El conflicto gremial en el Poder Judicial de Córdoba se fue incrementando en los últimos meses, incluyó tres paros en las últimas semanas y tuvo su epicentro en una multitudinaria asamblea que se realizó este jueves en el histórico Salón de los Pasos Perdidos, en Tribunales I, situación que generó preocupación en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y también en el Gobierno provincial.
El conflicto es por un reclamo salarial. Según el gremio de los judiciales provinciales que encabeza Federico Cortelletti, los empleados del Poder Judicial cordobés perdieron en promedio el 40% del poder adquisitivo en el último año.
Los aumentos están “enganchados” a los que dispone la Corte Suprema para los judiciales nacionales, y hasta ahora la suba había sido de sólo 1,8% en enero. Dada la insuficiencia del incremento, la Provincia había pagado un 2,6% a cuenta de futuros aumentos.
Este jueves la Corte anunció un incremento de 2% retroactivo a febrero y el TSJ define este viernes si ese porcentaje se absorbe de lo pagado a cuenta de futuros aumentos o se abona al margen de ese anticipo de la Provincia.
Aunque la ley provincial establece que los aumentos son los que establece la Corte Suprema, los reclamos de los judiciales no son al máximo tribunal ni al Gobierno de Javier Milei, sino al Superior Tribunal cordobés y, en última instancia, al Gobierno provincial.
El gremio viene dialogando con el TSJ una reestructuración de la planta de personal que entrará en vigencia el mes próximo y que además de acortar de 11 a seis los cargos de la carrera judicial, supondrá un incremento salarial de 10% para más de 2.400 judiciales.
Pero esa reestructuración no impidió el fuerte conflicto salarial, que va acompañado por el pedido de “equiparación” de los empleados de la Justicia provincial con la justicia federal.
La situación de los judiciales
La equiparación es el principal reclamo de la última década, desde que en 2014, los magistrados y funcionarios cordobeses fueron equiparados con los salarios de sus pares de la Justicia federal.
Esa equiparación no llegó a las categorías más bajas. Con el agravante de que los judiciales provinciales quedaron “atados” a los federales y con mínimo espacio de negociación: eso en algún momento fue beneficioso, pero desde que asumió Javier Milei la licuación de los sueldos judiciales fue igual o mayor que la del resto de los empleados nacionales. Las categorías iniciales cobran salarios de entre 800 mil y 900 mil pesos.
“No hay negociación paritaria, como tienen el resto de los empleados estatales cordobeses. Recibimos lo que define la Corte Suprema, que en este momento tiene problemas políticos internos que le impiden abocarse a la cuestión salarial de los empleados”, aseguró Cortelletti, que fue reelegido al frente del gremio, en octubre del año pasado.
En este contexto general, en los Tribunales cordobeses surgió un movimiento de autoconvocados, que rechaza la intermediación del gremio de los judiciales ante las autoridades del Poder Judicial provincial.
Los autoconvocados reclaman un 50% de aumento, que según ellos, es lo que han perdido de poder adquisitivo en el último año. Desde la cúpula judicial sostienen consideran que se trata de un pedido irracional.
La masiva asamblea de este jueves generó distintas lecturas. El gremio dijo que fue quien hizo la convocatoria, mientras que los convocados argumentaron que ellos “tomaron” el Salón de los Pasos Perdidos.
Pedro Boaglio, es uno de los referentes de los autoconvocados, aunque aclaró que no es líder. “El tema es muy simple. Una gran porción de los empleados judiciales perdimos la confianza en el gremio, que siempre termina por acordar migajas. Necesitamos una defensa clara y concreta de nuestros problemas, sin injerencia de la política que siempre termina metiendo la cola en estos reclamos, que son justos”, dijo Boaglio.
El hecho que este jueves enardeció a los judiciales fue el anuncio de que se descontarán los días de paro, tal como la Provincia hace con los docentes. Hasta ahora no se aplicaban esos descuentos en el Poder Judicial.
