Los auxiliares fiscales Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 (TOF3) de Córdoba una pena de 18 años de prisión para el excapitán del Destacamento 141 de Inteligencia Ernesto Guillermo Barreiro, por presunta privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados en perjuicio de dos víctimas.
Se trata del primer juicio de lesa humanidad que se realiza desde el 12 de mayo último ante el TOF3, integrado por los jueces Facundo Zapiola, María Cristina Giordano y María Noel Costa.
Trotta y Bazo Queirolo requirieron además que, dado que Barreiro ya cuenta con tres condenas, en caso de ser declarado culpable en este debate, se le unifique con las anteriores una pena única de perpetua, según publicó el Ministerio Público Fiscal.
Los hechos
En agosto de 1978, integrantes del Tercer Cuerpo de Ejército que aún no pudieron ser identificados, privaron ilegítimamente de la libertad a Carlos Alberto y Luis Roberto Civili, en cercanías de esa dependencia.
Las víctimas habían viajado desde Tucumán -donde residían- y se encontraban allí porque habían ido a presenciar el “salto de bautismo” de su hermano Jaime Darío Civili, quien cumplía con el servicio militar obligatorio en el Regimiento 14 Aerotransportada.
Una vez capturados, los hermanos fueron llevados a instalaciones militares que no pudieron ser identificadas, y luego de unas diez horas, fueron reducidos por personal no individualizado, que luego de maniatarlos y vendarles los ojos, los trasladarlos a las instalaciones del centro clandestino de detención Campo La Ribera, en cuyas dependencias se desempeñaba Barreiro como integrante del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército.
En ese sitio, las víctimas fueron mantenidas cautivas subrepticiamente hasta los primeros días de septiembre de 1978, cuando recuperaron su libertad.
Según la imputación, durante el cautiverio en el Campo La Ribera, Barreiro -jefe de la Sección Primero o Política-, junto con otros integrantes del Destacamento 141 no identificados, sometieron a las víctimas a constantes torturas físicas y psíquicas.
De acuerdo a lo reconstruido por los fiscales, los obligaron a permanecer con los ojos vendados y acostadas en colchonetas sobre el piso, con la prohibición de moverse y/o comunicarse con los demás secuestrados.
Además, los privaron de una alimentación, higiene y atención médica adecuada. También ocultaron a ambos detenidos información fidedigna respecto al lugar donde estaban y la causa de su detención, autoridades intervinientes, procedimiento seguido y destino que se les habría de imponer, y las forzaron a escuchar gritos y lamentos de otras personas que eran allí torturadas.
Después de 10 días de detención, a ambos hermanos se les dijo que “habían llegado sus informes” y que de allí surgía que se trataba de “ciudadanos honorables”, por lo que les pidieron disculpas y les manifestaron que les iban a devolver todas sus pertenencias, lo que así ocurrió, con la excepción del rollo de una cámara de fotos que tenían al momento de su detención.
De acuerdo a su relato, cuando ya se estaban retirando, la persona que los había recibido alzó la voz y les dijo: “¡Una cosa más!, traten de olvidar que estuvieron aquí, no es conveniente comentar estas cosas”.
Esa misma noche los subieron vendados a un camión, en el que los hicieron acostar, y luego de aproximadamente una hora de viaje, el vehículo se detuvo y fueron obligados a bajar mientras les advirtieron que no se quitaran las vendas hasta tanto ya no escucharan el motor del camión, orden que acataron.
Luego de caminar encontraron una casa, golpearon las manos y preguntaron cómo llegar a la ciudad de Córdoba y así pudieron llegar al hotel donde se hospedaban, recogieron sus cosas y regresaron a Tucumán. Lo sucedido solamente se lo contaron a algunas personas, bajo juramento de no decir nunca nada a nadie.
La acusación sostiene que mientras duró su detención ilegal, las víctimas recibieron además comentarios denigrantes y amenazas de parte de sus victimarios y fueron interrogadas en sesiones con diversos tratos crueles, con el objeto de menoscabar su resistencia moral para acceder a la información que pudieran aportar en relación a militantes e infraestructura de distintas organizaciones y agrupaciones.
La planificación, diseño, supervisión y suministro de recursos materiales necesarios para la perpetración de estos hechos y para asegurar su impunidad estuvo a cargo de funcionarios jerárquicos del Ejército Argentino, que a la fecha se encuentran fallecidos.
El alegato de los fiscales y el pedido de penas
Al momento de su intervención, Bazo Queirolo destacó la particularidad de que llegara a juicio un único imputado “ya que el resto de los responsables de los ilícitos cometidos en contra de las víctimas se encuentran fallecidos”. Y agregó que con ello quería señalar que “Barreiro no ha sido el único responsable del padecimiento de las víctimas, sino que es el único que ha llegado vivo a esta instancia”.
Lo mismo remarcó “con las víctimas-testigos en este tipo de procesos, toda vez que el tiempo también transcurre para ellos”. Por ello destacó que “sus declaraciones testimoniales constituyen el elemento más importante del material probatorio, toda vez que sus relatos nos permiten reconstruir el funcionamiento del sistema represivo, de los centros clandestinos de detención, brindándonos detalles de lugares, de apodos y de praxis internas, nombres de otras víctimas, traslados que, sumado a demás elementos probatorios, nos permiten sostener la verdad de los hechos”.
A su turno, Trotta consideró probada la participación de Barreiro a partir de la prueba documental, entre la que se encontraban el legajo personal del excapitán que detalla su rol, jerarquía y funciones en el Destacamento 141, lo que confirmaba su responsabilidad en el funcionamiento de Campo La Ribera.
Al mismo tiempo, el fiscal destacó los testimonios de víctimas sobrevivientes que aportaron detalles sobre el accionar represivo de Barreiro, su participación en interrogatorios, torturas y decisiones sobre el destino de los prisioneros. Estos testigos dieron por acreditado el rol del imputado como jefe de la Sección Política y su presencia en centros clandestinos como La Perla y Campo La Ribera.
“Barreiro y quienes llevaron a cabo estos crímenes que estamos juzgando eran funcionarios públicos, por su pertenencia al Ejército. Si bien entre ellos existían diferencias jerarquías, todos y cada uno de ellos estaban alineados detrás de una única misión: aniquilar el accionar subversivo. ¿Cómo iban a lograr este cometido? Estableciendo directivas y reglamentos, dividiendo zonas, reuniendo información, hasta aquí sus tareas formales”, repasó Trotta.
También describió “un accionar verbal, secreto, que solo observaba parcialmente el orden formal, que básicamente consistía en privar ilegítimamente de la libertad a quienes calificaban como ‘enemigos’, trasladarlos a centros clandestinos de detención, mantenerlos en condiciones de vida inhumana, interrogarlos bajo tormento para obtener información y, finalmente, en muchos casos, asesinarlos haciendo desaparecer sus cuerpos o fraguando supuestos enfrentamientos armados”.
Por último, agregó: “Esta tarea se llevó a cabo con una precisión metódica, propia de un plan sistemático. Barreiro formó parte de este sistema represivo dispuestos por las Fuerzas Armadas y cumplió un rol central en la jurisdicción de Córdoba”.
El TOF3 pasó a un cuarto intermedio hasta el 2 de junio a las 9.30, cuando el exmilitar imputado tendrá la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras.
