Hay varias reuniones durante el día. El contacto con la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington es permanente. El diálogo nunca se cortó en los últimos meses, pero se intensificó en diciembre y se aceleró aún más en las últimas horas.
A ambos lados del mostrador negocian con un objetivo único: acordar un plan que establezca pautas fiscales, monetarias y cambiarias que sean cumplibles para la Argentina y así el país pueda, luego, refinanciar su deuda con el organismo.
Martín Guzmán, ministro de Economía, está liderando jornadas que arrancan a las 7:00 de la mañana y terminan pasada la medianoche. Hay días de hasta diecinueve horas en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Cuatro, cinco y seis contactos con Washington de por medio.
De un lado de la pantalla o el teléfono, Guzmán. Del otro, Julie Kozack, Luis Cubeddu y otros miembros del staff técnico del FMI. También el ministro habla con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo, y con accionistas, representantes de países con peso.
Y hay reuniones satélites. Equipos técnicos del Gobierno y del Fondo trabajan en distintos aspectos. Discuten sobre formas de llegar a una meta sobre la cual ya hay coincidencias. Acercan posiciones. Luego los funcionarios le pasan la minuta a Guzmán.
¿Va a pagar el Gobierno los casi u$s1.100 millones que vencen entre el viernes y el miércoles? Hoy no existe una respuesta. Dependerá de la decisión política que tome Fernández en función de los progresos alcanzados por Guzmán y equipo con el Fondo. Esto se está negociando también.
FMI: rosca política y cambio de ritmo
Al arrancar 2022, el Fondo venía con un ritmo de cuarteles de invierno, sin apuro. Pero tras el 18 de enero, algo cambió. Ese día, el canciller Santiago Cafiero visitó a su par estadounidense Antony Blinken en la sede del Departamento de Estado, el edificio Harry S. Truman.
Hubo otros dos personajes importantes en el medio: Juan González, director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental; Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Estos dos últimos son los elegidos por el presidente Joseph Biden para administrar la política exterior en relación con América Latina. A ellos les encargó el mandatario que resuelvan los pendientes que dejó la gestión de Donald Trump.
Con ambos estuvo Cafiero. Y la gestión política resultó determinante para que suene el teléfono en el edificio dos de la calle 19 al 700 en Washington. “Necesito que el FMI acelere”, le había dicho Guzmán a Cafiero horas antes. Y el FMI aceleró por mediación de la Casa Blanca.
Cerca del presidente Alberto Fernández señalan que el actual es el momento más intenso del ida y vuelta con el Fondo. Y apoyan a Guzmán. Aseguran que toda la coalición está “enfrascada” en ponerle fin a la crisis de deuda que estalló hace 45 meses.
Con U$S 7.300 de piso por año, en 2025 arrancarán y perdurarán hasta 2035 los vencimientos fuertes con los acreedores privados. Y, debido a las aspiraciones políticas de continuidad en el poder, en el Frente de Todos señalan que recuperar el crédito perdido en 2018 será necesario.
La valla de la meta fiscal
Con los ojos puestos en los años que vienen, funcionarios que colaboran con Fernández y Guzmán afirman que están “muy firmes”. ¿En qué? En no prometerle al Fondo equilibrio fiscal a fines de 2024.
No es que no crean en la posibilidad de alcanzarlo o que renieguen del equilibrio fiscal. Lo que no quieren hacer es quedarse sin herramientas ante la eventualidad de que la economía global se desacelere más –como ya está previsto- y la situación del comercio exterior se complique.
Además, tras tres años de recesión y diez de estancamiento, entienden que van a tener que continuar con la política fiscal expansiva para que no se frente la recuperación económica hasta que el equilibrio fiscal llegue por la vía de los mayores ingresos reales.
Guzmán está convencido que su estrategia es la correcta. Cuando habla con el FMI les remarca que en 2021 el déficit primario cayó tres puntos y medio, al 3% del PIB, con una recuperación económica del 10%, cuando hasta el Banco Mundial pronosticaba solo 4,7%.
¿Cómo piensan Fernández y Guzmán hoy en medio de las frenéticas negociaciones? Coinciden en que no existe el acuerdo bueno en términos absolutos, sino solo relativos. Entienden que cualquier intromisión del Fondo en el manejo de la política económica es contraproducente.
Por eso hablan del “plan argentino” y denuncian públicamente que el FMI exige un ajuste fuerte, concreto y rápido. Hay algo que es inevitable: el FMI desembarcó en Buenos Aires en 2018 y no se irá hasta cobrar el último centavo.
Y ahí va a estar el Fondo pidiendo los números cada tres meses para revisar que lo que se haya firmado se esté cumpliendo al pie de la letra. Porque el poder político quiere que cobren el organismo, pero también los acreedores que fueron reestructurados en 2020.
Por eso Fernández y Guzmán no firman lo que pide el FMI. Entienden que no puede cometer el mismo error de Mauricio Macri, quien aplicó al pie de la letra lo que le exigió el organismo y un año después se convirtió en el primer presidente en ir por la reelección y no lograrlo.
Gita Gopinath, vicedirectora ejecutiva del Fondo, había dicho el mates que el organismo pretende un programa “creíble y sólido”. Y en Balcarce 50 se preguntan si eso que el FMI considera “creíble y sólido” es sostenible y cumplible para la Argentina. Y responden que no.
“Que sea creíble, pero para las dos partes. Es bueno para los dos o malo para los dos. Si no Argentina no lo va a poder cumplir, será malo para los dos. Si se aplica el ajuste que pide el Fondo, la economía se derrumba en seis meses”, dicen en torno a Fernández.
Incertidumbre y riesgos
“¿Preocupan el riesgo país, que los bonos valgan la mitad que hace un año y la incertidumbre económica?”, le preguntó este medio a un alto funcionario. “Sí, pero el foco es la economía real. Cuando el riesgo país estaba en 500 puntos con Macri se perdían miles de empleos por día. Si cerramos con el Fondo de cualquier manera, la economía caerá”, respondió.
Y añadió que si al Gobierno no le interesara mejorar el perfil financiero de la Argentina, no estaría intentando resolver la crisis de deuda. “El objetivo es generar estabilidad y las condiciones necesarias para fortalecer el crecimiento económico. En eso estamos trabajando”, agregó.
El Plan Económico Plurianual saldrá de estas negociaciones. No hay fechas, todo dependerá de cuándo se cierre el acuerdo con el Fondo. El Gobierno sostiene que ni bien lo tenga listo, será enviado al Congreso para que haya respaldo político. Esperan que sea en las próximas semanas.
“A nadie le conviene un default. El Gobierno nunca pensó en defaultear, ni esta deuda ni ninguna otra deuda. Un acuerdo le conviene al país y al Fondo, que de una u otra manera ya reconoció que el de 2018 fue un préstamo político sin igual. En esto, en las negociaciones, vale el día a día, cada hora. Y saldrá el mejor acuerdo posible”, dicen en el Gobierno.
