- Desde el jueves están en condiciones de salir.
- Hay temor por los testigos.
- La Nación podría extender el plazo de las intervenciones.
- Pero a los sindicalistas se les complica conseguir el dinero para las fianzas.
Desde que, en fallo dividido, la Cámara Federal de Apelaciones dictaminó el jueves que pueden quedar en libertad, los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone llevan cinco días impacientes por volver a las calles.
Desde la resolución judicial, que revocó la decisión de mantenerlos en la prisión de Bouwer del juez federal Ricardo Bustos Fierro, ambos sindicalistas esperan que sus abogados hagan todo lo que esté a su alcance para que puedan volver a sus domicilios.
Pero, la situación excepcional de la cuarentena complicó y terminó demorando su adiós a las celdas, en las que se encuentran desde hace siete meses.
El viernes y ayer, los abogados defensores intentaron que sus clientes pudieran dejar la cárcel, sin resultado positivo.
Como los bancos no están funcionando, y tampoco se encuentran abiertas las oficinas del Registro de la Propiedad y del Registro del Automotor, se les complicó reunir la fianza de $ 20 millones (10 millones cada uno) que se les exigió para quedar en libertad.
Según fuentes cercanas a la investigación, en un primer momento los abogados intentaron que se les aceptaran cauciones juratorias, cauciones personales, y hasta avisaron que presentarían un grupo de autos que algunos miembros del sindicato de recolectores Surrbac ofrecerían como garantía para que sus jefes recuperaran la libertad, aunque no aportaron los documentos de los vehículos para avanzar en ese sentido.
Esas alternativas no fueron aceptadas. Desde la torre federal les señalaron que la vía más directa sería hacer transferencias bancarias a la cuenta de la Justicia federal, pero tampoco esa posibilidad pudo ser cubierta.
Como hoy es feriado, los abogados de los gremialistas tuvieron a su disposición el día de ayer para hacer efectivas las fianzas ante el juez federal de turno, Alejandro Sánchez Freytes. No pudieron terminar las gestiones y los dirigentes deberán permanecer en Bouwer por lo menos hasta mañana, cuando el juez federal a cargo será Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Libertad polémica
La libertad de dos de los gremialistas tendría consecuencias en diferentes niveles.
Por un lado, podría amedrentar todavía más a los denunciantes contra ambos, algunos de los cuales se encuentran bajo el programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Uno de esos denunciantes sufrió un grave intento de asesinato en enero de 2019, otro ha recibido amenazas contra él y su familia, y un tercero sufrió recientemente seguimientos y un asalto.
En segundo lugar, estando libres ambos, se especula que puedan comenzar a incidir más directamente en la vida cotidiana del sindicato; es decir, que intenten volver a la situación previa a sus detenciones.
La resolución judicial, además de prohibirles abandonar el país y de haberles retenido los pasaportes, les prohíbe practicar cualquier tipo de actividad sindical y acercarse al sindicato, a la mutual y a la obra social, las tres instituciones que habrían sido afectadas económicamente por los delitos por los cuales están procesados: lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación.
Por supuesto, la Justicia también les prohibió comunicarse con los testigos de la causa judicial y “relacionarse con personas que pudieran estar involucradas en la presente investigación”. Además, cada 15 días deben comparecer ante el juzgado federal.
Impacto: Intervenciones
Se especula con un pedido para extender plazos.
La libertad de Saillén y de Catrambone podría impactar sobre el futuro de las intervenciones impuestas sobre el sindicato, a cargo de un persona designada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y sobre la mutual, a cargo de un funcionario elegido por el Inaes. La cuarentena también ha pausado el trabajo de las intervenciones, por lo que se especula que podrían solicitar ante las autoridades la extensión de los plazos para ambas.
