“A mis alumnos de Economía I les digo, antes de explicarles, que indiquen por orden de relevancia los diferentes rubros del gasto público y me ponen 2% en jubilaciones y 40% en gasto salarial. No hay noción de la composición del gasto y de lo difícil que es bajarlo”, cuenta Rafael Flores, docente de la UBA, consultor del BID y extitular de la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap).
El gran problema que presenta el gasto público en la Argentina es que los grandes rubros son inflexibles: esto significa que es impopular y/o políticamente inviable modificarlos a la baja.
La ministra de Economía, Silvina Batakis, se declaró esta semana una defensora del equilibrio fiscal. Dijo en su debut que el Estado debe gastar hasta donde hay, que no se tomará más personal y que se consolidarán todas las cuentas en una sola, de modo de derivar las partidas subejecutadas de un sector a otro, según las prioridades políticas. Una versión remozada del déficit cero de Domingo Cavallo del 2001.
¿Cómo piensa ese ordenamiento? ¿Es viable hacer eso o fueron declaraciones obvias, como para debutar con el pie derecho en un contexto de fragilidad cambiaria y alta desconfianza de los mercados? ¿Puede hacer poco, mucho o más o menos?
Respondamos primero a los alumnos de Economía de Rafael Flores: el 55% del gasto público se destina al pago de 7,5 millones de jubilaciones y pensiones, Pami, pensiones no contributivas y planes sociales, como el Potenciar Trabajo, la Asignación Universal por Hijo y el plan Progresar.
Todas esas erogaciones del Estado ajustan cada tres meses según la fórmula de movilidad, que copia salarios y recaudación.
Otro 14% del gasto total del Estado nacional va a subsidios económicos: 11 puntos van a energía (gas y electricidad y tres puntos van al transporte de pasajeros.
El 11% del gasto total se destina a salarios y 4% va al funcionamiento. Las transferencias a provincias (fuera de la coparticipación) se llevan otro 4% (ATN y los envíos a las cajas previsionales) y la inversión real directa, casi 5%.
A todo ese gasto primario, hay que agregarle la deuda: los intereses, que son gigantescos, más las amortizaciones de capital.
El tamaño del agujero resultante después de hacer esa cuenta es enorme: 40% del gasto es déficit. Según los cálculos de Marcelo Capello, vicepresidente del Ieral de Fundación Mediterránea y docente de la UNC, el fisco tiene recursos genuinos, derivados de la recaudación tributaria y no tributaria, que le alcanzan para cubrir apenas el 60,2% de sus compromisos.
Por eso saltaron todas las alarmas días atrás cuando, con Martín Guzmán todavía al frente de Economía, los que siempre financiaban al Estado no sólo no le quisieron prestar más sino que empezaron a sospechar que no cumpliría con los pagos de la deuda ya tomada.
Vendieron esos títulos hasta que el Banco Central decidió emitir pesos para recomprar esa deuda. Una maniobra explosiva que explica parte de la disparada de los dólares financieros y la incertidumbre generalizada. Esta semana Batakis superó una prueba menor: vencía poco, y consiguió de sobra.
Lo que viene
Sobre este segundo semestre pesan dos desafíos mayúsculos: cumplir con la meta de déficit fiscal acordada con el FMI sin emitir descontroladamente –como se hizo en el primer semestre– y refinanciar toda la deuda que vence en pesos.
El problema hasta ahora es que los gastos crecieron por encima de los ingresos, y por escándalo: el déficit primario en la primera parte del año creció 92% respecto 2021, porque el gasto aumentó 10 puntos por encima de la inflación, mientras que los ingresos reales cayeron 0,4%, ya que este año no estuvo el impuesto a la riqueza.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, todos los gastos devengados hasta junio implican un déficit de 1,9 puntos del PBI. Con el FMI se acordó un déficit de 2,5 puntos para todo el año. O sea: Guzmán ya consumió dos tercios del “changüí” para todo el 2022.
Ergo, si Batakis quiere cumplir con lo firmado con el Fondo Monetario, ahora debe bajar el gasto. ¿Cuánto? Capello tiene hecho el cálculo: “Debiera estar entre 10 y 20 puntos por debajo de lo que crezca la recaudación”.
En su proyección, si la recaudación del segundo semestre subiera 71%, igual que el primero, el gasto debiera crecer 54%. Si los ingresos crecieran 80%, los gastos podrían hacerlo al 61%; pero si la recaudación subiera 50%, el gasto apenas podría moverse 37% hacia arriba.
“El problema de eso es que el ajuste real debe hacerse sobre la mitad del presupuesto, la que no ajusta por movilidad”, agrega.
Pasado a pesos, que el gasto crezca 17 puntos por debajo de la recaudación implica, según Capello, que hay que resignar 1.144 miles de millones de pesos. En dólares serían 8.000 millones.
¿Y entonces? ¿Dónde recortar? “La idea popular que dice que si bajamos de 22 ministerios a 11 se ahorraría la mitad del presupuesto es ridícula, no es así”, apunta Flores.
La única partida significativa con chances de recortarse es la de subsidios económicos, especialmente en energía. “Pero no hay que soslayar dos más: el transporte, porque el área metropolitana tiene tarifas muy bajas respecto de resto del país, con una inequidad geográfica que no tiene razón de ser; y a las empresas públicas también hay que mirarlas en profundidad”, señala el extitular de la Asap.
En el 2021, las 33 empresas que maneja el Estado argentino perdieron casi 4.000 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial de hoy son 512 mil millones de pesos, o 0,7 puntos del PBI. Ese rojo se consume casi un tercio del déficit acordado con el FMI.
Este viernes, se abrió el registro para que se anoten los usuarios que pretendan conservar los subsidios al gas y la luz, en un proceso de segmentación del gasto estatal que apunta a que aquellos que tienen capacidad de pago abonen el 100% de lo que cuesta la energía.
El propio secretario de Energía, Darío Martínez, informó que, dado que la quita de subsidios será gradual, en tres etapas, el ahorro para el 2022 será de 15 mil millones de pesos. Esto representa apenas el 1,3% de los 1.144 millones que hay que ajustar en el segundo semestre.
¿Y entonces? “La meta de déficit es cumplible pero con una política fiscal absolutamente contractiva, hacer efectivo lo que se anunció –que se gaste sólo si hay recursos- implicaría mucha resistencia del sector público, tanto de asalariados como de las provincias que debieran resignar transferencias adicionales y se tendría que paralizar la obra pública”, describe Capello.
Batakis apela a centralizar las cajas, de modo de utilizar el excedente que tienen hoy sin ejecutar algunos organismos y fondos fiduciarios. Allí, según la ministra, habría 600 mil millones de pesos a los que podría apelar mediante el sistema de cuenta única. “Eso no quiere decir que se baje el déficit por la vía de reducción del gasto, sino que se usan remanentes”, subraya Capello.
