El oficialismo provincial presentó en la Unicameral un proyecto de ley que apunta a dinamizar las economías del noroeste y el sur de Córdoba a través de un paquete de beneficios impositivos. La propuesta del Ejecutivo había sido una promesa del gobernador Martín LLaryora de febrero de este año.
El proyecto de ley se debatirá en dos sesiones especiales en el interior cordobés. Desde mañana, en Laboulaye; y la semana próxima en Cruz del Eje. Esta semana tuvo su primer tratamiento en comisión, pero algunos bloques opositores, como la UCR, ya realizaron observaciones y presentaron un despacho en disidencia para que se tengan en cuenta las propuestas anteriores de los radicales Oscar Saliba y Fernando Luna.
Desde el juecismo aseguraron que “por la urgencia, es una puesta electoral”.
La propuesta enviada por el Gobierno provincial a la Legislatura establece un esquema de incentivos fiscales para sectores industriales, turísticos y del agro con el objetivo de “reducir desigualdades regionales y generar empleo”.
El proyecto establece como primer ítem la creación del Programa de Promoción para el Desarrollo e Igualdad Territorial con vigencia hasta 2027. Por ejemplo, fija un cupo para 2025 de $ 130 mil millones destinado a financiar “beneficios promocionales”.
Esta iniciativa tiene un alcance territorial, ya que establece que este régimen llegue a los departamentos del noroeste: Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Totoral y a pedanías de Río Primero. Mientras que en el sur se beneficiarán los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca, aunque se especifica que el Ejecutivo “podrá sumar otras jurisdicciones según criterio técnico”.
En lo que hace a los incentivos industriales, la propuesta del oficialismo establece exenciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos para inversiones en activos fijos y nuevas plantas fabriles. En Turismo fija beneficios de hasta el 100% en proyectos de hotelería y alojamientos alternativos con la exigencia de mantener la explotación al menos seis años. Mientras que en el agro instrumenta reducciones del 50% en Ingresos Brutos para iniciativas vinculadas con nuevos cultivos o ganadería con radicación territorial.
Un registro único
El proyecto también crea el Registro Único de Sujetos y Actividades Promovidas (RUSAP) para centralizar datos y dar seguimiento a los beneficiarios. Además, faculta a los municipios a adherir con sus propios beneficios impositivos. Se establecen también obligaciones de información, inspecciones in situ y la posibilidad de aplicar sanciones que van desde la pérdida de beneficios hasta multas y devolución de impuestos con intereses.
Qué dice el oficialismo
El legislador justicialista y presidente de la Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales, Edgardo Russo, explicó que se trata de un proyecto de promoción territorial y equiparación de desarrollo de regiones postergadas respecto de otras zonas.
“Vamos a acelerar esta igualdad de desarrollo productivo. Es una política pública estratégica que busca que ningún cordobés quede al margen de las oportunidades. Las regiones noroeste y sur, pese a su potencial productivo, no tuvieron el mismo desarrollo que el resto de la provincia”, dijo. “Esta ley no es de un gobierno, sino una política de Estado que debe trascender gestiones porque está en juego la posibilidad de que la provincia crezca de manera armónica, integrada”, insistió en su intervención en la comisión legislativa.
El contexto político
El oficialismo busca con esta ley mostrar gestión en el interior y responder a los reclamos de mayor equidad en el reparto de recursos, mientras desde algunos bloques opositores realizaron observaciones. La bancada de la UCR tiene un despacho en disidencia que será presentado en la sesión de mañana, con el que reiterará que ya elevaron proyectos que no fueron tratados.
Los legisladores radicales del interior que participaron en las observaciones plantearon la creación de un Régimen de Inversión Provincial en Recursos Fundamentales para garantizar agua potable domiciliaria, energía eléctrica y gas natural en las regiones alcanzadas; además de un plan estratégico para corredores productivos, mantenimiento de rutas provinciales, redes secundarias y terciarias.
Y apuntaron a que se tenga en cuenta la salud en el interior con mejoras edilicias y calidad de atención en hospitales provinciales y centros municipales.
Sumaron a esto un “plan de inversión y mantenimiento edilicio en escuelas de las áreas promovidas”. Sobre los beneficios fiscales y fondos, los legisladores radicales insistieron en “una detracción adicional del 5% de la recaudación de Ingresos Brutos para financiar cuestiones sociales”; y un subsidio del 30% del consumo energético por 10 años para nuevos establecimientos y por siete para existentes recategorizados. Para el agro, una reducción del 30% del canon de agua por tres años para productores que usan riego, junto con créditos a tasa subsidiada para energías renovables y herramientas ambientales en el agro.
Otro de los puntos que se reclamó fue un Comité Evaluador con técnicos de la Secretaría de Ingresos Públicos y cuatro legisladores (dos del oficialismo y dos de la oposición) para cuantificar el gasto tributario, verificar cupos presupuestarios y auditar la implementación.
Fernando Luna, legislador radical y exintendente de Villa de Soto, explicó que intentarán se tengan en cuenta estos puntos, como la baja en los costos de consumo de energía.
“El oficialismo en el proyecto original básicamente propone la eliminación de impuestos de los Sellos y la exención de Ingresos Brutos para tres rubros. Primario, que es el sector agropecuario, el industrial y el turístico. Nosotros buscamos incorporar que en el Programa de Desarrollo de Igualdad Territorial se incorpore el tema de la tarifa eléctrica. Que en el interior, sobre todo en esos departamentos que están atravesados por cooperativas, se paga entre un 40% y un 60% más”, explicó.
“Y pedimos estímulo con créditos blandos para la inversión en energías renovables. También para el sector privado de estos tres rubros. Al turismo, eximirlo del impuesto Inmobiliario Urbano por un tiempo; al sector agropecuario también atender a una reducción del canon de agua. Y como punto importante la creación de un comité evaluador”, reclamó.
Walter Nostrala, presidente del bloque del Frente Cívico, adelantó que concurrirán a las sesiones especiales, pero que también realizarán observaciones porque -a horas de su tratamiento- se conoció la propuesta definitiva del oficialismo.
El legislador fue uno de los más críticos al advertir que “sesionar en el interior a días de las elecciones es una puesta electoral, cuando esta iniciativa había sido propuesta por el gobernador Martín Llaryora el 1° de febrero, en la apertura de sesiones legislativas".
“Aprobaron un despacho por la mayoría que no lo pudimos ver. Eso, por un lado, cuando se trata de un anuncio del gobernador de febrero. Estamos hablando de desarrollar zonas olvidadas y leyendo otros proyectos vemos que hay temas que no están contemplados, hay ideas de la oposición que las durmieron”, aseguró.
“Es muy difícil que un legislador se oponga a que se desarrolle el interior, pero que lo traten recién ahora, en plena campaña electoral, es una barbaridad”, dijo Nostrala.
