Tras partir el bloque del Frente de Todos para asegurarse la vacante en el Consejo de la Magistratura, la vicepresidenta Cristina Kirchner redobló la apuesta y ordenó debatir en el Senado una ampliación de la Corte Suprema, que quedó en la mira del Gobierno después del fallo que colocó como titular del organismo al juez Horacio Rosatti.
El debate, según adelantó una encumbrada fuente del interbloque oficialista, comenzará el próximo miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el jujeño Guillermo Snopek, integrante del flamante bloque Unidad Ciudadana. La decisión fue tomada este jueves tras una reunión del Frente de Todos, la primera después de la ruptura.
“Es una ley que tiene que salir por consenso”, aseguró la fuente consultada, aunque la decisión de arrancar el debate no fue acordada con Juntos por el Cambio. De todos modos, el oficialismo podría avanzar si se asegura el apoyo de sus dos aliados habituales, el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana.
En una decisión que promete hacer escalar la tensión con la Corte, Cristina pretende que se discuta la composición actual de cinco miembros, a pesar de que actualmente el máximo tribunal está con cuatro porque el Poder Ejecutivo sigue sin enviar al Senado el pliego del reemplazante de Elena Highton de Nolasco, quien renunció en octubre pasado.
En principio, la discusión girará en torno a un proyecto del puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien propone una Corte de nueve jueces, “respetando en su integración las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”, en base a las regiones Patagónica, Cuyo, Centro, Norte Grande y Buenos Aires.
También hay otra iniciativa, de la riojana Clara Vega -aliada circunstancial del oficialismo-, que mantiene la composición de cinco pero agrega la paridad de género, la variedad de especialidades y “distinta procedencia geográfica”. En cuanto a lo primero, establece que “los miembros del mismo sexo no podrán superar en más de uno a los miembros del otro sexo”.
Por su parte, Weretilneck comenzó a trabajar en un proyecto propio para ampliar considerablemente la Corte. El Frente de Todos necesita su apoyo para avanzar con la reforma, de modo que espera conocer la propuesta alternativa para iniciar una negociación y asegurarse su voto y también el de Solari Quintana.
El rionegrino dio este miércoles una señal de sintonía con el Gobierno nacional: gestionó aportes nacionales por 320 millones de pesos para actividades productivas en su provincia. Lo hizo en una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.
De esa gestión también participó Martín Doñate, el senador designado por Cristina para el Consejo, que quedó en la mira porque, según una denuncia, no cumple con el requisito de los ocho años de antigüedad como abogado para ser consejero. El planteo fue realizado por un exmiembro del organismo, Alejandro Fargosi.
Más críticas a la Corte
Durante la mañana, el oficialismo volvió a dar señales de su malestar con la Corte. Fue el formoseño José Mayans, presidente del nuevo bloque Frente Nacional y Popular, quien volvió a criticar al máximo tribunal durante una reunión con autoridades de los distintos partidos que conforman el Frente de Todos a nivel nacional.
“Acá puede pasar cualquier cosa, porque tenemos una Corte Suprema de Justicia que hace lo que quiere y lo que menos le importa es la Constitución Nacional. O sea, falla en función de los intereses de un sector”, lanzó Mayans, y vinculó esos “intereses” a los que representa Juntos por el Cambio.
El senador agregó: “Y ahora tienen otras atribuciones, porque legislan. Ponen en vigencia una ley que estaba derogada desde hace 16 años. Ahí está el desastre. Es inaceptable por parte del Parlamento. Esta es la base de la acción que ellos tienen: la utilización de la Justicia para los fines que tienen”.
El enojo de Cristina y el oficialismo, que quedó plasmado en la última sesión, es porque sostienen que la Corte se arrogó facultades legislativas al volver a poner en vigencia la ley de 1997, derogada y reemplazada por otra en 2006. Así, el Consejo volvió a su integración anterior, de 20 miembros, bajo la presidencia del titular de la Corte.
