En el país afloran múltiples causas de corrupción; algunas nuevas, que involucran a funcionarios de la administración libertaria, y otras ya maduras, con la expresidenta Cristina Kirchner ya condenada y más problemas judiciales, por ejemplo, para el expresidente Alberto Fernández. Mientras tanto, Córdoba transita sin alteración su realidad paralela, ajena, en apariencia, a toda esa putrefacción que emana del ejercicio ilegal de la función pública a nivel nacional.
La Justicia federal porteña sigue descubriendo capas de lo que parece una monumental y millonaria maniobra de intermediación irregular y desfalco en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Se habla de cartelización de laboratorios y pago de retornos a operadores ligados al poder mientras se recortaban prestaciones, puerta que abrió el libertario Diego Spagnuolo con audios en los que salpica a figuras clave de la gestión nacional, como Karina Milei. En Córdoba, en tanto, no es posible siquiera determinar aún qué cantidad de contratos podrían estar amañados por legisladores o autoridades en la Unicameral provincial. El pago de favores políticos y el financiamiento de estructuras militantes, o el liso y llano acomodo de familiares y allegados, sigue siendo imposible de dilucidar acá.
Ni el escándalo que se desató en enero pasado con la ya célebre “empleada fantasma” Virginia Martínez fue suficiente para el reseteo de un sistema anómalo de décadas.
Aunque tardías, las ejecuciones, los decomisos de bienes y la recuperación de lo robado por la cúpula kirchnerista ocupan la conversación y el debate político. En Córdoba, en cambio, la Justicia provincial dedicada a investigar actos de corrupción sigue sintonizando otra frecuencia: la del amparo de los poderosos.
Hay excepciones, claro. Y son llamativas. Exponen la velocidad diferente en la que transitan las causas que se tramitan en la órbita de la Justicia provincial respecto de las que se cursan en el fuero federal. Estas –aunque sin descollar– avanzan. Lo hacen, por ejemplo, en ámbitos no públicos pero estrechamente ligados a lo estatal, como lo son gremios que logran su financiamiento de fuentes públicas.
Dentro de dos semanas, la Justicia federal anunciará la sentencia para los jerarcas del Sindicato de Luz y Fuerza. De acuerdo con la exposición que realizó este martes el fiscal Carlos Casas Nóblega, la prueba es abundante y con particularidades obscenas. Siempre según el funcionario judicial, los principales imputados –el actual secretario general del sindicato, Jorge Molina Herrera, y su antecesor Gabriel Suárez– no pueden justificar el nivel de vida que ellos mismos expusieron en viajes al exterior y compra de propiedades con los ingresos percibidos como autoridades del gremio.
Casas Nóblega los acusa de defraudar al sindicato a través de maniobras financieras varias y, luego, de lavar ese dinero obtenido. Para esta última operación no fueron muy creativos, según la investigación: fueron directo a los casinos de la provincia a comprar fichas, para luego cambiarlas por dinero ya “blanco”.
Una situación similar, y también en el ámbito federal, se da con las causas en las que espera por el juicio oral la cúpula del Surrbac, acusada de graves cargos. Los históricos líderes del sindicato de recolectores, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, se sentarán en el banquillo para responder por supuesta asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y usura agravada.
Otro ritmo, ¿otra Justicia?
Un panorama muy diferente plantean las causas en las que interviene el fuero Penal Económico, dependiente de la Justicia provincial. El llamado fuero “Anticorrupción” mantiene su reputación de descrédito social. El fiscal Franco Mondino, uno de los dos que actúa en ese fuero, tiene presentado en su contra un pedido de juicio político.
Quien busca su destitución es la legisladora Luciana Echevarría, que acusó al fiscal de haber dilatado la investigación de la denuncia que ella había realizado contra el exlegislador Oscar González por falsear sus declaraciones juradas. Estas fueron expuestas tras el trágico siniestro en el Camino de las Altas Cumbres que dejó a una mujer muerta y a dos adolescentes con graves secuelas. Tras años de inacción, finalmente Mondino se declaró incompetente para investigar la denuncia contra González. Mondino conocía la Legislatura por haber sido en el pasado empleado del bloque oficialista.
Una investigación similar contra González, pero en el fuero federal, sí avanzó, bajo la figura de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esa causa la tramita el fiscal Maximiliano Hairabedian y tiene complicado al otrora poderoso presidente provisorio de la Legislatura. Ese aspecto puntual es otro claro ejemplo de diferencias en actitudes y procederes entre la Justicia provincial y la federal.
Este jueves, la causa por las responsabilidades en el siniestro vial de las Altas Cumbres tendrá un capítulo decisorio en Traslasierra. En los tribunales de Villa Dolores, la Justicia provincial será observada por su proceder cuando deba decidir si convalida o no el ofrecimiento económico que realizó González para reparar el daño y dar así por finalizado el proceso judicial.
Las miradas también volverán a posarse en la Unicameral y en el accionar del fiscal Mondino. El viernes de la semana pasada, el funcionario judicial allanó dependencias de la sede del Poder Legislativo. Sin mayores detalles, trascendió que Mondino investiga dos nuevas denuncias por presuntos “empleados fantasmas” en la Legislatura.
Hasta el momento, la fiscalía no informó quién o quiénes efectuaron esas nuevas denuncias, que se suman a la inicial, cuando el puntero peronista Guillermo Kraisman intentó cobrar un millón de pesos de una cuenta ajena, con un DNI de otra persona.
Como Oscar González, Kraisman pedirá en los próximos días la suspensión del proceso a prueba –conocida antes como probation– para evitar ir a juicio. Pedirá resarcir el daño a cambio de una suma de dinero y de tareas comunitarias en una fundación a nombre de un legislador provincial. No es un chiste, aunque lo parezca. Es la Justicia de Córdoba.
