstamo de dos millones de dólares, constituyendo una hipoteca y una serie de pagarés.
Según González, la empresa cumplió con las tres primeras cuotas (anuales y consecutivas) del préstamo, pero dejó un saldo impago de 1,7 millón de dólares, lo que dio origen al reclamo ejecutivo.
En 2016, el productor y prestamista inició la demanda civil; un juicio complejo y plagado de denuncias y contradenuncias. Tres años después, en junio de 2019, logró una resolución favorable en primera instancia: la jueza Murillo rechazó el planteo de “perención” hecho por TVF SA, por lo que ordenó la continuación del juicio.
En una explicación llana: la jueza no le dio la razón a los hermanos Garade Panetta, quienes aseguraban que el juicio ejecutivo en su contra no debía continuar por inactividad del litigante durante más de un año. Este fallo motivó la apelación.
La apelación
Según el relato de los hechos realizado en la denuncia contra los integrantes del TSJ, la Cámara Sexta en lo Civil y Comercial –integrada por Silvia Palacio, Alberto Zarza y Walter Simes– confirmó en octubre de 2019 el fallo de primera instancia. Luego, en una segunda revisión (esta vez, un pedido de casación), la misma Cámara resolvió en febrero de 2020 “declarar formalmente inadmisible” el pedido de casación solicitado por TVF SA.
De acuerdo con la interpretación que hace el denunciante González a través de sus abogados, la Cámara Sexta actuó “en concordancia con la vasta jurisprudencia del TSJ”, que sostiene que el rechazo de un pedido de perención en primera instancia “no es impugnable vía casación”.
¿Cuál es la jurisprudencia citada por los abogados del denunciante González? De acuerdo con Trebucq y Albarenque, el fallo que “desestima la caducidad en primera instancia no constituye una sentencia definitiva ni irroga un gravamen irreparable”, por lo que “no es susceptible de fiscalizarse a través del recurso de casación”. Las comillas pertenecen a fallos de la Sala Civil en otros juicios. Para Trebucq y Albarenque, se aplica la jurisprudencia porque se trata de planteos análogos al de González.
Los abogados patrocinantes listan 14 fallos de la Sala Civil que serían en el sentido que ellos plantearon la demanda. Según el listado, Sesin firmó 14 de esos fallos; Cáceres de Bollati, ocho; y Angulo, tres.
Como ya se consignó, los vocales del TSJ no respondieron la consulta de La Voz, por lo que no se tiene la versión de los magistrados denunciados.
“Arbitrario”
El denunciante sostiene que en noviembre de 2020 la Sala Civil actuó de manera arbitraria por primera vez al declarar “mal denegado” por parte de la Cámara Sexta Civil y Comercial el pedido de casación.
El relato que deberá analizar el fuero Penal Económico, donde recayó la denuncia, dice que los tres vocales reenviaron la causa a la Cámara Séptima Civil y Comercial, con la orden de que pronunciara un “nuevo pronunciamiento”, motivada en que la confirmación del fallo de primera instancia podría “ocasionar un gravamen irreparable”, por lo que “asume el carácter de sentencia definitiva”.
Para los denunciantes, con esos “cuatro renglones sin fundamentación” la Sala Civil “rompió la jurisprudencia”, puesto que, como se señaló más arriba y siguiendo el razonamiento de Trebucq y Albarenque, el fallo en primera instancia no debe considerarse cosa juzgada, ya que sólo rechazaba la pretensión de la parte demanda de suspender el juicio por falta de actividad litigante.
“Habiendo mantenido el TSJ una postura uniforme durante años que fue contrariada abruptamente sin fundamentos, ya sugeriría una intención maliciosa de beneficiar a una de las partes (TVF SA, y por consecuencia a la familia Panetta)”, dice un explosivo párrafo de la demanda contra los vocales.
Una nueva Cámara
Tras esta intervención del TSJ, comenzó a intervenir la Cámara Séptima Civil y Comercial, conformada por María Rosa Molina, Jorge Flores y Jorge Arrambide, quienes el 26 de julio de 2021 confirmaron el fallo de primera instancia que sostenía que el litigio contra los hermanos Garade Panetta debía continuar. Al igual que lo ocurrido en la Cámara Sexta, en la Séptima también se le denegó a TVF SA la casación, con similares argumentos.
Ante la queja directa de los demandados, el TSJ consideró que esta segunda Cámara también estaba equivocada en su análisis y aceptó el recurso de casación para abocarse él mismo a resolver si el fallo que rechazó la perención del juicio era válido.
El 24 de noviembre de 2022, finalmente, revirtió todos los fallos favorables a González y declaró “la perención correspondiente al presente juicio ejecutivo”, por lo que el largo litigio a través del cual el vendedor del campo y prestamista reclamó la deuda quedó sin efecto.
Para quienes promueven la denuncia contra la Sala Civil, sus integrantes “actuaron sin seguir las normas procesales y legales, lo que implicaría una desviación intencional de sus deberes, que podría configurar un abuso de poder; otra vez el trato desigual al señor González no se justifica”.
De acuerdo con la demanda, al dar vuelta cinco fallos, el TSJ “trató de manera discriminatoria al señor González, a quien le causó un perjuicio económico directo e irreversible”, puesto que “nunca le será restituida” la suma de más de un millón cien mil dólares.
La denuncia penal contra los tres miembros del TSJ ingresó el 11 septiembre y el jueves fue girada al fuero Penal Económico (llamado “anticorrupción”), que deberá abocarse a su análisis.
Una familia influyente
El escrito del denunciante Luis González dejó expuesto los vínculos de los hermanos Garade Panetta con la política y el Poder Judicial: Verónica es actual concejala de la Ciudad de Córdoba; antes fue legisladora por la Unión Cívica Radical y también integró el esquema ejecutivo de Ramón Mestre en la Municipalidad capitalina. Además, es vicepresidenta del Colegio de Abogados.
Por su parte, Francisco es familiar político de Olga Riutort. Los hermanos son primos de la madre de los hijos de Sebastián López Peña, vocal del TSJ. Los vínculos de la familia quedaron expuestos en el famoso robo en la cena del 23 de diciembre de 2016 en barrio Cofico, de la Capital provincial, mientras se celebraba el cumpleaños de la abogada María Teresa Panetta, la madre de ambos, fallecida en septiembre de 2023.
