El juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro procesó a cinco directivos de la empresa Cotreco por los delitos apropiación indebida de recursos de la seguridad social y por apropiación indebida de tributos.
Entre los procesados están el titular de la firma y expresidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Horacio Busso, a quien se le trabó embargo sobre sus bienes por cuatro millones de pesos.
También fueron incluidos por la misma resolución David Emanuel Druetta, Jorge Héctor Pedro Pererya Córdoba Campos, Flavio Néstor Cavallieri y Marcelo Elio Debernardo. A los dos primeros se les trabó embargo por dos millones de pesos, mientras a los dos últimos, por cuatro millones de pesos.
La misma resolución deja expuestas dos graves situaciones. En primer lugar, la circulación de dinero "en negro" entre Horacio Busso y el dirigente del gremio de los recolectores de Córdoba, Pascual Catrambone.
En segundo lugar, se abren serias sospechas sobre la actuación de autoridades de la oficina local de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y sus vínculos con los empresarios procesados.
No pagaron
Los diferentes hechos que se les imputan a los empresarios comienzan en 2013 y se refieren a la retención de millonarias sumas en concepto de aportes que debían hacerle a los empleados de Cotreco al Régimen de Seguridad Social. Los empresarios, según la investigación, no depositaban los montos que correspondían al fisco y se quedaban con ese dinero.
Con respecto al otro delito, la apropiación de tributos, el juez destaca que desde 2014 los empresarios retuvieron a diferentes contribuyentes los montos de impuesto a las Ganancias e IVA, también por sumas millonarias.
En total se los procesa por haber cometido 68 hechos presuntamente delictivos.
Uno de los apartados más escandalosos del procesamiento, deriva de los resultados que tuvieron las intervenciones telefónicas a los empresarios, y en la afirmación de que estos empresarios contaban con muy buenos contactos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), para alertarlos de posibles operativos contra la empresa.
"¡Qué cagada!"
Específicamente en la resolución de Bustos Fierro se cita una conversación de octubre de 2019 entre el CEO de Cotreco, Horacio Busso, con Flavio Cavallieri. Allí hablan de los allanamientos que estaban ocurriendo en los estudios de los contadores Cavallieri y Debernardo, y en las oficinas de Cotreco.
Horacio Busso: ¿Flavio?
Flavio Cavallieri: Sí ¿cómo andás?
Horacio Busso: ¿Qué hacés?
Flavio Cavallieri: Están haciendo un allanamiento ahí en Cotreco
Horacio Busso: ¡No me digas!
Flavio Cavallieri: Sí.
Horacio Busso: ¡La puta madre que lo parió!. ¿En serio me decís?
Flavio Cavallieri: Sí. sí, sí.
Horacio Busso: ¿Pero qué? ¿la justicia?
Flavio Cavallieri: Sí, la Aeroportuaria… así que ha de ser la Federal.
Horacio Busso: ¡Agg, que cagada!. Yo tengo la plata de Pascual, en la… hay
600 lucas en la caja. ¡La puta madre!
Flavio Cavallieri: Bueno. Y debe haber en el estudio también, porque me están
hablando del estudio. Esperá.
Horacio Busso: Dale.
La Justicia señala que de esa conversación surge la evidencia de un arreglo entre Horacio Busso y Pascual Catrambone, uno de los máximos dirigentes del gremio de recolectores Surrbac, quien se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer por diferentes hechos de supuesta corrupción cometidos en el sindicato y por violencia de género.
Dinero negro
“De acá surge -dice el juez- que Busso en su oficina de Cotreco contaba con 600 mil pesos en efectivo, para Pascual, que puede suponerse, por la empresa que dirige Busso, que se trata de Pascual Catrambone, el que conforme su perfil fiscal no figura como empleado de Cotreco”.
“Este hecho -sigue diciendo Bustos Fierro - y la circunstancia de que el dinero se entregaba en efectivo, hace suponer que se trata de dinero negro que nada tiene que ver con una remuneración, sino más bien con un arreglo del CEO de Cotreco con quien dirigía el Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba”.
El conocimiento que los procesados tenían de temas internos de Afip, también es resaltado por el juez: “Llama la atención también que, en muchos pasajes de las transcripciones de las intervenciones telefónicas, ya sea entre los imputados Cavallieri y Debernardo entre ellos o con terceras personas, responsabilizan de la denuncia en su contra a la Dra. Elisa Diez, actual Jefa de la Sección Penal Tributario de la Regional Córdoba de AFIP-DGI”.
El fiscal Enrique Senestrari había solicitado que los empresarios fueran acusados por asociación ilícita, pero el juez cambió la calificación legal porque, dijo, todos los delitos cometidos son de naturaleza tributaria.
Bustos Fierro entendió que existe otra figura penal específica de este presunto accionar criminal, incluida en el agravamiento de conducta del artículo 15 del Régimen Penal Tributario
El delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social prevé prisión de hasta seis años.
El juez señaló que cuando Cotreco no depositaba los aportes de sus empleados, en realidad sí tenía dinero suficiente para poder pagarlos en sus cuentas bancarias, lo que terminaría de probar el dolo de los empresarios. Esto quedó probado con la documental que aportó Afip a la investigación.
El procesamiento de los contadores y de Horacio Busso (quien es el CEO aunque figura como empleado en relación de dependencia de Cotreco), se debe a que “es imposible suponer por” sus “características personales y la vasta experiencia contable” que tienen, que todas “las maniobras de este tipo puedan llevarse adelante sin su consentimiento, más cuando el provecho económico repercute en favor” de ellos.
Los amigos de la Afip
La resolución judicial tiene otro párrafo dedicado para la Afip de Córdoba y a las relaciones que algunos de sus funcionarios tendrían con los empresarios procesados. “Llama mucho la atención la multiplicidad y reiteración de hechos de apropiación indebida que sistemáticamente no fueron denunciados por Afip a lo largo de tanto tiempo”.
“Ello -continúa el juez- tal vez obedezca a la íntima relación con funcionarios de Afip de la región local que revelan las escuchas telefónicas antes analizadas y esto es compatible con la designación de funcionarios de otra región para la realización de una investigación preliminar independiente o libre de contaminación”
Al final Bustos Fierro señala que “resta dilucidar como materia pendiente en la presente causa las responsabilidades en que hubieren incurrido los funcionarios locales del organismo frente al escudo de protección que tuvieron las empresas involucradas a lo largo de tanto tiempo”.
De las intervenciones telefónicas se desprenden “las conexiones intimas de los imputados con personal de AFIP-DGI de la Dirección Regional Córdoba y el conocimiento de las maniobras de apropiación indebida de recursos de la seguridad social y de tributos. Citando algunas de estas podemos destacar, la sorpresa que presentaban los imputados al no haber tenido conocimiento con anterioridad de los procedimientos que se llevaron adelante en los domicilios”.
El juez menciona, como elemento llamativo, que la esposa del contador Debernardo es empleada de Afip.
