Una de las estafas más famosas de la historia argentina tuvo como epicentro la ciudad de Córdoba, específicamente el actual Paseo Buen Pastor, donde hasta fines del siglo pasado funcionaba una cárcel para mujeres administrada por monjas.
La versión popular de aquel engaño hizo foco en la figura del dirigente radical Luis Medina Allende, a quien se presentó como un “vivo argentino” que había conseguido engañar a un empresario alemán llamado Martin Thesing.
Medina Allende, según el cuento resumido que se continúa repitiendo hasta hoy, le hizo creer al empresario que podía comprar la cárcel e instalar un casino con tragamonedas, allá por 1990, cuando las tragamonedas estaban prohibidas en toda la provincia de Córdoba.
La historia real
Desde 1980 Córdoba tenía una ley, la 6.393, que prohibía todo juego de azar y toda apuesta que no fuera explotada o autorizada por el Estado.
Lo que realmente estaba en juego en aquella historia del Buen Pastor era el ingreso del negocio de los juegos electrónicos programados.
No existían internet ni los teléfonos celulares y la versión moderna de los antiguos casinos eran las apuestas en máquinas electrónicas. No eran juegos de azar, sino que estaban predeterminados para asegurar las ganancias para sus dueños y entregar un porcentaje fijo y pequeño de premios a los jugadores.
Que fueran ilegales no significaba que no funcionaran de hecho. Docenas de bares y hoteles alojamiento de la ciudad de Córdoba tenían sus cuartos del fondo, sus lugares de acceso restringido con máquinas de videopóker, como se las llamaba entonces, adonde podían concurrir miles de apostadores. Había autoridades policiales y padrinos políticos que protegían el negocio.
Hasta hubo sedes partidarias que funcionaron como casinos o depósitos clandestinos: el 21 de enero de 1988 allanaron la sede del partido político Unión Popular, en la céntrica avenida Colón, donde fueron secuestradas 46 máquinas tragamonedas.
La pelea por las tragamonedas
Años antes, en 1987, cuando la Legislatura aprobó la reforma constitucional promovida por el gobernador radical Eduardo Angeloz, hubo un fuerte lobby para que se autorizara la instalación de tragamonedas, tal como ya funcionaban en varias provincias del norte argentino.
Hubo diputados nacionales peronistas que tiempo después reconocieron haber recibido “aportes” de empresas del rubro para campañas electorales en Córdoba. El diputado Miguel D’Alessandro, por ejemplo, confirmó que el PJ cordobés recibió medio millón de dólares del alemán Thesing como “aporte voluntario a la campaña electoral”.
En esas mismas épocas, el radical Medina Allende enviaba faxes a tres extranjeros que participaban de su estafa, diciéndoles que ya casi obtenía la aprobación para instalar las primeras 1.600 tragamonedas, de un total de 6.000, para una concesión por 25 años que estaba negociando con el gobierno.
Al año siguiente, en 1988, el gobierno de Angeloz, como si las promesas de Medina Allende hubieran sido reales, envió un proyecto de ley para modificar la ley represiva de los juegos de azar y legislar sobre los juegos electrónicos, pero la propuesta fue modificada de manera confusa y acabó siendo vetada.
En 1989, como para aplacar rumores que vinculaban el juego con personajes cercanos al gobierno, se aprobó una ley de un solo artículo, la 7.855, sólo para prohibir las tragamonedas.
El noruego Jan Erik Moe, uno de los involucrados en la estafa del caso Buen Pastor, denunció en 1994 a través de su apoderado, Knut Hererdahl-Larsen, que pagó 1.200.000 dólares en coimas a dirigentes del radicalismo y el peronismo cordobeses, para que se cambiarala ley que impedía la instalación de tragamonedas. Un año antes, su hija Anne Linge Kristin Moe, había sido encontrada muerta en la ciudad de Córdoba.
La provincia de Córdoba, como todas, había tomado la decisión de quedarse con el juego porque las estructuras de apuestas clandestinas alimentaban mafias locales, corrompían las fuerzas de seguridad, producían hechos de violencia y estafaban a miles de personas. Además, así se aseguraba un nuevo ingreso para el Estado.
La culpa oficial de explotar un negocio que era visto como moralmente reprobable se blanqueaba enviando esos fondos hacia el amplio mundo de la ayuda social.
Pobres y pecadores
Ese prejuicio cristiano en el manejo del dinero proveniente de las apuestas está presente en Córdoba desde los comienzos.
La primera lotería de Córdoba nació hace más de un siglo, en 1920, por iniciativa del gobernador Rafael Núñez, quien la unió al Monte de la Piedad, una institución de beneficencia para los pobres creada en 1882 por uno de sus antecesores, Miguel Juárez Celman.
Esta unión de fondos del juego y ayuda social tuvo su momento de esplendor con la creación del Banco Social de Córdoba, en 1971, que nació como un instrumento financiero del Ministerio de Acción Social. El Estado ganaba plata con el dinero de los “pecadores” que jugaban a la quiniela y le rezaban al bolillero de la lotería, pero esos billetes –se decía– iban a los bolsillos de quienes más lo necesitaban.
Esa aventura duró hasta 1995, cuando el banco de las buenas intenciones sociales fue esquilmado durante la tercera gestión del gobernador Eduardo Angeloz.
La institución, como se probó en una treintena de juicios que fue conocida como el “superproceso”, tergiversó su motivo de existencia y actuó como prestadora de cientos de millones de dólares para socios y amigos de los políticos de aquel momento, que tomaron créditos sin aportar garantías.
Mestre, De la Sota, Disney
El gobernador Ramón Mestre tuvo la tarea de decretar la muerte oficial del Banco Social en 1997, cuando lo fusionó con el Banco de Córdoba.
Mestre intentó en su momento autorizar las tragamonedas en toda la provincia. Luego de haber rechazado en 1996 un proyecto que le presentó la empresa Masters Internacional SA, vinculada a Miguel Angel Caruso, para instalar dos mil tragamonedas, en 1999 terminó enviando un proyecto de ley para permitir el funcionamiento de casinos privados y la explotación de las máquinas. Sólo ocho años antes, cuando Mestre padre era intendente de Córdoba, había hecho sancionar una ordenanza para prohibir las tragamonedas en toda la ciudad.
Ya para entonces se conocía que grandes grupos empresarios, como Roggio, tenían proyectado poner un pie en el negocio de los casinos construyendo un hotel cinco estrellas con casino y tragamonedas en Villa Carlos Paz. Su socio, en ese momento, iba a ser la cadena internacional de hoteles Hilton. Hasta se llegó a especular con la construcción de un centro de entretenimientos estilo Disney, a cargo de otra empresa, en el hipódromo de barrio Jardín.
Fue durante la primera administración del gobernador José Manuel de la Sota, en 2002, cuando el grupo Roggio ganó la licitación para ser único concesionario del negocio de las tragamonedas. Su socio terminó siendo Caruso, que ya tenía ganado un lugar en el negocio, con concesiones en varias provincias norteñas.
Ahora “online”
Esta licitación fue al principio con una concesión por 20 años, pero en 2005 fue prorrogada por otros cinco años. Prórroga que acaba de ser efectivizada por el gobierno de Juan Schiaretti hasta 2027. La licitación mantiene numerosos costados polémicos.
Le otorgó el monopolio del negocio a un solo grupo empresario. El compromiso que asumieron los privados para construir cinco hoteles de lujo no ha sido cumplido hasta hoy: van 20 años de concesión y todavía falta levantar uno de los establecimientos. Además, se instalaron sedes de apuestas en zonas productivas, no turísticas, donde en principio no se iba a permitir hacerlo. Y la cantidad de tragamonedas creció hasta cuatro mil máquinas durante las gestiones de Juan Schiaretti.
Hoy funcionan 19 salas de juego, que encienden miles de tragamonedas en 17 ciudades de la provincia. Aun así, el negocio de base tradicional, como en muchos otros rubros, está perdiendo peso frente a las plataformas virtuales. Hay un cambio de época y los empresarios quieren subirse también a la nueva ola.
Pese a toda la estructura actual, los ingresos de la Lotería de Córdoba (sumando tragamonedas y el resto de los juegos), hoy solamente aportan un seis por ciento del presupuesto provincial para ayuda social, pese al millonario monto jugado en las tragamonedas o en la quiniela tradicional.
Son sólo 1.200 millones de pesos, que apenas cubren –por ejemplo– el ocho por ciento del costo anual del programa alimentario Paicor. Este es un argumento concreto y poderoso. Tal vez más que las acusaciones de tinte moral y religioso que la oposición esgrimió los últimos días en la Legislatura contra la aprobación del juego online. Las mismas acusaciones que se escuchan en Córdoba contra el juego desde que se decidió oficializarlo hace 101 años.
