En la misma semana que se suspendió hasta nuevo aviso el juicio contra los sindicalistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone por graves cargos, el gremio de los recolectores de residuos de la ciudad de Córdoba (Surrbac) quedó nuevamente en la mira, a raíz de denuncias por presuntos hechos de extorsión y amenazas en perjuicio de empleados.
Mientras el Tribunal Oral Federal N° 1 rechazó el pedido de reparación integral del perjuicio –solicitada por Saillén, Catrambone y otros imputados– y suspendió el juicio, el juez N° 1, Alejandro Sánchez Freytes, declaró la incompetencia federal para intervenir en un nuevo caso, ahora por supuesta extorsión. La causa quedó radicada en la fiscalía provincial del Distrito 1, Turno 2, a cargo de Guillermo González.
Denuncias: el Surrbac, otra vez en la mira
El 23 de octubre, el abogado Fernando Oscar Soto, en representación del Ministerio de Seguridad de la Nación, presentó una denuncia penal que recayó en la Fiscalía N° 1, a cargo de Enrique Senestrari.
En el escrito, advirtió que la cartera había recibido, mediante la línea 134, varias denuncias, fechadas en mayo y junio pasados, en contra del Surrbac por amenazas y extorsiones a trabajadores de las empresas Urba Cor, Logística Ambiental Mediterránea (Lamsa) y Córdoba Obras y Servicios (COyS), entre otras, vinculadas a la recolección de residuos e higiene para la Municipalidad de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba (UTN).
No se conocen los motivos de la demora entre la recepción de las denuncias telefónicas y la que formalizó el mes pasado la cartera nacional en la Justicia federal.
De acuerdo con una de las denuncias, integrantes del Surrbac habrían amenazado y extorsionado a los trabajadores de Urba Cor, Lamsa y Coys con la finalidad de que se adhirieran en forma obligatoria a la convocatoria realizada el 25 de mayo “con el objetivo de hacerle un piquete al presidente” Javier Milei, en el marco de la visita oficial que el mandatario realizó ese día a Córdoba (se registraron disturbios con represión policial a trabajadores de La Voz).
En la segunda denuncia, se alertó que se les había advertido, desde el Surrbac, la obligatoriedad de asistir a una asamblea general el 23 de mayo en la UTN, en la cual iban a ser filmados durante el acto de votación. El objetivo, al parecer, era extorsionarlos con un planteo: “¿Quiénes están de acuerdo y quieren la fiesta de fin de año? El que no levanta la mano, queda marcado, lo llaman y lo anotan en la lista negra y a los dos o tres meses lo echan”.
En la tercera denuncia, se expuso que el Surrbac habría extorsionado a los trabajadores obligándolos a entregar sumas de dinero para la fiesta, bajo amenaza de ser despedido quien no lo hiciera.
Las sumas que los habrían obligado a abonar habrían sido $ 360 mil en seis cuotas de $ 60 mil, para financiar presuntamente la fiesta de fin de año. “Si alguien no va, lo terminan despidiendo”, dijo uno de los denunciantes. Agregó que les descontaban del sueldo un porcentaje para la asociación sin fines de lucro “29 de Julio”, que figuraría a nombre de uno de los hijos de Saillén.
El Surrbac es conocido por organizar las fiestas más caras en el mundo sindical cordobés, que habitualmente se realizan en el complejo Forja e incluyen sorteos de autos y la actuación de figuras del espectáculo local, entre ellas, Carlos “la Mona” Jiménez.
El fiscal Senestrari sostuvo que según los denunciantes “los representantes gremiales generarían planillas para ser firmadas por los trabajadores a los fines de efectuar un control de asistencia a los actos y se valdrían de registros fílmicos para verificarla”.
En los tres formularios de denuncia acompañados se menciona al secretario general del Surrbac, Saillén (p). “La nómina de denuncias en mención describe un patrón que se replica como modus operandi del uso extorsivo y amenazante de parte del Surrbac hacia los trabajadores para compeler a la asistencia en forma disruptiva al acto oficial (de Milei), a abonar de su salario cuotas compulsivas supuestamente destinadas a la fiesta de fin de año y a vulnerar su libre decisión en la asamblea general”, dijo el juez Sánchez Freytes.
El fiscal solicitó al magistrado que declarara la incompetencia de la Justicia federal para entender en conductas a investigar que encuadrarían en amenazas y extorsión, que no afectan la competencia federal. De esta forma, pidió que la causa fuera remitida a la Justicia provincial.
“He de advertir que los hechos denunciados hacen referencia a cuestiones decisorias que atañen a autoridades de la Justicia de la provincia. Ninguna duda cabe de la necesidad de dar protección a las posibles víctimas, garantizarles sus derechos a una tutela judicial efectiva y reprimir delitos que afectan derechos constitucionales de las personas, ello respetando las reglas normativas del sistema en cuanto a las competencias previamente determinadas”, concluyó el juez, y declaró la incompetencia federal.
La causa quedó radicada en la fiscalía provincial de Guillermo González. El abogado de Saillén, Eduardo Gómez Caminos, dijo a La Voz que desconoce la causa y que se interiorizará una vez que retorne a Córdoba, ya que permanece en Buenos Aires por el caso de Ricardo Jaime.
El juicio a Saillén, Catrambone y otros imputados
En cuanto a la otra causa que se tramita en la Justicia provincial, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba rechazó por unanimidad el pedido de los sindicalistas de evitar el juicio a cambio del pago de U$S 750 mil para reparar el daño con las supuestas maniobras de usura montadas desde la estructura del gremio y la mutual.
También suspendió –por mayoría– el juicio hasta tanto se complete la investigación por el tramo del lavado de activos, que no forma parte de este juicio, ya que se separaron los hechos.
En la causa, además de Saillén (p) y Catrambone (p), están acusados Juan Manuel Krainbuhl, Osvaldo César Medina, Juan Manuel Riba, Juan Carlos Delgado, Franco Gabriel Catrambone, Salomé Alfazak, Héctor Gabriel Balnes, Jorge Vicente Blanes, Miguel Ángel Catrambone, José Luis Yacanto, Juan Carlos Saillén, Micaela Del Valle, Verónica Anabel Quevedo, Adriana Cecilia Oviedo, Yamila Gisel Monjes y Darío Mauricio Saillén.
Las maniobras habrían tenido lugar entre 2009 y 2015. Saillén y Catrambone –exdirector obrero de Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) y director en la Corporación para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos (Conmecor)– habrían formado una asociación ilícita en perjuicio de los afiliados y del propio sindicato, la mutual Amsurrbac y la obra social Ossurrbac, con el objetivo de beneficiarse ellos y sus familiares o allegados.
Una de las maniobras habría consistido en los altos intereses aplicados a los préstamos que otorgaba la mutual, que habrían funcionado como “una fuente inagotable de riqueza para los jefes de la asociación ilícita y sus allegados”, según consta en la causa.
El dinero de los préstamos habría sido puesto en circulación para darle apariencia lícita. De ese modo, se habrían realizado contratos de mutuo (“préstamos ilegales”, para el fiscal) presuntamente firmados entre terceros y la mutual.
El dato llamativo es que los “mutuantes” no eran terceros ajenos a la causa que se investiga, sino conocidos o familiares de los imputados, “cuando no ellos mismos, que actuaron de testaferros poniendo sus nombres, pero bajo las órdenes” de los líderes.
Se cree que Saillén, Catrambone, Krainbuhl, Medina y Riba colocaron en circulación durante nueve años $ 11 millones, “inversión” que se habría multiplicado casi un 400%, ya que para mayo de 2018 “se hicieron” con $ 54,6 millones.
Saillén (p) y Catrambone (p) habrían perjudicado al sindicato al rendir gastos personales: viajes al Caribe, viajes de estudios de sus hijos y gastos exorbitantes en suites de hoteles, como si los hubieran realizado en sus funciones. Para evitar que estos gastos injustificables (también patentes, seguros e impuestos) aparecieran en los balances, Saillén y Catrambone se los habrían hecho asumir a la mutual con reintegros. Por ejemplo, entre 2016 y 2018 se habrían desviado $ 4,1 millones.
Sobresale un aparente desvío de $ 30 millones de la cuenta de Bancor del Surrbac a destinos que no tenían relación con su fin sindical. Surgieron pagos realizados a través de cheques a Alfazak (secretaria privada de Saillén) por más de $ 39 millones por supuestas ventas de carne y de comestibles.
La obra social también se habría visto afectada, ya que se habrían rendido gastos de Catrambone y Saillén (viajes y hoteles) como si los hubieran hecho en el ejercicio de sus funciones. La mecánica habría sido la misma: el ocultamiento de los montos de los balances, la absorción por parte de la mutual y una devolución posterior.
