“Vamos a demoler el régimen económico del kirchnerismo. Orden será la premisa de mi Gobierno, vamos a restaurar el equilibrio fiscal, a fin de limitar la emisión monetaria para financiar el Tesoro”, dice la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich.
“Vamos a terminar con el déficit, la madre de todas las batallas, para ir hacia el equilibrio fiscal. Eso implica bajar el gasto público y revisar línea por línea el presupuesto de todos los organismos estatales”, promete Horacio Rodríguez Larreta, el otro precandidato de Juntos por el Cambio.
Javier Milei reconoce que su propuesta de dolarización de la economía requiere primero eliminar el déficit fiscal. “Eso se resuelve bajando el gasto público y el de toda la casta de la política”, sostiene.
Todos en la foto salen repitiendo el mismo mantra: hay que gastar lo que se tiene. Hasta Sergio Massa, al asumir como ministro de Economía en agosto pasado dijo que uno de los cuatro pilares sobre los que se basaría su gestión sería el orden fiscal.
¿Latiguillo? ¿Una promesa de campaña políticamente correcta que repiten todos? ¿De verdad saben de lo que están hablando? ¿Es posible converger al menos al equilibrio fiscal? ¿De qué tamaño es el agujero cuando decimos “déficit fiscal”? ¿Se puede? ¿Cómo?
Los números del déficit fiscal
Veamos. El vía crucis del Estado argentino no es en sí mismo el rojo fiscal: al fin y al cabo, hoy prácticamente todos los países están en la misma. El primer problema es que el crecimiento del gasto público ha sido voraz en las últimas dos décadas: pasó del 20% del PIB en el 2005 al 41,5% hoy.
Primero se financió con mayor presión impositiva, luego con deuda y algo de emisión y hoy con mucho impuesto, mucha emisión y mucha deuda. No hay más para rascar en la olla y el combo derivó en una inflación al 104%, y creciendo. No hay otra forma de financiar ese rojo y eso ha sido escupir para arriba.
El segundo problema está en el tamaño del déficit, que es gigante porque el gasto público es sideral. En el 2022, el Estado argentino recaudó por todo concepto 13,4 billones de pesos y gastó por 17,4 billones. Eso significa que tiene un esquema de gastos al que le falta 23% de ingresos.
Supongamos que quitamos del gasto todos los intereses de la deuda (mucho refinanciado ya, que no se contó en el 2022), el gasto primario queda en 15,9 billones de pesos, lo que significa que los impuestos y contribuciones ni siquiera alcanzan para sostener el gasto corriente: el agujero es del 16%.
Nota al margen, pero imposible de obviar: los ingresos en el año crecieron 69% y los gastos, 60%. La inflación, entonces, es la gran aliada de los gobiernos. En relación al PBI, el rojo primario equivalió a 2,7 puntos y el resultado financiero, a 4,1 puntos.
Sigamos: como los ingresos naturales del fisco no fueron suficientes, el Estado debió conseguir 4 billones de pesos. Como para tomar dimensión: en el 2022, la Provincia de Córdoba gastó 899 mil millones de pesos. El rojo de Nación entonces equivale a 4,5 presupuestos de la segunda provincia del país.
Para financiar eso, pidió asistencia directa al Banco Central (limitado al 1% del PIB por el acuerdo con el FMI) y colocó bonos del Tesoro. Como a eso luego hay que esterilizarlo, se absorben a través de las Leliq, que a su vez se han convertido en un monstruo al que alimentarlo demanda, con estas tasas al 83%, un billón de pesos ¡al mes! para pagar los intereses de las Leliq. Sólo en marzo, el agujero fue de 388 mil millones y en el trimestre, de 689,9 mil millones.
En qué gasta el Estado argentino
¿Y en qué gasta el Estado? De los 15,9 millones de gasto corriente del 2022, 6,9 fueron jubilaciones y pensiones, que aumentaron 70,2% en el año con una inflación al 94%. El 44% del gasto total se deriva a Anses y fue brutalmente licuado. En salarios se gastaron 1,7 billones y en transferencias al sector privado, principalmente Cammesa y Enarsa, se fueron 3,87 billones de pesos, el segundo gasto en orden de relevancia.
A provincias y municipios se derivaron 625,5 mil millones y a universidades, 547 mil millones. En inversión real directa, 387 mil millones.
Aun en el hipotético caso de que se eliminara toda la “casta de la política” como dice Milei, suponiendo que el Estado no pagara un solo salario más, el agujero del 16% bajaría al 6%. Si bien es inviable bajar a cero ese gasto, sí podría achicarse. “Hay evidentemente un exceso de gasto. Hay un montón de cargos dentro de la administración de gente que no hace nada, también hay un montón de sellitos y regulaciones que se generaron -más de 67 mil regulaciones- que se hicieron para justificar al ñoqui que metiste adentro para que haga política para vos”, dice el economista Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.
“La reducción del gasto debería darse en subsidios económicos (energía, transporte y agua) y déficit de empresas públicas, en planes sociales que se ampliaron mucho por la pandemia y luego no bajaron, en personal y en toda erogación, aunque sea pequeña, que no se justifique o que se gaste con ineficiencia”, puntualiza Marcelo Capello, vicepresidente del Ieral de Fundación Mediterránea.
Si bien las jubilaciones son derechos adquiridos y no se pueden tocar, sí se pueden hacer reformas a futuro y suspender las moratorias. “Y en cuanto a personal, que como mínimo deje de crecer la cantidad”, remarca.
¿Y el 2023?
Los números en este 2023, jaqueados por la sequía y el riesgo de un aumento real del gasto en virtud de las elecciones, se proyectan en 3,3 puntos del PBI para déficit primario y 5,3 el total. Peor que el año pasado, y eso que es abierto el capítulo “plan platita”. Eso significa que habrá que buscar/imprimir 8,8 billones de pesos. Más del doble que el año pasado.
“La suba de la inflación morigerará la caída de los ingresos debido al menor nivel de actividad económica derivada de la sequía, a su vez que ayudará a licuar gastos, en particular de las jubilaciones. Pero el déficit que estimamos en 3,3% del PBI tiene serios problemas de financiamiento”, dice Andrés Borenstein, de la consultora Econviews.
La venta de Bonares por parte de Anses podría reducir en parte la dependencia de la asistencia monetaria del Central, pero puede ser jaqueada por una oleada de juicios. “Paradójicamente, en materia fiscal la inflación es la mejor aliada del gobierno, aunque también la principal enemiga en términos electorales”, agrega.
¿Y entonces? Será otra vez el Banco Central la principal fuente de financiamiento del sector público. Econviews calcula que aportará 3,8 puntos de los 5,3 puntos de déficit fiscal. O sea, 3,3 billones de pesos. Eso significa, en buen romance, larga vida a la inflación.
Los subsidios a la energía, siempre en la mira
El gasto más relevante, objetado por el FMI, pasa por los subsidios energéticos. Las versiones indican que en mayo se avanzaría con el retiro total de los subsidios a los N1, que son los hogares que no se anotaron en el registro de ayuda estatal. En Córdoba, el 40% de los usuarios está en esa categoría: hoy abonan el 59% de lo que cuesta y el Estado todavía aporta el 41%. Pero el problema está en el segmento bajo, los N2, que representan el 40% de los usuarios pero son responsables de consumir el 60% del total.
Este grupo no tiene restricciones al consumo y paga apenas el 17% del costo.
“Ahí podemos encontrar un pequeño consuelo”, dice Andrés Borenstein, de la consultora Econviews. Y describe que Enarsa licitó importaciones de GNL en febrero de 13 a 20 dólares el MMBTU, cuando en 2022 estuvieron entre 24 y 40. “El ahorro es cercano a los 1.400 millones de dólares, apenas una fracción de los aproximadamente 20.000 millones de dólares que se llevará la sequía, pero a esta altura todo suma”, dice.
De todos modos, están también los subsidios a las empresas públicas y al transporte. “No necesitamos subsidiar a la gente que tiene altos ingresos y que se puede pagar la luz, el gas, el colectivo. Yo vivo en Capital Federal. ¿Por qué los cordobeses y la gente del interior me tienen que pagar los servicios públicos que uso? Es un absurdo. Eso se tiene que terminar y entonces te va a sobrar plata para hacer otras cosas o por lo menos para bajar los impuestos y que haya alguien que quiera poner un mango en la Argentina”, subraya el economista Aldo Abram.
