Cristina Fernández de Kirchner reaccionó ayer para intentar neutralizar el impacto judicial y político de la causa penal de la obra pública, en la cual los fiscales la acusaron de liderar una asociación ilícita y pidieron para ella una condena a 12 años de prisión.
Como era previsible, la vicepresidenta buscó defenderse con su particular estilo de ejercer el poder y el liderazgo: con un embate contra el Poder Judicial que le sirve en varios frentes.
Por un lado, dejar en segundo plano por unos días el debate interno que seguramente se generará en el gobernante Frente de Todos por el ajuste que comenzó a aplicar el ministro de Economía, Sergio Massa, con aprobación de Alberto Fernández, quien ocupa un inédito segundo plano para un presidente de la Nación.
Por otro lado, los fuertes cuestionamientos a los fiscales acusadores le permitieron –al menos por ahora– encolumnar al peronismo detrás de su convocante figura.
Como lo hizo este martes en un alegato de 90 minutos desde su oficina, paralelo al juicio oral, la expresidenta envió un mensaje sin grises a gobernadores, intendentes, legisladores y sindicalistas peronistas.
“No se equivoquen. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Es un juicio a todo el peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, advirtió, en un intento de seguir sumando adhesiones a su embestida en contra del Poder Judicial y del macrismo.
El plan también incluye la épica resistencia de la militancia en las calles, que desde hace más de 24 horas hacen vigilia frente a su domicilio particular, en la Recoleta porteña.
La reacción de la vicepresidenta y del cristinismo en contra de la marcha del juicio oral era previsible. Lo que no estaba previsto es el contexto económico adverso que preocupa al Gobierno, pero que parece no haber hecho mella en el respaldo militante a Cristina Kirchner.
Designación polémica
El domingo pasado, cuando se sabía que exactamente 24 horas después se iba a conocer el pedido de condena de los fiscales, a las 18 en punto Sergio Massa publicó un mensaje en su cuenta personal de Twitter para anunciar que el economista Gabriel Rubinstein se convertía en su segundo en el Ministerio de Economía.
El nombre del economista había surgido dos semanas atrás desde el propio entorno del massismo, como el hombre que se haría cargo de la macroeconomía.
Al tiempo que trascendía el posible cargo del reconocido economista liberal, también tomaban volumen impensado antiguos mensajes en redes sociales que Rubinstein había escrito en contra del kirchnerismo, y, sobre todo, para cuestionar a Cristina Kirchner.
Cuando esos mensajes se diseminaron en todos los medios de comunicación, el nombramiento quedó entre signos de interrogación hasta la tarde del domingo pasado.
El ministro de Economía argumentó que la demora en la oficialización de Rubinstein se debió a un “tema familiar” y a que el economista tenía que disolver “responsabilidades contractuales incompatibles con la función pública”.
Casi al mismo momento, el propio Rubinstein blanqueó lo que seguramente fue el motivo real de las dudas para sumarse al gabinete económico.
“Quiero destacar la amplitud del Gobierno de incorporarme al equipo a pesar de comentarios agraviantes de mi parte en redes sociales, que no correspondía efectuar”, escribió Rubinstein tres minutos después del mensaje de Massa en el que confirmaba su designación.
Medidas de ajuste
Más allá de la polémica por el nombramiento de Rubinstein –un reconocido antikirchnerista–, lo más complicado de digerir para el cristinismo duro son las nuevas medidas de ajuste que anunció Massa, en áreas sensibles como educación, salud y obra pública.
Las primeras decisiones que llevan el sello de Rubinstein significarán un recorte de 50 mil millones de pesos en educación, 10 mil millones en salud y 20 mil millones en obra pública.
El recorte total de gasto que se plantea es de 128 mil millones de pesos e involucra a seis ministerios, incluyendo Transporte, Viviendas y Desarrollo Productivo, junto con los tres ya mencionados.
También hubo malas noticias para los gobernadores: 49.700 millones de pesos menos para transferencias a las provincias y a los municipios.
Los intendentes peronistas fueron los que enviaron el primer mensaje de apoyo a la vicepresidenta, tras conocerse el pedido de condena de los fiscales.
Los gobernadores también salieron a respaldar a Cristina.
Por ahora, el lápiz rojo de Rubinstein no tuvo en cuenta esos gestos políticos.
Apoyo en las calles
El temido ajuste para el oficialismo se produce en medio del granítico respaldo de los militantes en las calles, en solidaridad con su jefa política.
Las movilizaciones callejeras se reproducirán en todo el país este jueves por la tarde. En la ciudad de Córdoba, habrá una convocatoria en Colón y La Cañada.
Por estos días, la principal preocupación de Cristina Kirchner pasa por el frente judicial. Pero su olfato de líder le permitió una jugada a dos bandas para intentar encolumnar al PJ en su relato en contra del Poder Judicial. El macrismo tampoco quedó afuera de su embestida.
Como viene ocurriendo desde hace tiempo, la excepción es el gobernador Juan Schiaretti, quien no se pronunció sobre la situación judicial de la vicepresidenta de la Nación.
Nadie sabe hasta cuándo se extenderá esta vigilia de respaldo callejero, con pátina de épica.
Fuentes kirchneristas aseguran que la vicepresidenta prepara otra movida para cuando sus abogados tengan que defenderla en el alegato con el que cerrarán su participación en el juicio oral.
No se descarta que pida que el alegato sea presencial y que la vicepresidenta se presente al lado de sus letrados defensores.
Lo que nadie se anima a pronosticar es hasta cuándo se extenderá este apoyo silencioso de la poderosa vicepresidenta al plan económico de Massa.
Las medidas que impulsa el nuevo ministro de Economía resultaron ser mucho más duras que las que intentó imponer el entonces ministro Martín Guzmán, resistido por la vicepresidenta hasta el último minuto de su estadía en el Palacio de Hacienda.
Los voceros massistas hablan de 60 días para tener resultados concretos: fortalecer las reservas del Banco Central, calmar los mercados financieros y que la inflación comience a dar señales a la baja.
Todas metas muy desafiantes para Massa y su equipo, que por estos días recibieron con alivio que la influyente vicepresidenta de la Nación esté más preocupada mirando hacia los Tribunales federales que al Palacio de Hacienda.
