En pleno debate por la “redefinición de la estrategia” con Córdoba, la Casa Rosada analiza qué pasos dará en la provincia más refractaria al Frente de Todos en un contexto de pérdida de incidencia de los cordobeses en el esquema nacional.
En un primer momento, siete cordobeses se sentaron en sillas con incidencia en la gestión: Martín Gill, al frente de la Secretaría de Obras Públicas; Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad; Néstor Moccia, en la Jefatura de Gabinete; Walter Saieg, secretario de Transporte; Gabriel Bermúdez, subsecretario de Transporte; Rodrigo Rufeil, presidente de Ferrocarriles Argentinos; y Marcos Farina, que reemplazó a Bermúdez. Todos los funcionarios de Transporte respondían a Carlos Caserio, por entonces senador nacional.
El poderío de la tropa de Caserio se fue diluyendo por cuestiones domésticas: Bermúdez se alejó en octubre de 2020 y Saieg debió regresar a Córdoba para ocupar su banca de legislador. El primero, tras permanecer como asesor de Massa en Diputados, fue designado por Martín Llaryora como secretario de Desarrollo Metropolitano. Rufeil se mantuvo en el esquema hasta el “catastrófico resultado electoral” de noviembre, cuando optó por volver a la Unicameral como soldado de Hacemos por Córdoba.
La no peronista Merchán, en cambio, renunció por el arribo de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete: ella y su jefa, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, lo habían denunciado penalmente en 2019 por rechazar que una niña que había sido violada accediera a un aborto legal.
En este tira y afloje, sólo retuvieron sus sillas Moccia (que no es PJ) y Farina, quien tras la salida de los funcionarios de Caserio de Transporte ascendió a secretario de Articulación Interjurisdiccional.
A esa cartera se sumó la legisladora de Tercero Arriba Laura Labat, recientemente arribada a la Subsecretaría de Transporte. En esta cartera hay otros dos cordobeses: Juan Manuel Escudero, director de Transporte de Cargas, y Alejandro Storello, director de Transporte de Pasajeros.
En lo funcional, Labat debe responderle al rosarino Diego Giuliano, massista al igual que el ministro del área, el bonaerense Alexis Guerrera, exintendente de General Pinto y socio fundador del Frente Renovador. Como salta a la vista, en esquema de poder cordobés en Transporte quedó recortado y condicionado.
Los cordobeses que actualmente se desempeñan como funcionarios de Transporte son “terminales” de Adriana Nazario, quien busca guarecer su estructura bajo el “paraguas” del Frente Renovador de Sergio Massa, el último aliado de José Manuel de la Sota.
Hacia allí va La Militante residual, sin ánimo de dejar Hacemos por Córdoba. De hecho, Edgar Bruno, el intendente de Canals y uno los fundadores de la agrupación, se anticipó a lanzar la candidatura a gobernador de Llaryora.
Durante 2019, Pablo Chacón, el secretario general del gremio de los mercantiles, integró la lista de diputados nacionales cordobeses del Frente de Todos en representación de Massa. Pragmático, a los pocos meses cerró un acuerdo con Alejandra Vigo y retornó al peronismo orgánico.
Gill, el articulador
Pese a su renuncia como funcionario, en el Gabinete nacional reconocen el “peso político” de Martín Gill, a quien le valoran “no haber escrito el diario de Yrigoyen: dijo que pasaría lo que finalmente pasó en Córdoba”. Es una factura a Caserio por “vender una estrategia errónea”.
Dicen en la Rosada: “Gill puede ser quien articule con los intendentes de Córdoba, Martín Llaryora incluido, en un año en el que la gestión será clave. “Con Córdoba, debemos revincularnos desde la gestión, la política quedará para el 2023″, es la síntesis.
En esa línea, anticipan que “la base de los intendentes seguirá en manos de Gill”, aunque resta definir el cómo. Se descarta que podrá por sí mismo generar “nuevos compromisos” con jefes comunales, el acceso a una billetera clave para su proyecto.
Públicamente, Gill siguió el manual y dijo que tiene la “convicción” que será “protagonista” en 2023. “El enorme desafío no es solo construir mayorías, sino replantear acuerdos para generar esa fuerza social capaz de seguir transformando Córdoba”, dijo Gill, en un guiño al peronismo. También anticipó: “Estamos trabajando en consolidar el espacio articulado de los intendentes para ser protagonistas de la Córdoba que viene”.
La foto de Llaryora y los funcionarios nacionales en el viaje inaugural del Ferrourbano explicita esa estrategia. En ese sentido, en el kirchnerismo duro reconocen un “activo” en Llaryora: “No hizo antikirchnerismo ni tuvo un papel preponderante en el discurso cordobesista de Schiaretti”. En el kirchnerismo también valoran que Gabriela Reyes, “un cuadro” de La Cámpora, ocupe la Subdirección de Infancias, Juventudes y Familias de la Municipalidad. Hay una banca en Diputados que el kirchnerismo sigue de cerca: la de Ignacio García Aresca, “hermano de la vida” del intendente capitalino.
La interna peronista se cuela en el análisis: no está claro qué hará Schiaretti con los peronistas que “se fueron” con el Frente de Todos. La integración en las listas para la elección del 27 de marzo, cuando el PJ renueve todas sus autoridades, arrojará luz sobre la estrategia del gobernador.
“Llaryora quiere al peronismo unido; pero no está claro si Schiaretti integrará al kirchnerismo, aunque sea en lugares secundarios”, explican en El Panal. Saben que uno de los puntos críticos de su gestión, el transporte, depende de los subsidios nacionales.
Habrá que esperar algunas semanas: el cierre de listas peronistas será el 28 de febrero. Ese día comenzará a resolverse el acertijo del peronismo que viene.
El fracaso político del “albertismo”
En este compás de espera, fuentes de la Casa Rosada anticiparon a La Voz que “el mapa de cargos” no está cerrado, por lo que no se descartan nuevos desembarcos de cordobeses en oficinas de la Nación.
Además de los funcionarios mencionados, mantuvieron sus sillas en la administración nacional Martín Fresneda, a cargo del Observatorio de Derechos Humanos del Senado; Federico Nanzer, del Partido Comunista y Asesor en el área de Relaciones Internacionales de la Jefatura de Gabinete; y David Strassorier, director de Redes Integradas de Salud. Ninguna de estas tiene peso político comparable con las de Transporte ni incidencia en el PJ.
En tren de especulaciones, se espera que por su relación con Alberto Fernández, Carlos Caserio ocupe una silla en la estructura nacional, aunque “hoy no es un vaso comunicante con Córdoba”, explican en el Gobierno central.
Con menos influencia, el exsenador tiene como desafío contener al resto de su estructura.
El esquema de poder que Caserio montó en acuerdo con La Cámpora como estrategia para romper el núcleo duro del kirchnerismo en Córdoba significó importantes espacios para sus dirigentes: por ejemplo, en la delegación del PAMI están Rubén Ovelar y Dante Heredia; mientras que Héctor “Tito” Lobo es el director regional de la Empresa Argentina de Navegación Aérea.
En un mismo sentido, el bloque de legisladores provinciales “albertistas” no prosperó: alguna vez se dijo que serían entre 11 y 13, pero finalmente sólo dos –Mariana Caserio y Miguel Maldonado, de Punilla– enfrentaron a Hacemos por Córdoba en noviembre y fueron los únicos del bloque que votaron en contra del juego online (otros faltaron).
Hasta ahora, pese a las tensiones, Hacemos por Córdoba no reportó ninguna baja en su mayoría de 51 bancas.
En ese marco, Matías Montoto, el intendente de Huerta Grande, vela armas con la intención de destronar a Caserio en ese departamento en el combate del domingo 27 de marzo.
De los intendentes, en el Ministerio de Gobierno provincial –comandado por Facundo Torres, un exintendente– se siguen con atención los pasos de Gill como constructor: entienden que los jefes locales serán “permeables” a los recursos nacionales y que varios los usarán para disputar liderazgos partidarios en marzo.
En ese sentido, una zona en la cual los funcionarios de Torres posan la lupa es el departamento Marcos Juárez, donde una buena porción de intendentes jugó junto a Gill.
Como otros aspectos de la relación Córdoba-Nación, el caso de los intendentes también está atravesado por el proceso de amnistía habilitado por Schiaretti en el marco de la interna partidaria: “Hay un reclamo válido de quienes se quedaron acá (por Hacemos por Córdoba) que los arrepentidos no estén en la primera línea de la próxima conducción del partido”, dicen en El Panal.
