Una enorme grieta política separa a Córdoba de los gobiernos kirchneristas y explica en buena medida la repetida conducta electoral refractaria de los cordobeses a cualquier cosa que huela a K. Esa grieta se sustenta en dos hechos clave para la degradación de la relación entre la provincia y ese espacio político ligado al peronismo: el rotundo rechazo del sector rural a la resolución 125 en 2008, y las derivaciones políticas del acuartelamiento policial de 2013, que marcó el quiebre definitivo entre los K y la mayoría de los cordobeses.
Ambos acontecimientos entrelazaron rechazos: el del aparato productivo, que puede sintetizarse en “el interior”, y el de la Capital provincial, arrojada a la inseguridad y los saqueos en lo que se recuerda como una de sus noches más oscuras, en aquel inicio de diciembre fuera de control.
Incluso, hay un tercer hito, menos impactante desde lo icónico pero significativo en lo económico: el triunfo judicial en la Corte Suprema de Justicia de Córdoba, que logró la devolución de los recursos que habían sido retenidos por la Anses por la deuda con la Caja de Jubilaciones. Ese fallo data de finales de 2015, en el cierre del segundo gobierno de Cristina Kirchner.
La política cordobesa y en particular el peronismo liderado por José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti hicieron el resto: se apoyaron en estos antecedentes para exacerbar al extremo el antikirchnerismo. Fueron exitosos. Lo lograron con creces.
El primer round de esa separación tuvo como telón de fondo el largo conflicto con el sector rural disparado por la resolución que dispuso retenciones móviles a las exportaciones de soja, trigo y maíz. Esa norma fue ejecutada por un joven Martín Lousteau, entonces ministro de Economía de la expresidenta.
Todo el arco político provincial, excepto el kirchnerismo, salió en defensa del campo. Como otras provincias productivas del país, Córdoba se levantó a fuerza de tractorazos y cortes de rutas. El apoyo político a esas movidas fue total en esta provincia. Fue el primer paso de un divorcio anunciado. Aquel hecho, que hundió en una profunda crisis al gobierno de Cristina, sin embargo terminó siendo revertido, en parte, con la contundente reelección presidencial que logró Cristina tres años después.
Después de San Luis y Capital Federal, Córdoba fue el tercer distrito donde menos votos obtuvo la fórmula Fernández de Kirchner-Boudou: 37% frente a una cosecha nacional general de 54%.
Punto de quiebre
Si Córdoba fue primero macrista y ahora es mileísta, es porque, antes que nada, es profundamente anti-K. Ese sentimiento se terminó de forjar en aquel diciembre caliente de 2013, con una crisis que fue estrictamente local, pero que tuvo una derivación nacional de la que el kirchnerismo nunca pudo librarse: el “abandono” a los cordobeses.
Esa situación fue negada por la dirigencia kirchneristas del momento, aunque repetida y denunciada hasta el hartazgo por funcionarios cordobeses.
Hay un consenso extendido acerca de que los sucesos que se vivieron en las largas horas de desidia del 3 y 4 de diciembre de aquel año signaron, sin que mediara pausa alguna hasta hoy, la distancia sideral que existe entre buena parte de los cordobeses y cualquiera de las formas en las que se envasó el kirchnerismo a nivel nacional y provincial.
Córdoba sigue siendo la capital nacional del antikirchnerismo. Sin saberlo, lo que hoy se corporiza bajo la categoría “cordobesismo” nació en aquellas jornadas tenebrosas de diciembre de 2013.
“Córdoba ha peleado muchas veces sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda”, afirmó en modo perdón Sergio Massa, en Río Cuarto, semanas antes del balotaje en el que perdió con Javier Milei. Ese pedido de disculpas del por entonces ministro de Economía no hizo mella ni influyó electoralmente. Por más que su origen sea otro, para Córdoba Massa es K.
Responsabilidad cordobesa
El abandono que la Policía ejerció sobre los cordobeses fue la consecuencia del amotinamiento que la fuerza de seguridad provincial ejecutó para protestar por malos salarios.
La chispa que encendió la desidia fue responsabilidad plena del gobierno del luego fallecido gobernador De la Sota, quien durante meses desoyó señales de alarma que tenían como origen el malestar de los uniformados de azul.
Desde un primer momento, pero también con esmero años más tarde y hasta la actualidad, tanto De la Sota como Juan Schiaretti reforzaron la idea del “abandono” K a Córdoba, una construcción identitaria que el cordobesismo se encargó de propagar cada vez que el PJ local vio una amenaza política u electoral en contra suyo.
“Que los cordobeses se cocinen en su propia salsa”. La frase que había usado en el pasado Juan Domingo Perón se le atribuye a Jorge “Coqui” Capitanich, en aquel momento jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.
El chaqueño fue señalado por las autoridades cordobesas por no haber atendido los llamados insistentes que partían desde los principales despachos del Panal.
A pesar de que Capitanich nunca reconoció haber pronunciado aquellas palabras que se le adjudican, en la memoria de los cordobeses el chaqueño quedó marcado para siempre por ese episodio.
En 2021, la Justicia federal determinó que ni Capitanich ni Sergio Berni –en aquel tiempo secretario de Seguridad de la Nación–, ni María Cecilia Rodríguez –al frente de la Unidad Gabinete de Asesores en el Ministerio de Seguridad de la Nación– incumplieron sus deberes de funcionario público ante la supuesta falta de respuesta al llamado de las autoridades provinciales. Fueron sobreseídos.
Aunque la Justicia no logró probar el “abandono” del gobierno K, una mayoría de cordobeses piensa lo contrario. La Cristina “presa” completa el círculo para el antikirchnerismo provincial, que siempre la consideró de una sola manera: “culpable”.
