Los nueve “coleros” o sindicados cómplices de las maniobras de “pitufeo” bancario achacadas por la Justicia a la cúpula del gremio de Luz y Fuerza de Córdoba, encabezada por los enjuiciados Jorge Molina Herrera y Gabriel Suárez, acordaron con el Ministerio Público Fiscal indemnizar con 15 millones de pesos al sindicato por el desfalco y evitaron así llegar a juicio.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba capital hizo lugar al acuerdo de suspensión de juicio a prueba (probation) celebrado por el fiscal general Carlos Casas Nóblega y las defensas de Justiniano Omar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Emiliano Ricardo Chaer, Enrique Osvaldo Lorente, Julio César Secchi y Cecilia Ivone Pérez (imputados por defraudación por administración fraudulenta como partícipes necesarios, sin antecedentes penales).
Deberán abonar al gremio $ 15 millones en total, aunque las cifras difieren según cada caso (desde $ 1,3 millones hasta $ 3 millones) y cumplir con tareas comunitarias en diversas organizaciones.
El acuerdo les permitió eludir el juicio que, por estos días, se sigue a los nueve imputados principales, sobre los que pesan graves cargos por asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y lavado: Molina Herrera, Suárez, Fernando Navarro, Daniel Edgardo Lozano, Roque Daniel Tapia, Yanina Victoria Molina (hija de Molina Herrera), Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Martín López.
La acusación por defraudación a Luz y Fuerza Córdoba
La causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos” desde 2012 por parte de integrantes del sindicato.
La investigación se centró en las tres formas de defraudación que se habrían consumado desde Luz y Fuerza: mediante el libramiento de cheques a favor del sindicato (por parte de la conducción), la firma de cheques a favor de personas jurídicas (con vínculos con la organización) y el libramiento a personas relacionadas con los imputados de manera directa o indirecta (empleados gremiales, personas con “inconsistencias” ante el fisco, sin actividad comercial, beneficiarios de planes sociales o jubilados; por ejemplo, de la Mutual para Profesionales Técnicos y Personal Superior, Ampes).
La pesquisa se profundizó y se descubrieron nuevas maniobras sobre la presunta defraudación de unos 180 millones de pesos del Fondo Compensador y el remanente destinado a jubilados y pensionados de Epec.
La acusación colocó a Suárez (en su carácter de, por entonces, secretario general), Molina Herrera (exsecretario adjunto) y Navarro (exsecretario de Finanzas) como los presuntos jefes de la asociación ilícita. “Conformaron un grupo para defraudar a la entidad sindical que decían representar, mediante el manejo de fondos que eran desviados y conducidos a su patrimonio y/o al de terceros”, afirmó el juez federal Alejandro Sánchez Freytes cuando los envió a juicio.
Suárez, Navarro y Molina Herrera suscribían la totalidad de los cheques. Muchos eran librados a favor del sindicato para cobrarlos directamente o endosándolos (sin poder determinarse el motivo) a los autorizados para su pago: Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Oscar Fabián Guzmán –fallecido– (declararon que cumplían órdenes de Suárez, Molina Herrera, Navarro y Lozano, y que, una vez cobrados, entregaban el dinero a la cúpula o a quienes ellos les indicaran).
De este modo, desde el sindicato se libraron múltiples cheques que tenían como beneficiarios a personas con disímiles actividades registradas (extracción de petróleo; fabricación de heladeras; elaboración de cemento; venta de artículos de bazar, y mayoristas de agencias de viajes), quienes a su vez los endosaban a “coleros” (jubilados o personas sin actividad registrada en el fisco o beneficiarias de planes sociales), si no eran endosados directamente a estos últimos.
La cúpula no habría buscado, en realidad, pagar “servicios” a esas personas de rubros muy diferentes, sino desviar burdamente los fondos “por goteo” –a través de lo que se conoce como el “pitufeo bancario” o fraccionamientos de altos montos en pequeños para no llamar la atención–, en beneficio de los imputados.
Así aparecieron en escena reiteradas cifras “redondas” en los cheques librados (usualmente, de $ 40 mil y $ 50 mil) y el cobro en el mismo día o con pocos días de diferencia, con pérdida de trazabilidad.
Darío Cipollini, un testigo imprentero (curiosamente imputado en 2019 como el “rayador serial” de autos de Nueva Córdoba), declaró que el sindicato “normalmente” fraccionaba “el total de la operación” de “pago” por un “servicio” en “varios cheques”. Así, habría solicitado “a los proveedores que uno de esos cheques” fuera “devuelto a ellos a través de un endoso, haciéndose ellos con la suma”.
Al monto total de la operación, de acuerdo con su denuncia, le agregaban una sobrefacturación, con la que obtenían un valor.
Algunas maniobras adjudicadas a los “coleros”
Suárez, Molina Herrera y Navarro libraron cheques por $ 50 mil a favor de la firma presuntamente inexistente Tropicanas Emp Ltda., que habría prestado servicios de hotelería en Brasil.
A través de un “apoderado”, esta lo endosó a los “coleros” Arce y Secchi (sin actividades registradas en el fisco y por entonces empleados del Ministerio de Servicios Públicos), que lo cobraron. El dinero del gremio, se sospecha, habría ingresado a los bolsillos de la cúpula, lo que consumó la defraudación a los afiliados.
También libraron un cheque por $ 40 mil contra la cuenta corriente del gremio en el Banco Nación, con Fidelbo como beneficiario. No sólo era empleado de Luz y Fuerza, sino apoderado/firmante de la cuenta y sin inscripción en el fisco.
Para la acusación, no existe ninguna razón que justificara ese traspaso de fondos. Fidelbo luego lo endosó a Delgado, trabajador de Ampes pero sin registración ante la ex-Afip (hoy, Arca). La mecánica se repitió, al punto que Delgado recibió de la conducción gremial $ 920 mil.
Tahan, vinculada a la imprenta El Molino Industria Gráfica y la empresa Reflex Blue SAS (sin inscripción fiscal), fue beneficiaria de endosos por $ 2,1 millones, luego nuevamente endosados a Fidelbo y el mencionado López (empleado de Luz y Fuerza).
La cúpula también libró un cheque contra la cuenta corriente del sindicato en el Nación con el empleado del gremio Galván como beneficiario. Galván luego lo endosó a su compañero sindical Guzmán (luego fallecido), quien finalmente hizo lo mismo colocando a la “colera” Carranza –sin registración fiscal y empleada de Ampes– como beneficiaria. La mujer habría recibido más fondos del sindicato, hasta llegar a $ 350 mil.
Lorente, registrado como prestatario de servicios de alojamiento y hotelería (tiene un hotel en Termas de Río Hondo), recibió un cheque de Luz y Fuerza que endosó a Chaer, un jubilado de Ampes (recibió cheques por $ 350 mil) y a López y a Guzmán.
En el caso de Loyola, Galván primeramente recibió un cheque librado por la cúpula, que luego le endosó a aquella a pesar de que no tenía vinculación con Luz y Fuerza. Los investigadores comprobaron que, amén de recibir planes sociales por su precaria situación socioeconómica, manejó cheques por hasta $ 950 mil.
Rechazo a los casi $ 200 millones de los acusados principales
Por su parte, el mismo tribunal –integrado por Carolina Prado, Noel Costa y José Asís– rechazó el ofrecimiento de $ 198.433.940 impulsado por los nueve imputados principales en concepto de reparación del daño para evitar el juicio y lograr el sobreseimiento.
Los abogados Ernesto y Tristán Gavier (defensores de Molina Herrera, Suárez, Navarro, Lozano, Tapia y Victoria Molina) plantearon la excepción de falta de acción por considerar que la conducta atribuida era atípica (sin cuadrar en ningún delito), la nulidad de la admisión de los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la aceptación de la reparación.
Suárez ofreció $ 38 millones para reparar el daño; Molina Herrera, $ 34 millones; Navarro, $ 30 millones; Lozano, $ 24 millones; Tapia, $ 22 millones; Victoria Molina, $ 10.433.940; y Fidelbo y Galván, $ 20 millones cada uno (representados por Iván Mochkofsky).
El fiscal Casas Nóblega solicitó rechazar todos los planteos, y sostuvo la acusación en el juicio. Remarcó que el planteo de falta de acción fue extemporáneo y dilatorio del inicio del debate; que el informe de la UIF no fue utilizado como prueba, sino como un anoticiamiento de un hecho con posible relevancia penal, y que la complejidad de la causa y la pluralidad de hechos e imputados hacían improcedente la vía reparatoria.
El acusador sostuvo que el reproche penal principal que recae sobre la cúpula es el de un accionar delictivo organizado de uno de los sindicatos con mayor reconocimiento nacional. Es decir, una causa de gran relevancia y resonancia que debe ser resuelta en un juicio oral.
Desde otro costado, resaltó que es cuanto menos “paradójico” que los imputados pidan emitir opinión y ofrezcan una reparación dineraria en beneficio del sindicato que continúan conduciendo (a pesar de estar intervenido judicialmente por el desmanejo de fondos).
El tribunal, el mismo día del inicio del juicio, rechazó los pedidos de excepción de falta de acción por atipicidad y de nulidad del informe de la UIF, y el sobreseimiento por reparación del perjuicio.
