Mucho, mucho más abajo en relación al tope fijado en el recientemente firmado Consenso Fiscal para 2022 pero lejos de cumplir la ruta trazada en el Consenso original, allá por 2018.
Así está la provincia de Córdoba en la tabla de Ingresos Brutos, el polémico impuesto sobre el que hace cinco años todos los gobernadores juraron que era malo, distorsivo y que había que eliminarlo; pero que ahora, después de todo lo que ha pasado, no lo ven tan mal.
En 2017, con minoría en ambas Cámaras, el entonces presidente Mauricio Macri les propuso a los gobernadores la firma del Consenso Fiscal.
Fue una especie de megaplan de gobernabilidad, porque a cambio del aval para que Anses aplique otra fórmula de movilidad previsional se les concedieron a las provincias una serie de beneficios, como la mejora del Fondo del Conurbano Bonaerense sin quitarle plata propia, la coparticipación íntegra de Ganancias, una distribución más federal de los subsidios eléctricos y el financiamiento automático de los déficits de las cajas previsionales no transferidas, entre otras cosas.
A cambio, tenían que desistir de los juicios contra Nación y comprometerse a, en un sendero de cinco años, reducir el impuesto a los Ingresos Brutos: debía llegarse a cero para la industria y el agro y cinco como máximo al comercio y los servicios financieros.
Además, Sellos no podía subir en 2018 y desde 2019 debía comenzar a bajar hasta llegar a cero en 2022.
El Pacto funcionó en 2018, pero cuando los gobernadores comenzaron a hacer sus previsiones para 2019, luego de la devaluación del 2018, pegaron el grito en el cielo y negociaron no avanzar con la baja de Sellos. Sí quedó en pie la reducción de Ingresos Brutos para 2019.
En 2020, con Alberto Fernández en el gobierno, ese acuerdo original fue casi jubilado.
Se suspendió la rebaja de Ingresos Brutos, se fijaron nuevos topes y se eliminó el famoso inciso J del consenso original que establecía “no incrementar las alícuotas del Impuesto a los Sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles y automotores y a actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios”. Con eso, quedaron habilitados a subir.
Lo que pasó hace unos días fue curioso. El objetivo político de la Nación era mostrar una foto que visibilice algo de consenso ante el FMI, luego del fracaso del presupuesto 2022.
Hubo 21 provincias que firmaron el nuevo acuerdo (San Luis, La Pampa y ciudad de Buenos Aires no), que repite los topes a las alícuotas de Ingresos Brutos de 2021 y le agrega explícitamente la posibilidad de cobrar el impuesto a la herencia o el legado.
Tener un tope es más saludable que no tenerlo. Era una posibilidad con muchas chances que se liberaran los topes, con lo cual, hubiese quedado habilitada cualquier suba de Ingresos Brutos, un impuesto invisible, distorsivo porque lo paga toda la cadena productiva y que tiene cero costo político para el gobernante de turno.
El ciudadano no tiene idea de lo que su provincia le cobra cuando paga la factura de luz, de teléfono o compra un par de zapatos.
Pero los topes 2022 “versión Alberto” son mucho más altos de los que fijaba el Consenso Fiscal de la era Macri.
No les concedió tanto como el ex mandatario en el 2017 pero les permite seguir cobrando buenas alícuotas de Ingresos Brutos. Hasta sería factible que una provincia que hoy está por debajo de los topes light decida subirlos hasta los nuevos máximos.
Por caso, la actividad productiva debía estar exenta (agro, minería, industria y hasta transporte de cargas) y el tope permitido ahora es del 0,5% para el agro y la minería; 1,5% para la industria y 2% para el transporte de cargas. Un montón.
La trampa mayor sucede en comunicaciones y la intermediación financiera. Las comunicaciones a empresas debían tener un máximo del 3% en el plan original pero en el nuevo light puede estar hasta el 5,5%, es decir, 80% arriba de lo que se había trazado como objetivo. La telefonía celular es escandalosa: tenía que estar en el 5%, pero el nuevo máximo ahora es del 6,5%. A esta altura del partido la intermediación financiera (que arrancó con el tope del 9%) debía haber descendido al máximo del 5%, pero no: sigue en el 9% en el 2022.
La construcción debía estar en el 2% y está en el 2,5%; la locación de inmuebles en el 4% y está en el 5%; los restaurantes y hoteles en el 4% y están en el 4,5% y los servicios de salud debían haber bajado al 4% y están en el 4,75%.
¿Cómo está Córdoba?
La provincia redujo sus alícuotas en todos los rubros entre 2017, antes del primer Consenso y lo que hoy está vigente, con excepción de los servicios financieros, que siguen en el 9%.
En el transporte mantuvo el 2% al urbano, pero se lo eliminó al interurbano.
Respecto de lo que firmaron hace unos días, está abajo en todos los rubros con excepción de servicios financieros, telefonía celular y transporte urbano de pasajeros, en los que emparda con los máximos acordados.
Está muy bien en las actividades primarias productivas, con alícuotas mínimas y buena parte de contribuyentes exentos; bastante más abajo en servicios de salud (1,7% frente al 4,75% acordado); en gravar luz y gas (2,3% frente al 4%) y en hoteles y restaurantes (2,5% frente al 4% fijado).
Pero si la comparación se hace respecto del sendero trazado en 2017, le quedó un trecho para avanzar en el rubro comunicaciones y servicios e intermediación financiera. Está exento el sector agropecuario, industrial y minero si es local y alcanzado si es de otra jurisdicción.
La pregunta clave es si teniendo margen para subir la Provincia subirá ahora o en algún momento. Desde el Centro Cívico aseguran que no, que no se hizo antes y no se hará ahora.
Seguramente esa promesa será viable en 2022, porque el código tributario ya fue aprobado por la Legislatura. Pero en esta Argentina de hambre fiscal permanente, se verá.
