La expresidenta Cristina Kirchner jugó este lunes una nueva carta para evitar ir a prisión en la causa Vialidad, en la que está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por un lado, le pidió a la Corte Suprema de Justicia su absolución, y por otro, recusó a Manuel García Mansilla, uno de los jueces designados por decreto por el presidente Javier Milei.
Cristina realizó sendas presentaciones a través de su abogado, Carlos Beraldi, quien luego se explayó en una conferencia de prensa en la sede del Partido Justicialista. “Cristina es absolutamente inocente respecto a las imputaciones que se le han hecho. Y a este pronunciamiento condenatorio se llega por violaciones sistemáticas de garantías constitucionales, con una sentencia que es arbitraria”, advirtió el letrado.
La condena contra Cristina fue dictada el 6 de diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, a través de la asignación de obra pública en Santa Cruz. La expresidenta presentó un recurso ante la Cámara de Casación Penal, pero en noviembre de 2024 el tribunal lo rechazó, ratificando la condena.
Frente a esa nueva sentencia, Cristina interpuso un recurso extraordinario, pero también fue rechazado el 22 de marzo pasado por la misma Cámara de Casación. Por eso, la exmandataria ahora decidió ir en queja ante la Corte, que tiene en sus manos la definición sobre si acepta la apelación o si, por el contrario, la rechaza y confirma la condena de prisión.
En el escrito de diez páginas, la defensa de Cristina pidió a la Corte que convoque a audiencias públicas con la participación de las partes y de terceros involucrados y que, una vez que se cumpla esta instancia, absuelva de culpa y cargo a la exmandataria. Más aún: anticipó que si el tribunal rechaza este recurso de queja, recurrirá a organismos internacionales de derechos humanos.
“Durante todas las instancias del proceso se vulneró la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales y el deber de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal”, dice el documento, donde se habla de “relaciones indebidas que jueces y fiscales de la causa mantuvieron con los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri”.
Además, recuerda que el TOF Nro. 2 “rechazó la solicitud de llevar a cabo una pericia sobre las 51 obras investigadas a fin de establecer la posible existencia de sobreprecios” y que “también rechazó medidas de prueba referidas a otros contratistas distintos a Lázaro Báez, dirigidas a determinar eventuales prácticas de cartelización”.
“En lo que se refiere a si se adjudicaban obras en condiciones irregulares, está más que probado que la expresidenta jamás había tomado ningún tipo de atribuciones. Todos los testigos que vinieron al juicio dijeron que ella no había tomado ningún tipo de intervención, porque no podía tomar esa intervención. Son fondos que se manejan desde un órgano autárquico, la Dirección de Vialidad, y además que se ejecutan en un órgano que es provincial sobre el que la presidenta no tenía ningún tipo de incidencia ni puede tenerla”, amplió Beraldi ante la prensa.
Recusación a García Mansilla
La segunda presentación que hizo Beraldi es la recusación de García Mansilla para que no intervenga en la causa Vialidad por dos razones. En primer lugar, sostiene el decreto que lo nombró es inconstitucional porque “la única vía legítima” para designar a un juez de la Corte es con acuerdo del Senado.
En segundo término, advierte sobre la sospecha de parcialidad, ya que el cortesano no solo aceptó ser designado por decreto cuando había afirmado lo contrario ante el Senado, sino que además la persona que lo nombró, Milei, asegura “casi como una orden” que la expresidenta “va a ir presa”.
“La integración de este alto tribunal con un magistrado nombrado en comisión, designado por el propio presidente de la Nación, quien anticipa o reclama lo que debe resolverse en el caso, genera un fundado temor objetivo de parcialidad y fulmina toda posibilidad de que nuestra defendida reciba un juicio justo”, indica el escrito.
Esta posición fue defendida también por Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense y exsecretario de Justicia de la Nación, quien sostuvo que “es insostenible que García Mansilla pueda tocar un papel en este expediente”, porque, según su interpretación y la de Cristina, la Constitución Nacional le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de nombrar en comisión a diplomáticos o militares, pero no a jueces.
“Bajo ningún concepto se puede permitir que García Mansilla pueda trabajar independiente, imparcialmente, en un expediente con estos antecedentes”, enfatizó en funcionario, y agregó que según la doctrina de la propia Corte, “con el solo temor de parcialidad ya debería aplicarse el instituto de la recusación”.
El Senado tratará este jueves el pliego de García Mansilla junto al de Ariel Lijo, quien aún no asumió en la Corte. En el caso del actual juez, Cristina ratificó que el PJ lo rechazará, por lo que el pliego corre serio peligro de caer. De todos modos, el magistrado, con aval del Gobierno, planea permanecer en su cargo hasta el 30 de noviembre, cuando expira su designación en comisión. De ser así, el caso promete judicializarse.
