El delito no da tregua y el drástico agravamiento de la situación social advierte sobre un recrudecimiento de la inseguridad en Córdoba. El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, acaba de admitir esta realidad, que es la misma que observan todos los involucrados en la prevención, la persecución penal y el juzgamiento de los delitos.
Ese cuadro de situación y el hecho de que el gobernador Martín Llaryora hiciera del combate a la inseguridad su principal promesa de campaña parecen haber logrado una atípica alineación de voluntades entre sectores que en los últimos años sobresalieron por las peleas internas. Así, bajo la coordinación de Germán Garavano –quien fue ministro de Justicia de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri– el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Ministerio Público Fiscal y las carteras provinciales de Justicia, Seguridad y Desarrollo Humano (que maneja minoridad) avanzan en un proyecto que apunta a hacer más eficiente el combate del delito y la persecución penal en la Capital.
El replanteo del sistema incluye varios proyectos que se desarrollarán en simultáneo y que tienen diferentes niveles de avance en su planificación y desarrollo. Lo más contundente hasta ahora fue la creación de 11 nuevas fiscalías de Instrucción de Distrito para la ciudad de Córdoba: una suba del 50 por ciento, lo que obliga a replantear el mapa territorial de todas las fiscalías y unidades judiciales.
El concurso para la designación de esos fiscales aún no fue iniciado por el Consejo de la Magistratura y, dado el ajuste general, muchos dudan si las nuevas estructuras supondrán equipos completos en torno de cada nuevo fiscal.
En ese reacomodamiento se procura, además, coordinar equipos de trabajo que incluyan también a las comisarías, de modo de profundizar en el conocimiento de la problemática penal de cada zona. El primer paso fue, el año pasado, la eliminación de los turnos rotativos y la asignación permanente de una o dos unidades judiciales a cada fiscalía.
Según lo informado por Luis Angulo, presidente del TSJ, ese plan de trabajo de la Fiscalía General que conduce Juan Manuel Delgado es ampliado y profundizado en el proceso que está comenzando bajo la coordinación de Garavano. También fue contratado como asesor el jurista Héctor Chayer, quien ya participó de la reforma del fuero Laboral y de la reforma que supuso la oralidad en el fuero Civil.
Angulo recalcó el apoyo del Poder Ejecutivo y la decisión política de proveer los recursos presupuestarios para el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal.
“La decisión política de fortalecer el fuero Penal para enfrentar la creciente inseguridad nos da una oportunidad histórica de llegar a un consenso entre todas las partes, desde fiscales y jueces, camaristas y asesores letrados, incluidos los ministerios de Justicia, de Seguridad y de Desarrollo Humano, para combatir el delito y mejorar el servicio de Justicia penal”, explicó Sebastián López Peña, vocal del TSJ y titular de la Sala Penal de ese cuerpo.
Cuatro centros de recepción
López Peña es especialmente crítico de la actual existencia de un único centro de ingreso de detenidos, ya que sostiene que “existe un embudo en la entrega de procedimientos” que impactó en una “menor calidad investigativa”.
Desde la Fiscalía General cuestionan ese diagnóstico –reiteran que no puede haber detenidos en comisarías–, pero coinciden en que con la creación de 11 nuevas fiscalías, se debe replantear el esquema. Lo resuelto es descentralizar en el corto plazo en cuatro centros la recepción de procedimientos y personas aprehendidas, para agilizar el inicio de las investigaciones. Se están definiendo las locaciones, que se repartirán por cuadrantes, y el objetivo es avanzar en el corto plazo con ese cambio operativo.
La prioridad de varios de los cambios en marcha son los delitos en flagrancia y las detenciones que se producen en esas situaciones. Según lo explicado por la vocal del TSJ Aída Tarditti, antes de fin de año estará implementado en prueba piloto en la Capital un “protocolo de flagrancia” que está muy avanzado y apunta a cierta estandarización de las actuaciones de las fiscalías de Instrucción –a excepción de las especializadas– y a agilizar los plazos de resolución.
“Urge un tratamiento serio y ágil de la flagrancia, que debe incluir respuestas rápidas a la sociedad: juicios tempranos o alternativas como probation o reparaciones a las víctimas, pero rápidos”, indicó Tarditti, quien también recalcó que en la Justicia de Córdoba están las condiciones dadas para avanzar en ese sentido, por los desarollos que hubo en materia de expediente electrónico y oralización. El objetivo es que tras la prueba piloto de Capital, en 2025 el protocolo de flagrancia pueda extenderse a todas las grandes ciudades cordobesas.
Otra de las acciones que las partes señalan como relevante en este proceso es dejar atrás el certificado de antecedentes que sigue administrando la Policía de Córdoba. Existe consenso en que el actual sistema agrega demoras al procedimiento penal y que sería un avance pasar al sistema de antecedentes de la Nación, que supone acceso digital e inmediato. En el pasado, fue la falta de consenso entre todas las partes involucradas lo que impidió ese cambio, que ya había sido solicitado al Ministerio de Seguridad de la Nación en la gestión anterior.
Hay tres ministerios provinciales directamente involucrados en el proceso. Los ministros Julián López (Justicia) y Quinteros (Seguridad) son los titulares de las dos áreas más afectadas por los cambios en marcha. La ministra Liliana Montero, quien tiene a su cargo la Senaf y la problemática de los menores en conflicto con la ley penal, también es parte de la discusión, que muy a menudo termina en otra problemática central: la insuficiencia de la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario cordobés.
“En 2007 había 7.500 detenidos en Córdoba y hoy son casi 13 mil. La capacidad de las cárceles es un problema, como también es insuficiente la capacidad de alojamiento de las personas aprehendidas, máxime cuando son menores de edad”, indicó López Peña, quien tomó la iniciativa a la hora de hacer públicas las líneas principales del proyecto en evolución.
Este diario consultó a todas las partes involucradas. Todos afirmaron estar participando del proceso y coincidieron también en que, por primera vez en años, hay una activa búsqueda de consenso.
También es reiterada la referencia a la presión social por el recrudecimiento del delito, y a la necesidad de dar respuestas rápidas y decididas, ante la sospecha de “puerta giratoria” e inacción del sistema judicial.
