- La Municipalidad de Córdoba paga el último gran juicio contra la fallida empresa estatal de la basura.
- Lo ganó Guía Laboral
- una firma sospechada de integrar la estructura de Hugo Moyano.
- El reclamo viene de la gestión Giacomino y la causa agotó instancias judiciales en la gestión Mestre.
- Uno de los abogados que actuó es el actual legisl
La fallida empresa estatal Crese volvió a sacudir las arcas de la Municipalidad de Córdoba, que deberá pagar más de 170 millones de pesos (más intereses) tras perder un juicio por facturas impagas y cheques rechazados por falta de fondos en perjuicio de Guía Laboral, una empresa sospechada de integrar la estructura de Hugo Moyano y que en Córdoba tenía tercerizados unos 200 barrenderos.
Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Superior de Justicia rechazó un último manotazo de Crese para protestar ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que quedó firme la sentencia y, con ella, la planilla de obligaciones que deberá hacer frente la comuna capitalina. Aunque Crese es la condenada, por ser una empresa estatal que no factura, depende de las arcas municipales para saldar sus deudas.
Este es el último gran juicio contra Crese, aunque la empresa debe cerrar algunos pleitos menores. También queda otro juicio, por 500 millones de pesos, realizado por Cotreco, aunque en ese expediente la demandada principal es la Municipalidad de Córdoba. Hasta tanto se liquiden todos los juicios, Crese no podrá ser liquidada.
Un juicio ruinoso
De acuerdo con el detalle de la sentencia contra Crese, 100,5 millones de pesos que debe pagar el municipio irán a la quiebra de la empresa Guía Laboral; 57,1 millones, a los abogados de la demandante, y 10,5 millones, a los dos abogados que defendieron los intereses de la estatal Crese: el expresidente del Colegio de Abogados Héctor Echegaray y el actual legislador provincial y exgerente de Legales de Crese, Marías Chamorro. Las costas totales del largo proceso judicial suman 168,2 millones de pesos.
En el caso de Guía Laboral, el juez de la quiebra accedió a recibir bonos de la Municipalidad de Córdoba para el pago de proveedores, con vencimiento en 36 meses e intereses pactados en tasa Badlar, por lo que el monto final será superior.
Los abogados de esta empresa acordaron el pago con cheques diferidos, haciéndose efectivos los dos primeros durante el mes de diciembre. Respecto de los abogados que representaron a Crese, el liquidador de la fallida empresa municipal, Martín Llarena, negocia con ellos cómo abonar esos 10 millones de pesos.
Es el fin de un largo conflicto judicial en el que son una constante la desidia y las maniobras dilatorias por parte del directorio, según surge de actas de la empresa y de las sentencias de distintos tribunales que participaron del proceso que demandó más de cinco años, mucho más tiempo que el que Crese operó.
Pese a los malos pronósticos técnicos respecto de las posibilidades de ganar el juicio, el directorio de Crese ordenó en reiteradas oportunidades continuar con los planteos, pateando la definición y, por ende, sumando intereses a los reclamos y honorarios profesionales. Esto queda en evidencia en una de las actas del directorio de Crese, la del 1° de octubre de 2019, cuando el abogado de la empresa estatal, Matías Chamorro, indicó que existían “pocas posibilidades de éxito” en un planteo ante el Tribunal Superior de Justicia, pero el directorio, aduciendo “sugerencias” de las autoridades municipales de la gestión de Ramón Mestre, decidieron tomar ese camino sin salida para “no permitir que la sentencia quedara firme en esta época del año, muy cerca del cierre de gestión”.
A lo largo del proceso, jueces de primera instancia y tribunales de apelación le dieron la razón a Guía Laboral. Por qué se dejó inflar la demanda y no se negoció es una de las preguntas que se hacen las actuales autoridades de Crese.
De hecho, el 23 de diciembre de 2019, al cerrar la puerta a la pretensión de Crese de llevar el expediente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como quería el exdirectorio de Crese, la sala civil del TSJ sostuvo que la empresa municipal “no ha efectuado una crítica apta” contra las sentencias anteriores. El TSJ le impuso a Crese las costas por los honorarios de los abogados de Guía Laboral, pero entendió que al abogado Chamorro (quien ya se desempeñaba como legislador) no le correspondían honorarios por su participación en esa instancia.
Cerrada la discusión judicial, el expediente volvió al juzgado de primera instancia a cargo de Roberto Cornet, quien fijó en casi 170 millones de pesos los desembolsos de Crese (de la Municipalidad) para afrontar el capital y los intereses demandados y los honorarios de todos los abogados y peritos que participaron. La demanda inicial había sido por 14,9 millones de pesos; y los honorarios en el juicio de primera instancia que Crese perdió fueron de 2,8 millones de pesos.
Historia
El juicio estaba perdido desde el inicio: durante la gestión de Daniel Giacomino, y cuando el socialismo tenía peso en la gestión de los residuos de la ciudad a través de Crese, la empresa municipal subcontrató a través de Guía Laboral 200 barrenderos para cubrir vacaciones, aunque finalmente fueron sumados al municipio. El presidente de la empresa era Fernando Cámara. Eso ocurrió el 26 de noviembre de 2010. Cuando asumió Ramón Mestre, las nuevas autoridades desconocieron facturas y decidieron no hacerse cargo de cheques sin fondos emitidos por la gestión anterior.
El 28 de agosto de 2014, Guía Laboral presentó la demanda en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 41ª Nominación. El 30 de mayo de 2017, el juez Roberto Cornte bajó el martillo contra la Municipalidad declarándola deudora de 10,4 millones de pesos por cheques rechazados por falta de fondos y de 4,5 millones por facturas impagas de noviembre y diciembre de 2011 y de febrero de 2012.
En la sentencia, entre varios cuestionamientos, el juez escribió respecto de Crese: “Que ningún esfuerzo ha realizado la demanda para colaborar con la solución de la presente”, en relación con el reclamo de Guía Laboral. También se lee: “Podría (Crese) haber acreditado la verdadera situación de las cuentas habidas, no obstante la tera probatoria no se ha desplegado por parte de la demandada”.
Pese a esto, el directorio de Crese insistió en tomar el camino de la apelación, el que lo llevó hasta el Tribunal Superior de Justicia, que rechazó el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dándole la razón a Guía Laboral.
Para apelar la sentencia de primera instancia, Crese contrató al abogado Héctor Echegaray, quien también se desempeñó en lTamse durante la gestión Mestre. La Cámara en lo Civil y Comercial N° 8 confirmó la condena de primera instancia.
No obstante, Crese impuso una casación ante el TSJ, a cargo del abogado Etchegaray. El 17 de septiembre de 2019, el alto tribunal provincial también desacredita el trabajo de los abogados contratados por la empresa municipal: “Todas las críticas (de Crese) se orientan a poner de resalto no un vicio racional, sino una mera discrepancia” con lo actuado por la Cámara. Aun así, el directorio saliente de Crese insiste en explorar el camino de la Corte Suprema de la Nación para que Ramón Mestre no se despida de la Municipalidad con este gol en contra.
Finalmente, el 23 de diciembre de 2019, el TSJ cierra definitivamente la posibilidad de llevar el caso al máximo tribunal del país.
Puntos de vista
Martín Llarena, liquidador de Crese: “Se aparentó que Lusa y Cotreco eran más baratas, pero dejando a cargo de Crese las indemnizaciones de los recolectores y barrenderos mientras se le quitaba la facturación. Así fue desfinanciada Crese: dejándola sin recursos y con numerosas obligaciones, que llevaron a varios juicios”.
Soledad Cabral, síndica de Crese por el Frente Cívico: “Estiraron un juicio sin posibilidad de ganarlo durante seis años, sólo porque atrás estaba como garante el erario. Guía Laboral y los abogados de Crese son los únicos ganadores de este papelón jurídico. Otro manotazo al bolsillo de los cordobeses”.
