El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba (TOF2) comenzó a juzgar al secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, Jorge Molina Herrera, y su antecesor, Gabriel Suárez, por presuntamente haber liderado durante años una banda delictiva que habría defraudado y lavado fondos millonarios del sindicato en perjuicio de los afiliados.
Los gremialistas integran la nómina de nueve imputados junto a Fernando Navarro, Daniel Edgardo Lozano, Roque Daniel Tapia, Yanina Victoria Molina (hija de Molina Herrera), Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Martín López.
El fiscal Carlos Casas Nóblega, que actuó como instructor de la causa, es también el procurador general del debate con el contralor de los jueces José Asís, Noel Costa y Carolina Prado. El defensor Ernesto y Tristán Gavier representan a Suárez, Molina Herrera y su hija, Navarro, Tapia y Lozano, mientras que Iván Mochkofsky lo hace por Fidelbo, Galván y López.
Dos de los imputados, Oscar Fabio Guzmán (exempleado apoderado/firmante del gremio) y el “colero” Juan Bernardo Benito Farías, fueron sobreseídos por fallecimiento, mientras que los restantes enviados a juicio (Justiniano Omar Arce; Fernando Delfor Delgado; Gisela Dalinda Tahan; Liza Rocío Loyola; Rita Ivana Carranza; Juan Bernardo Benito Farías; Julio César Secchi; Cecilia Ivone Pérez; Enrique Osvaldo Lorente; y Emilio Ricardo Chaer) acordaron una probation.
Tras la del viernes y martes, se prevén otras audiencias del juicio: el 4, 10 y 13 de noviembre.
¿Cómo comenzó la causa y cuáles habrían sido las maniobras?
La causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos” desde 2012 por parte de integrantes del sindicato.
La investigación se centró en las tres formas de defraudación que se habrían consumado desde Luz y Fuerza: mediante el libramiento de cheques a favor del sindicato (por parte de la conducción), la firma de cheques a favor de personas jurídicas (con vínculos con la organización) y el libramiento a personas relacionadas con los imputados de manera directa o indirecta (empleados gremiales, personas con “inconsistencias” ante el fisco, sin actividad comercial, beneficiarios de planes sociales o jubilados; por ejemplo, de la Mutual para Profesionales Técnicos y Personal Superior).
Según la acusación, Suárez (como entonces secretario general), Molina Herrera (exsecretario adjunto) y Navarro (exsecretario de Finanzas) habrían sido los jefes de la asociación ilícita. “Conformaron un grupo para defraudar a la entidad sindical que decían representar, mediante el manejo de fondos que eran desviados y conducidos a su patrimonio y/o al de terceros”, afirmó el juez federal Alejandro Sánchez Freytes cuando los envió a juicio.
Suárez, Navarro y Molina Herrera suscribían la totalidad de los cheques. Muchos eran librados a favor del sindicato para cobrarlos directamente o endosándolos (sin poder determinarse el motivo) a los autorizados para su pago: Fidelbo, Galván y Guzmán (declararon que cumplían órdenes de Suárez, Molina Herrera, Navarro y Lozano, y que, una vez cobrados, entregaban el dinero a la cúpula o a quienes ellos les indicaran).
Así, desde el sindicato se libraron múltiples cheques que tenían como beneficiarios a diversos sujetos con actividades registradas disímiles, quienes, a su vez, los endosaban a “coleros”.
Al parecer, no se buscaba pagar “servicios” a esas personas de rubros muy diferentes, sino que lo que se pretendía, según se sospecha, era consumar el desvío de los fondos para beneficio de los imputados. No dejan de ser altamente suspicaces las cifras “redondas” de los cheques, el cobro en el mismo día o con pocos días de diferencia, por volúmenes importantes y con la pérdida de trazabilidad.
Molina Herrera y los millones en casinos
El juez Sánchez Freytes (y su antecesor, Ricardo Bustos Fierro) pusieron el foco en Molina Herrera, quien habría lavado poco más de $ 13,5 millones a través de la compra de fichas en los casinos porque, según el juez, “superan ampliamente” sus ingresos declarados como empleado de Epec.
Para el fiscal, esos millones habrían provenido de la presunta defraudación al sindicato. La adquisición de fichas le habría permitido, según la acusación, “el posterior canje y respectivo cobro, como así también el retiro de las fichas del casino sin pasar por las ‘cajas públicas’ del lugar, lo que permitía poner el dinero producido de la actividad ilícita en circulación legal”. Ese tipo de ardid evoca al utilizado de forma muy básica en los años 1970 en los Estados Unidosy que luego perdió impulso.
Por su parte, Suárez quedó bajo la lupa por la compra de una propiedad al fideicomiso inmobiliario La Carolina. El monto declarado era superior “ampliamente” al tipo de ingresos y movimientos de Suárez.
Las sospechas también se cernieron sobre un departamento que ocupaba Suárez en el complejo Terrazas de Barranca, en Urca. En un allanamiento, se encontraron seis boletas de electricidad a nombre del abogado y exfiscal general de la Provincia Miguel Ortiz Pellegrini, quien dijo que el inmueble le pertenecía. “Yo se lo presto al departamento”, había dicho Ortiz Pellegrini a La Voz. El abogado no está imputado ni formará parte del juicio.
Fondo Compensador
La cuarta modalidad de defraudación habría sido consumada a través del Fondo Compensador, conformado por una contribución de Epec y de los aportes de los trabajadores activos.
Quienes quedaron bajo sospecha son Tapia (secretario de Previsión Social), Navarro, Lozano (subsecretario de Finanzas) y Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social).
Desde el ejercicio contable 2014/2015, los administradores del Fondo habrían comenzado a pagar los remanentes de manera parcial a cada jubilado y pensionado. Pero en 2018 el pago se suspendió por la presunta falta de fondos.
El perjuicio se habría conseguido mediante dos maniobras. Por un lado, dándole al remanente del Fondo un destino distinto al legalmente establecido. Y por otro, realizando préstamos de dinero desde el área de Fondo a otras del sindicato.
Desde el ejercicio contable 2014/2015, los administradores del Fondo habrían comenzado a pagar los remanentes de manera parcial a cada jubilado y pensionado. Pero en 2018 el pago se suspendió por la presunta falta de fondos.
El perjuicio se habría conseguido mediante dos maniobras. Por un lado, dándole al remanente del Fondo un destino distinto al legalmente establecido. Y por otro, realizando préstamos de dinero desde el área de Fondo a otras del sindicato.
¿Y el exinterventor Chianalino?
En el último tramo de la causa quedó implicado el exinterventor de la obra social (Osplyf), Chianalino. Entre 2016 y 2017, Molina Herrera y Navarro habrían llevado a cabo el desvío de $ 2.550.000 al área de Acción Social y Deportes, cuando, en rigor, los fondos tenían un propósito original diferente. La finalidad habría sido lucrar de forma indebida.
Entre 2017 y 2018, Molina Herrera y Navarro habrían liderado otra operatoria ilícita similar a la anterior, sólo que por un monto mayor: $ 4 millones. Los cheques fueron firmados por Molina Herrera.
En este contexto, Chianalino fue acusado de haber enviado $ 1.350.000 de manera directa al gremio mediante un cheque, por lo que fue imputado por malversación de caudales públicos. El fiscal advirtió que tal transferencia directa estaba expresamente prohibida por la resolución 118, dictada por el propio interventor en 2004 en relación con la gestión del dinero del Fondo.
Chianalino rechazó cualquier maniobra ilícita y pidió la prescripción, que fue rechazada por el Juzgado N° 1. El exinterventor apeló pero la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el rechazo al planteo.
Contra la decisión, Chianalino interpuso recurso ante Casación Penal. El máximo tribunal penal del país hizo lugar al recurso, anuló el fallo de la Cámara cordobesa y le ordenó pronunciarse nuevamente.
Ante la inminencia del inicio del juicio, su defensa pidió al TOF2 la suspensión del debate respecto de su pupilo hasta tanto la resolución quede firme o sea revocada por la Corte Suprema de la Nación.
El fiscal Casas Nóblega solicitó al tribunal que, frente al cercano comienzo del juicio, se separara al imputado de los restantes imputados para evitar postergaciones que impidan resolver la situación procesal de los demás. Los jueces hicieron lugar a la petición del acusador y Chianalino no forma parte de este juicio.
