El estrépito que produce la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene secuelas de todo tipo. Y, en diferentes escalas, impacta en la política cordobesa.
Entre esas réplicas, hay dos que ya están incomodando al gobernador Martín Llaryora y al peronismo cordobés: la dificultad para transitar la mentada avenida del medio en un escenario tan polarizado y el cotejo entre las sentencias condenatorias de la Justicia federal con las absoluciones en Córdoba.
El fallo en el caso Neonatal parece haber quedado muy distante de esclarecer el conmocionante hecho de la muerte de bebés; genera un sinnúmero de interrogantes que tal vez ni los fundamentos de la sentencia puedan despejar, y, fundamentalmente, reafirma el concepto de que la Justicia de Córdoba es benévola con quienes ocupan u ocuparon altos puestos en los esquemas de poder.
En la parte resolutiva, que es la que se conoció este miércoles, queda expuesta esa constante que caracteriza a los magistrados cordobeses. Plantean que las muertes y lesiones de recién nacidos fueron fruto de un hecho de violencia institucional, pero absuelven al responsable del sistema sanitario en el momento en que ocurrieron los hechos, el entonces ministro Diego Cardozo.
La absolución de Cardozo se impone, en este contexto que atraviesa el país, como un fuerte contraste en relación con el hecho de que tres tribunales nacionales, incluida la propia Corte Suprema, consideraron culpable de hechos de corrupción y le impusieron prisión a una expresidenta, exvice y líder de una importante fuerza política, mientras que por estos lados no se puede avanzar más allá de funcionarios de segunda línea.
Está claro que el cotejo está dado sólo por una cuestión temporal, ya que se trata de hechos muy diferentes. Pero expone ante la sociedad esa cuestión planteada hace tiempo, de que en los tribunales provinciales hay siempre un hilo que se corta de un nivel de responsabilidades para arriba.
De hecho, hay varios exministros en situaciones tal vez más comprometidas que la de Cardozo, que están logrando dilatar desde hace rato el juicio que dicte una sentencia en otros resonantes casos.
La cuestión no afecta sólo la imagen de la Justicia provincial, sino que también se presenta como indisoluble con un proyecto político que gobierna la provincia desde hace 26 años.
Medio estrecho
Y aparece la otra cuestión, más de armado político-electoral, que también complica al peronismo cordobés.
La ratificación de la condena a Cristina tuvo como efecto inmediato una acentuación de la grieta, el antagonismo, las posiciones casi extremas en las que discurre desde hace años la política argentina.
Achica la cada vez más angosta avenida del medio por donde eligieron transitar Llaryora y Juan Schiaretti, máximos exponentes del PJ local.
Si para una fuerza provincial ya era difícil hacer pie en las elecciones de medio término antes de la prisión de Cristina, ni qué hablar con la efervescencia de un lado y del otro que la decisión judicial ha generado.
Por ello, no fue para nada casual que los principales referentes del oficialismo provincial hubieran guardado un cuidadoso silencio ante la condena que es el eje de la discusión política nacional por estas horas.
Influyen varios factores. Deben explorar en pocos meses ese camino del medio para hacer campaña de cara a las legislativas nacionales de medio término.
Tanto Llaryora como el intendente capitalino, Daniel Passerini, tienen –entre sus funcionarios, seguidores y votantes– tanto adherentes a Cristina que rechazan con vehemencia el fallo como anti-K que celebran la resolución judicial. Probablemente, entre los votantes, la desproporción a favor de los segundos sea considerable.
Y, fundamentalmente, no pueden exhibir una Justicia provincial como modelo de independencia.
La sentencia por el caso Neonatal no hizo más que confirmarlo.
