La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue liberada de la obligación de pagar una indemnización civil de 22.300 millones de pesos en el caso “Vialidad”, luego de que la Justicia civil y comercial federal archivara el reclamo iniciado por el Estado nacional en 2018. Esta decisión se tomó debido a la “caducidad de la instancia”, ya que la Dirección Nacional de Vialidad no impulsó el expediente por un período de seis meses, tal como lo establece la ley.
El juez Marcelo Bruno dos Santos aceptó el planteo de la defensa de Cristina Kirchner, señalando que el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que la caducidad de instancia ocurre cuando no se impulsa la causa en un plazo de seis meses en primera o única instancia. Este período de inactividad de seis meses se distribuyó entre los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei.
A pesar de la oposición del gobierno actual, que buscó evitar la caducidad del proceso, el juez concluyó que se había cumplido el plazo legal sin la actividad procesal requerida por parte de Vialidad Nacional. El magistrado enfatizó que el instituto de la caducidad de instancia no solo busca castigar la negligencia de las partes, sino que persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en pos de la “paz y seguridad” y una “buena administración de justicia”.
La demanda civil había sido presentada por Vialidad Nacional en 2018, durante la administración de Mauricio Macri, con el objetivo de que el Estado recuperara de la ex presidenta y otros acusados el dinero correspondiente al fraude en las obras públicas otorgadas al empresario Lázaro Báez. El monto reclamado ascendía a 22.300 millones de pesos.
Es importante destacar que este archivo del reclamo civil no interfiere con la causa penal por la que Cristina Kirchner ya fue condenada. En la causa penal, la exmandataria cumple una condena confirmada de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Como parte de esa pena, se estableció un decomiso (ejecución patrimonial) de 684 mil millones de pesos (o U$S 537 millones / US$500 millones) para resarcir el delito cometido al Estado. Este decomiso sigue vigente, aunque la ex presidenta presentó una apelación que debe ser analizada por la Cámara Federal de Casación Penal y la condena se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión de cerrar el reclamo indemnizatorio civil puede ser apelada por Vialidad Nacional para que sea revisada por la Cámara Civil y Comercial Penal. Fuentes oficiales indicaron que el gobierno de Javier Milei está determinado a avanzar con el proceso de reclamar una actualización del monto de la demanda, que hasta ahora es de 22.300 millones de pesos, en caso de que la Corte confirme la condena en Vialidad.
